El diputado José Miguel Castro junto a sus pares de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, Camila Flores, Ximena Ossandón, Miguel Becker, y Eduardo Durán llegaron hasta la Contraloría General de la República en el marco del escándalo por la transferencia millonaria a la Fundación “Democracia Viva” cuyo representante es pareja de la diputada Catalina Pérez.
Los parlamentarios ingresaron dos solicitudes a la Contraloría. La primera para que el Contralor General, Jorge Bermúdez se pronuncie y disponga una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas respecto de una práctica que parece instalada en la administración, como es aceptar las renuncias de quienes se han visto involucrados antes que se dispongan sumarios y se determinen responsabilidades. Así se enumeran una serie de casos, como Sierra Bella que afectó a la Municipalidad de Santiago, donde se solicitó la renuncia del jefe jurídico, o la denuncia de acoso laboral en la dirección Regional de Corfo de la Región de Atacama, que finalizó con la renuncia por parte de los involucrados.
Así se suma este último escándalo, en la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Los parlamentarios señalan en el escrito, que si bien el acto de solicitar o presentar la renuncia al cargo puede descomprimir la tensión, “sin duda importa una renuncia a perseguir responsabilidades desde el punto de vista administrativo, motivo por el cual aquella persona podría ejercer sin mayor inconveniente, tanto de manera inmediata o en el corto plazo, labores remuneradas al interior de otra dependencia de la administración del Estado”.
Por eso, resulta necesario, que las autoridades en conocimiento de situaciones anómalas deban iniciar acciones disciplinarias “incluso cuando se hubiera aceptado la renuncia del involucrado” por eso la aceptación de la renuncia del Seremi de Vivienda, Carlos Contreras, por parte del Ministro Carlos Montes, “importe una afrenta al principio de responsabilidad. Teniendo a la vista la magnitud de las irregularidades denunciadas, y el tiempo con el que éstas fueron puestas en conocimiento por los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, es inaceptable que el Ministro no instruyera un sumario, reteniendo la renuncia del ex secretario regional ministerial”.
“Pareciera existir una lógica de “impunidad administrativa” instalada por esta Administración, donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones, lo que sienta un terrible precedente para la integridad de la gestión estatal”, dice el escrito.
Así los parlamentarios solicita que vele por la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, y requiera la información necesaria al Ministro Montes, “así como tenga bien elaborar un instructivo acerca de la incompatibilidad de aceptar la renuncia de sujetos que han incumplido evidentemente sus labores o han exhibido un comportamiento abiertamente contrario al principio de probidad administrativa, a modo que su accionar conste en su hoja de vida funcionaria y se le impida ejercer labores en la Administración del Estado”.
La segunda solicitud de los parlamentarios RN es para que el Contralor General disponga una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas respecto de las transferencias “irregulares” en el marco del programa de asentamientos precarios del MINVU, donde destacan la falta de transparencia, y la modalidad de pagos, así como respecto de los fines y objetivos de la fundación Democracia Viva, que dado a la información que se tiene a mano, carece de trayectoria y expertise en el área, pero sí, vínculos políticos y afectivos entre quienes intervinieron en la operación.
Finalmente, los parlamentarios se refieren a las advertencias formuladas a la Subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, concretamente por parte de la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu, cuya denuncia revestía especial gravedad, sin embargo, no fue considerada, y se señalan distintas agravantes.
Ante lo cual solicitan a la máxima autoridad que disponga de una auditoría especial de las transferencias de recursos por parte de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo a lo largo del país en el marco del Programa de Asentamientos Precarios 2022-2023, que revise en particular la legalidad de las transferencias realizadas a “Democracia Viva” y que disponga de un sumario administrativo para determinar responsabilidades de la Subsecretaria u otros funcionarios por la falta de diligencia con la que acogió la denuncia.