- Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, cuestiona la versión de la diputada Pérez sobre supuestas irregularidades y tráfico de influencias, destacando diferencias en temas de probidad y presentando antecedentes de denuncias previas.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, ha puesto en duda las declaraciones de la diputada Catalina Pérez en relación con las acusaciones de financiamiento y búsqueda de recursos para candidaturas en las próximas elecciones. Díaz, exmilitante de Revolución Democrática, cuestionó fuertemente las afirmaciones de Pérez, destacando su experiencia cercana y señalando que sus acciones eran inapropiadas.
En una entrevista realizada en Cooperativa, Díaz expresó que “por el modo de actuar de Catalina, es muy difícil que ella no estuviera enterada de esto. Me parece que las declaraciones buscan exculparla solamente”. El gobernador acusó a la diputada y su círculo cercano de buscar recursos para futuras elecciones, mencionando aspiraciones de candidaturas para diversos cargos.
Díaz, quien renunció a Revolución Democrática en 2019, afirmó que durante su tiempo en el partido presentó denuncias por supuestas irregularidades que involucraban a la diputada Pérez, lo que generó conflictos y finalmente resultó en su renuncia. Además, destacó que las declaraciones de Pérez causaron un daño significativo a la fe pública.
En relación con el Caso Convenios, Díaz entregó nuevos antecedentes, señalando que correos vinculados a la Seremi de Vivienda, que denunciaban irregularidades, fueron enviados a la Subsecretaría de Vivienda en junio. El gobernador llamó a buscar esos correos, indicando que ahí es donde se levanta el caso y se pone en conocimiento del Gobierno lo sucedido.
Finalmente, Díaz se defendió de los cuestionamientos a los distintos Gobiernos Regionales por la entrega de financiamiento a fundaciones, separando las responsabilidades y señalando la necesidad de mejorar e investigar. Concluyó destacando que afirmar un mecanismo de acción entre todos los Gobiernos Regionales no es correcto, según el informe que exculpa a los Gobiernos de Antofagasta y O’Higgins de ese tipo de acción.