- Sondeo muestra una baja de seis puntos en el respaldo al Mandatario, un alza equivalente en su desaprobación y una ciudadanía fuertemente tensionada por el eventual aumento de las bencinas, el control fronterizo y la migración irregular.
La aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una caída de seis puntos y se ubicó en 51%, mientras que su desaprobación subió en la misma magnitud hasta alcanzar 42%, de acuerdo con los resultados de una nueva medición de opinión pública que también expone un escenario de alta sensibilidad social frente al costo de la vida, la migración y la evaluación de las instituciones.
El retroceso en el respaldo al Mandatario aparece marcado con mayor fuerza en segmentos específicos del electorado. Las caídas más pronunciadas se observaron entre las mujeres, donde la aprobación se situó en 40%, con una baja de 13 puntos; entre las personas de 35 a 54 años, con 53%, doce puntos menos; y en los sectores bajos, donde el respaldo cayó a 48%, registrando un descenso de diez puntos. A ello se suma una merma particularmente significativa en la Región Metropolitana, donde la aprobación llegó a 43%, dieciséis puntos menos que en la medición previa.
La baja también golpeó con fuerza entre los electores menos alineados políticamente o provenientes de otros espacios. Entre quienes votaron nulo, blanco o no participaron en la elección, el apoyo al Presidente se ubicó en 50%, con una caída de 20 puntos. Entre quienes respaldaron a Franco Parisi, el desplome fue aún más severo, al llegar a 35%, lo que representa una baja de 31 puntos. En tanto, entre quienes votaron por Evelyn Matthei, la aprobación quedó en 55%, con quince puntos menos.
El sondeo revela, además, que el costo de los combustibles emerge como uno de los factores con mayor potencial de impacto social y económico. Frente a una eventual alza en el precio de las bencinas, un 48% estima que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, MEPCO, aun cuando ello implique un mayor déficit fiscal. En la posición contraria, un 30% considera que el mecanismo debería eliminarse y permitir que el precio suba sin intervención estatal.
El efecto de ese eventual incremento aparece como una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Un 83% afirma que una subida de esa magnitud lo afectaría mucho en lo personal. Más aún, seis de cada diez encuestados advierten que enfrentarían dificultades económicas severas si se concreta un aumento importante en los combustibles. La misma proporción sostiene que tendría que recortar otros gastos para seguir pagando bencina, mientras un 53% asegura que dejaría de usar el automóvil y un 50% afirma que incluso dejaría de comprar kerosene para calefacción.
Los resultados refuerzan la idea de que el bolsillo sigue siendo uno de los principales termómetros del respaldo político. Aunque el gobierno mantiene un nivel de aprobación mayoritario, el deterioro en la percepción sobre la situación económica cotidiana comienza a golpear con claridad a segmentos urbanos, de clase media y de votantes que no forman parte del núcleo duro oficialista. En términos políticos, la señal es relevante porque el desgaste no se concentra únicamente en sectores tradicionalmente críticos, sino que también alcanza a grupos que fueron decisivos en el último proceso electoral.
En materia migratoria, el estudio muestra un amplio conocimiento y un respaldo importante a las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Un 96% dice haberse enterado del lanzamiento del denominado Plan Escudo Fronterizo y del inicio de la construcción de una zanja en el límite con Perú. De ese universo, un 63% aprueba la medida, confirmando que el control territorial y la seguridad en la frontera se han transformado en uno de los ejes más visibles y políticamente rentables para el gobierno.
Pese a ello, la percepción crítica sobre la inmigración se mantiene alta. Un 62% cree que la llegada de inmigrantes a Chile es negativa para el país, aunque con una baja de dos puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, un 77% estima que debería haber más restricciones migratorias que las actuales, también con una disminución de dos puntos. Aun así, las cifras reflejan que la demanda por un endurecimiento del control migratorio continúa siendo ampliamente mayoritaria.
La idea de cerrar completamente las fronteras concita respaldo en un 58% de los consultados, dos puntos más que antes. A ello se suma un consenso aún más transversal respecto de medidas punitivas y de fiscalización. Un 89% se manifiesta a favor de fiscalizar y eventualmente sancionar a los empleadores que contraten a extranjeros en situación irregular. Un 87% apoya restringir los beneficios sociales a inmigrantes irregulares, mientras un 86%, con un alza de cinco puntos, está de acuerdo con expulsarlos del país. Además, un 76% respalda que Chile cuente con una ley que establezca penas de cárcel para la inmigración ilegal.
No obstante, el estudio también revela que la ciudadanía distingue entre control y regularización en ciertos casos. Un 76% está de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de diez años en Chile sin haber cometido delitos. Un 57% respalda regularizar a quienes puedan demostrar que tienen empleo formal y un 43% se muestra favorable a regularizar a inmigrantes con hijos nacidos en territorio chileno. Esa combinación de apoyo a medidas duras y apertura a criterios excepcionales sugiere una opinión pública exigente con el orden, pero no completamente cerrada a soluciones integradoras bajo condiciones específicas.
En la evaluación de instituciones, Bomberos sigue liderando ampliamente la confianza ciudadana con 95%, aunque registra una baja de cuatro puntos. Le siguen la Policía de Investigaciones, con 72%, y Carabineros, con 71%, ambas también con descensos respecto de la medición anterior, de siete y seis puntos respectivamente. Se trata, sin embargo, de instituciones que continúan en la parte alta de la valoración pública, especialmente en un contexto donde la seguridad sigue ocupando un lugar prioritario en la agenda nacional.
En el otro extremo, Gendarmería cayó a 32% y alcanzó su nivel más bajo de aprobación desde que comenzó esta medición, con un retroceso de 19 puntos. La baja aparece como una de las más pronunciadas del estudio y deja a la institución en una posición compleja dentro del sistema de seguridad y justicia. Más abajo aún figuran la Central Unitaria de Trabajadores, con 24%, el Congreso, con 17%, y los partidos políticos, que apenas alcanzan un 9% de aprobación, consolidándose como las entidades peor evaluadas por la ciudadanía.
El cuadro general que deja esta medición es el de un gobierno que todavía conserva mayoría de respaldo, pero que empieza a enfrentar un desgaste visible en segmentos estratégicos, especialmente por el impacto económico de decisiones o escenarios que afectan directamente la vida diaria. Al mismo tiempo, el estudio confirma que la seguridad fronteriza y la migración siguen siendo temas capaces de movilizar apoyo ciudadano, incluso en medio de una caída en la evaluación presidencial.
La combinación de una aprobación todavía competitiva, pero en descenso, con una ciudadanía muy golpeada por el temor al alza de las bencinas y firmemente inclinada hacia políticas migratorias más duras, instala un nuevo escenario político para La Moneda. El desafío para el Ejecutivo no solo será sostener el relato de orden y control, sino también responder a una presión social creciente por el costo de vivir, movilizarse y calefaccionarse en un país donde la economía doméstica vuelve a convertirse en factor decisivo de la evaluación presidencial.