- La FAC de Antofagasta precisó en audiencia movimientos bancarios, compras y transferencias atribuidos a la exfuncionaria, acusada de apropiarse de cerca de $120 millones entre 2015 y 2024 desde cajas y pensiones de pacientes psiquiátricos de residencia permanente.
La Fiscalía de Alta Complejidad (FAC) de la Región de Antofagasta reformalizó la investigación contra una exfuncionaria del Hospital Regional, quien, según la indagatoria, habría desviado recursos por un monto cercano a los 120 millones de pesos durante casi una década. El caso, que mantiene a la imputada formalizada desde octubre de 2024, se sostiene en dos figuras penales que, por su gravedad y alcance, retratan algo más que un ilícito aislado: malversación de caudales públicos y lavado de activos.
La audiencia tuvo un propósito acotado, pero decisivo para la línea investigativa. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, actualmente destinado a la FAC, explicó que no se trató de sumar delitos, sino de afinar el relato de hechos vinculados al lavado, incorporando antecedentes contables recabados con el avance de diligencias. En términos prácticos, la reformalización apuntó a robustecer la acreditación de una operación financiera atribuida a la imputada, con el fin de mostrar no solo la sustracción de dineros, sino también la presunta estrategia para moverlos, fraccionarlos y darles apariencia de legalidad.
El origen del dinero, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público, corresponde a recaudación proveniente de cajas y pensiones de pacientes psiquiátricos de residencia permanente. Ese detalle no es menor: se trata de fondos asociados a personas bajo cuidado institucional, con escaso margen para ejercer control directo sobre sus recursos y, por lo mismo, especialmente vulnerables a abusos cuando los sistemas internos fallan o dependen de confianzas excesivas.
En la audiencia, la Fiscalía describió un circuito que, según su tesis, operaba con una lógica repetida: el ingreso del efectivo o montos sustraídos a una cuenta de fácil acceso y alta circulación, para luego dispersarlos. Aguilar señaló que la imputada depositaba preferentemente el dinero en su CuentaRUT de BancoEstado. A continuación, para ocultar el origen ilícito, habría realizado transferencias sucesivas entre cuentas mantenidas en distintas instituciones financieras, derivando esos recursos al pago de líneas de crédito y tarjetas, además de efectuar compras, giros, y envíos de dinero a terceros.
El relato cobra fuerza en la medida en que la Fiscalía dijo haber presentado información pormenorizada sobre movimientos bancarios y operaciones, incluyendo registros de depósitos, egresos, compras y transferencias. Junto con ello, el Ministerio Público afirmó que en el análisis aparecieron incompatibilidades patrimoniales, es decir, brechas entre ingresos presumibles y niveles de gasto, deudas pagadas o consumo observado. En investigaciones por lavado, ese tipo de contraste suele ser un elemento clave: no basta con sospechar, hay que conectar conductas, flujos y decisiones que permitan sostener que el movimiento del dinero buscaba dificultar su trazabilidad.
La reformalización, subrayó el persecutor, se explica por el acceso progresivo a datos contables y bancarios. En este tipo de causas, la evidencia no suele aparecer de golpe: se construye con oficios, levantamiento de información financiera, cruces de cuentas, revisión de transferencias y reconstrucción de gastos, pieza por pieza. La Fiscalía dio a entender que el expediente incorporó nuevos insumos técnicos que complementan lo ya formalizado, permitiendo precisar montos, fechas, destinos y patrones.
El caso también instala preguntas incómodas sobre control interno. Un supuesto desvío sostenido entre 2015 y 2024 abre la duda sobre cómo una mecánica de apropiación de fondos pudo mantenerse tanto tiempo sin alertas efectivas. En instituciones con múltiples capas administrativas, la permanencia de un desorden así suele estar asociada a fallas de supervisión, auditorías insuficientes, procesos manuales sin trazabilidad, o dependencia excesiva en una sola persona. La Fiscalía, por ahora, se ha concentrado en la responsabilidad penal de la exfuncionaria; sin embargo, el trasfondo institucional quedará inevitablemente bajo la lupa, porque la posibilidad de que dineros vinculados a pacientes quedaran expuestos durante años golpea la confianza pública.
Desde el punto de vista judicial, la precisión de los hechos relacionados con lavado busca cerrar espacios a interpretaciones defensivas típicas, como atribuir movimientos a decisiones financieras comunes o a pagos habituales sin intención de ocultamiento. La Fiscalía, al detallar rutas, transferencias entre bancos y destinos específicos, intenta demostrar que no se trata de simple administración de dinero, sino de un patrón orientado a camuflar su procedencia. Es un matiz central: en lavado, el eje no solo es “tener” el dinero, sino “moverlo” de manera que parezca limpio.
La imputada, de acuerdo con lo informado, continúa bajo investigación por los mismos delitos por los cuales fue formalizada en octubre de 2024, y la reformalización se enfocó en fortalecer la base probatoria ya existente. En la práctica, el Ministerio Público busca llegar a una etapa procesal con una historia financiera lo suficientemente sólida como para resistir el escrutinio de un juicio oral, donde cada transferencia, giro o compra se transforma en una pregunta: por qué, cuándo, desde dónde, hacia quién y con qué explicación.
Más allá del expediente, el caso vuelve a tensionar un punto sensible del sistema público: el manejo de recursos de pacientes de larga estadía, especialmente en áreas de salud mental, donde las condiciones de dependencia y custodia requieren estándares más altos de resguardo. Cuando la Fiscalía habla de cajas y pensiones, no se refiere solo a números: se refiere a dinero que debía sostener necesidades básicas de personas bajo cuidado del Estado.
La FAC informó que la audiencia permitió incorporar antecedentes contables que, a juicio del persecutor, permitirían acreditar los hechos ya comunicados, con énfasis en el componente de lavado. El avance del caso, a partir de ahora, dependerá de cómo esa evidencia se complete con peritajes, análisis financieros adicionales y eventuales trazas respecto de terceros que recibieron transferencias, si se determina que hubo participación o conocimiento del origen de los fondos.
Por el momento, la Fiscalía dejó un mensaje claro: no se trató de reformular la causa por falta de sustento, sino de ajustar el detalle y darle mayor precisión a una investigación que, por su naturaleza, se alimenta de documentación, trazabilidad y contabilidad. En ese terreno, la ruta del dinero suele ser la columna vertebral. Y, en este caso, la Fiscalía dice haberla reconstruido con un nivel de detalle que busca explicar cómo una sustracción prolongada habría terminado convertida en pagos, consumos y transferencias destinados a borrar huellas.