- Tras la muerte de un uniformado en la región de Valparaíso, el parlamentario exige al Gobierno inyectar urgencias a Proyectos en favor de la institución.
Este martes falleció el sargento segundo Carlos Retamal, funcionario de Carabineros que fue agredido el pasado fin de semana en un procedimiento policial por carreras clandestinas en San Antonio.
Luego de expresar las condolencias a la familia y la institución, el Diputado Jaime Araya Guerrero, junto a sus pares de la Bancada PPD e Independientes Carlos Bianchi y Cristián Tapia, solicitaron al Gobierno inyectar urgencias a medidas legislativas a favor de Carabineros.
La primera de ellas es que el Ejecutivo considere en el Presupuesto del 2023 el aumento al bono de riesgo al personal institucional de la policía, el que, a juicio del Diputado “es una forma de reconocer la tarea de compromiso y servicio público que tienen los Carabineros que prestan servicios en las calles”, además de considerarlo como un incentivo para quienes deseen sumarse a la institución.
El Diputado Araya es enfático en señalar que el rol que cumplen los funcionarios está amenazado por “elementos objetivos de mayor riesgo”, como el uso de armas de fuego: “Hoy, cualquier Carabinero que sale a prestar servicio en la calle en el combate a la delincuencia y protección a la ciudadanía no sabe si va a volver a su casa. (…) O aquella mujer que es Carabinera, sus familiares no saben si va a volver a su hogar”.
Por todo lo anterior, los parlamentarios han solicitado al Gobierno instalar suma urgencia a algunos Proyectos de Ley, como el que establece como un peligro para la seguridad de la sociedad el uso de armas de fuego en cualquier tipo de delitos: “Significa que el delincuente que sale a la calle a cometer un delito con arma de fuego, automáticamente tenga la prisión preventiva”, esto, una vez formalizado mientras dura la investigación.
También destaca el Proyecto Nain, que surge por la muerte del Suboficial Eugenio Nain, ocurrida en octubre de 2020 mientras realizaba labores de despeje de vías bloqueadas por barricadas en la región de La Araucanía. Araya destaca que el proyecto busca “impedir beneficios carcelarios a aquellos condenados por atentar contra las fuerzas de orden y seguridad”.
Finalmente, señaló que “no bastan las condolencias, necesitamos gestos concretos del Gobierno”.