Una nueva denuncia realizó el concejal Luis Aguilera (RN) a la Contraloría General de la República en contra del alcalde Jonathan Velásquez, pero esta vez en contra del funcionario Rodrigo Silva, por presumible suplantación de funciones y mal uso de recursos públicos.
Tras la formulación de la denuncia por parte del concejal Aguilera, establece que el alcalde Velásquez permitía que el director se tomaba atribuciones que no eran de su competencia, como por ejemplo, instruir sin facultad a otros directores, o personas que no dependían de su área.
A raíz de lo anterior, el concejal solicitó a la Contraloría que se pronuncie, que haga una revisión y fiscalización, de si existe o no, falta de servicio por parte de la primera autoridad comunal, como de igual forma del director mencionado, tras las acciones realizadas, que contravienen el estatuto administrativo para funcionarios municipales, previstos en la Ley N°18.883.
Cabe recordar que la Contraloría ya se pronunció respecto a denuncia realizada por el concejal, estableciendo que no procede que abogados del municipio, representaran al alcalde en dos procesos judiciales de ámbito personal.
Tras pronunciamiento de la Contraloría, el Ministerio público está desarrollando una investigación la que recae en el Fiscal jefe Cristian Aguilera Aranela, quien fue el mismo persecutor a cargo del caso Karen Rojo. No obstante, el mencionado Fiscal ya instruyó diligencias a la Brigada de delitos Económicos de la PDI.
Con respecto a su denuncia, el concejal Aguilera indicó que los documentos “darían cuenta de que el señor Rodrigo Silva, exdirector de Operaciones del municipio y actual director de Cultura, habría efectuado funciones (planear potenciales desvinculaciones de distintos trabajadores y trabajadoras de la municipalidad, dedicarse a trabajo que sería exclusivo de la alcaldía, etc.) que no competen a su labor mandatada, según contrato“.
Así también reveló que esto “habría estado siempre bajo conocimiento del señor alcalde de la comuna”.
En tanto, el concejal indicó que reitera su compromiso “y labor mandatada por ley de fiscalizar el buen uso de los recursos municipales y la gestión de la autoridad comunal”. Así lo consigno biobio.cl.