EE.UU. revoca visas a tres funcionarios chilenos por presunto compromiso de telecomunicaciones críticas y Boric cita al embajador por “medida arbitraria”

  • Washington acusa que los aludidos “dirigieron, autorizaron o financiaron” acciones que habrían erosionado la seguridad regional; La Moneda rechaza la imputación, afirma que Chile decidirá con autonomía y ordena a Cancillería exigir explicaciones formales.

Una nueva tensión diplomática se instaló este viernes entre Santiago y Washington, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno de Chile, a quienes atribuye participación “con conocimiento” en actividades que habrían comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y “erosionado la seguridad regional” en el hemisferio occidental. La medida, según la declaración oficial, incluye la revocación de visas existentes y la inelegibilidad de ingreso para los sancionados y sus familiares directos.

El anuncio fue difundido tras una declaración del Secretario de Estado Marcos Rubio, en la que se sostiene que Estados Unidos está comprometido con contrarrestar intentos por socavar la seguridad regional y la soberanía. En ese marco, se informó que la autoridad estadounidense determinó aplicar restricciones migratorias a tres funcionarios chilenos que, de acuerdo con el texto, habrían “dirigido, autorizado, financiado y brindado apoyo sustancial y/o llevado a cabo” acciones contra infraestructura crítica de telecomunicaciones.

La comunicación, replicada también por la representación diplomática estadounidense en Chile, enfatiza que se trata de un instrumento orientado a proteger los intereses de seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en la región. En la misma línea, el documento afirma que la administración del presidente Donald Trump mantendrá el uso de “todas las herramientas disponibles” para promover la seguridad y protección del hemisferio, y que continuará impulsando la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que “intencionalmente” actúen para desestabilizar la región.

La declaración, además, incorpora un tono abiertamente político respecto del escenario interno chileno. Washington señala que, al finalizar su mandato, el legado del gobierno del Presidente Gabriel Boric quedaría “aún más empañado” por acciones que —según el comunicado— terminan socavando la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. A renglón seguido, expresa su expectativa de avanzar en prioridades compartidas, incluidas las que fortalezcan la seguridad hemisférica, con la “nueva administración Kast”.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad de los tres funcionarios alcanzados por la restricción ni se han entregado detalles técnicos específicos sobre la naturaleza de las supuestas intervenciones en telecomunicaciones, más allá de la caracterización general de “infraestructura crítica” y “seguridad regional”. Ese punto ha sido resaltado por distintos medios que han seguido el caso, subrayando el carácter inusual del anuncio en la relación bilateral.

Respuesta de La Moneda

Tras conocerse la determinación estadounidense, el Presidente Gabriel Boric abordó el tema en un punto de prensa, rechazando de plano las imputaciones. Según la versión entregada por el mandatario, como Jefe de Estado “da fe” de que jamás ha realizado acciones que socaven la seguridad de Chile ni la de ningún otro país, y recalcó que Chile “es y será autónomo” en las decisiones que adopte.

En la misma intervención, Boric informó que instruyó al canciller Alberto van Klaveren —titular del Ministerio de Relaciones Exteriores— a citar al embajador de Estados Unidos en Chile a la Cancillería, con el objetivo de solicitar explicaciones por una medida que calificó como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”, y que, desde el punto de vista del Gobierno, carecería de justificación.

El episodio abre un flanco sensible para la agenda bilateral, al vincularse con materias de seguridad y resguardo de infraestructura crítica, y se instala además en un contexto político de alta tensión, debido al lenguaje utilizado por Washington al referirse al cierre de la administración Boric y a su disposición a coordinar prioridades con el próximo gobierno

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