- En su primer día en La Moneda, el nuevo Mandatario decretó una Zona Militar en el límite con Bolivia y nombró a un comisionado especial para coordinar el control en Arica, Tarapacá y Antofagasta.
El Presidente José Antonio Kast debutó en La Moneda con una de las señales más duras de su arranque de gobierno: decretó la creación de una Zona Militar en el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia y activó una Política Nacional de Cierre Fronterizo, en una ofensiva orientada a endurecer el control migratorio y reforzar la seguridad en la macrozona norte. La medida, firmada durante su primera jornada en el Palacio de Gobierno, busca contener el ingreso irregular al país y enfrentar con mayor despliegue estatal delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
El plan pone el foco en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, consideradas por la nueva administración como puntos críticos para la vigilancia fronteriza. Según los antecedentes difundidos, la estrategia contempla el aumento de medios militares en la zona, junto con la utilización de drones, sensores optrónicos y un refuerzo en los sistemas de comunicación en sectores sensibles del límite norte. La apuesta del Ejecutivo es instalar una presencia más robusta en terreno y elevar la capacidad de control territorial en pasos y rutas vulnerables.
Junto con ello, Kast designó al vicealmirante en retiro Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, una figura que dependerá del Ministerio del Interior y que tendrá la tarea de articular la coordinación entre Fuerzas Armadas, Carabineros, la PDI y los distintos servicios del Estado que intervienen en la persecución de delitos transnacionales. El nombramiento apunta a concentrar la conducción operativa y política de una zona que, desde hace años, se mantiene bajo presión por el ingreso irregular de personas, el tráfico de drogas y el movimiento de bandas especializadas en delitos fronterizos.
La decisión marca un cambio de tono inmediato en el inicio del nuevo gobierno y pone a la seguridad fronteriza en el centro de sus prioridades. Con este paquete de medidas, La Moneda busca instalar una señal de autoridad en el norte del país y mostrar capacidad de reacción frente a un escenario donde la migración irregular y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones públicas. El despliegue ahora quedará bajo observación en las regiones fronterizas, donde el impacto de estas decisiones se medirá no solo por su efecto operativo, sino también por su capacidad real para contener una crisis que lleva años tensionando a la macrozona norte