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• La Región de Antofagasta, uno de los principales polos mineros e industriales del país, enfrenta una discusión con efectos potenciales sobre sus faenas, proveedores y empresas de transporte. El proyecto que restringe la exportación de residuos peligrosos busca impulsar su tratamiento en Chile, pero sus críticos advierten que podría reducir las alternativas de reciclaje y reforzar la posición de Recimat, empresa con operaciones en Antofagasta.

La Región de Antofagasta concentra grandes operaciones mineras, empresas de transporte, proveedores industriales y actividades vinculadas a los puertos y al comercio exterior. Ese entramado productivo genera residuos que requieren sistemas especializados de recolección, traslado, tratamiento y valorización. Por eso, una modificación a las reglas para gestionarlos podría tener aquí consecuencias especialmente relevantes.

El proyecto de ley sobre residuos peligrosos que se discute en el Congreso puede modificar las alternativas disponibles para las empresas de Antofagasta, especialmente en el manejo de baterías de plomo-ácido fuera de uso, utilizadas en vehículos, equipos y operaciones industriales.

La iniciativa, presentada en enero de 2023 por el senador Esteban Velásquez, busca establecer mayores restricciones a la exportación de estos materiales, privilegiando su procesamiento dentro del territorio nacional. Su objetivo es fortalecer la protección ambiental, asegurar la trazabilidad de los residuos y evitar que su traslado internacional termine trasladando también los impactos de la contaminación a otros países.

Para Antofagasta, la controversia tiene una dimensión concreta: qué opciones conservarán las empresas mineras e industriales para tratar sus residuos y a qué costo. Los reparos al proyecto apuntan a que limitar el reciclaje en el extranjero, sin asegurar suficiente capacidad y competencia dentro de Chile, podría concentrar el mercado y aumentar la dependencia de los generadores respecto de uno o pocos operadores.

El pasado 7 de octubre el profesor de derecho de la Universidad del Desarrollo, Martín Aylwin advirtió a la comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados sobre este punto: “el proyecto de ley actual dice que, si yo quiero enviar a otro país, no tengo que tener capacidad, pero además tiene que utilizarse como residuo reciclable en ese otro país. ¿Qué pasa si no se puede reciclar ese residuo? Nos tenemos que quedar con el residuo acá. Entonces, lo que de alguna manera pretende cuidar el proyecto, que es tratar los residuos bien acá en Chile, podría generarse un contraproducente, porque otro país podría tratarlo mejor. Y nosotros que no tenemos la capacidad de tratarlo, lo vamos a tener que, espero no hacerlo, enterrarlo en el desierto”.

En el centro de las advertencias económicas aparece un concepto poco conocido fuera de los círculos especializados: el monopsonio. A diferencia de un monopolio, donde existe un vendedor dominante, un monopsonio se produce cuando un comprador concentra una parte decisiva de la demanda de un determinado mercado.

En Antofagasta, donde la minería y su cadena de proveedores generan residuos de este tipo, el riesgo señalado por los críticos es que las empresas deban negociar con uno o muy pocos compradores nacionales si se restringe el acceso a instalaciones de reciclaje en el extranjero.

La dimensión regional del debate se vuelve aún más evidente por la presencia de Recimat, empresa antofagastina especializada en reciclaje de baterías de plomo-ácido. El texto original la identifica como la única compañía de este tipo con operaciones a escala nacional. Según las advertencias recogidas en la discusión, las restricciones a la exportación podrían fortalecer su posición en el mercado, un efecto que debe examinarse a la luz de la competencia y de la capacidad de tratamiento disponible.

La escala del mercado también incide en el debate. Chile genera, según los antecedentes citados en esta discusión, entre 40 y 44 mil toneladas anuales de baterías usadas. Los críticos sostienen que ese volumen permitiría sostener una o, eventualmente, dos plantas, lo que dificultaría la entrada de nuevos compradores nacionales. En ese escenario, los operadores internacionales representarían una alternativa para las empresas de Antofagasta y del resto del país.

La discusión no es completamente nueva. En el debate se han mencionado antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica relacionados con la estructura competitiva del mercado de reciclaje de baterías de plomo en Chile, apuntando directamente a Recimat.

También se han levantado advertencias parlamentarias respecto de la necesidad de evaluar la capacidad instalada y evitar que una regulación ambiental termine generando distorsiones económicas. En el Senado, legisladores como Sergio Gahona y Rafael Prohens plantearon inquietudes sobre la rigidez del proyecto y los riesgos de depender de una capacidad de procesamiento demasiado concentrada.

Antofagasta: la minería y sus proveedores ante nuevas restricciones

Las faenas de la Región de Antofagasta emplean maquinaria pesada, vehículos, baterías industriales y sistemas de respaldo energético. Cuando esos equipos llegan al final de su vida útil, sus residuos deben cumplir exigencias especiales de manejo. Un cambio en las posibilidades de exportación para su reciclaje podría repercutir tanto en las grandes mineras como en las empresas contratistas, transportistas y proveedores de la región.

La discusión legislativa determinará no solo dónde pueden procesarse estos materiales, sino también bajo qué condiciones se autorizará su salida del país. Para las empresas que operan en Antofagasta, mantener distintas opciones de tratamiento puede incidir en los costos logísticos, la capacidad de negociación y el acceso a tecnologías especializadas.

La existencia de varios operadores permite comparar condiciones comerciales, tecnologías disponibles, costos de procesamiento y capacidad de respuesta. Por el contrario, si las opciones se reducen a un número muy limitado de instalaciones nacionales, las empresas podrían enfrentar una menor capacidad de negociación y una mayor dependencia de los operadores existentes.

Los defensores del proyecto sostienen que privilegiar el tratamiento nacional permite fortalecer la fiscalización y evitar que Chile transfiera a otros países la responsabilidad de hacerse cargo de sus residuos. No obstante, quienes han planteado reparos advierten que una prohibición demasiado rígida podría impedir el acceso a instalaciones internacionales que cuentan con tecnologías y capacidades de valorización especializadas.

La letra que puede cambiar las opciones de Antofagasta

Una parte central de la controversia legislativa se ha concentrado en una diferencia aparentemente menor: reemplazar la conjunción “y” por la letra “o” en las condiciones que permiten autorizar exportaciones.

Aunque parece una discusión gramatical, sus consecuencias pueden ser relevantes. La utilización de una conjunción copulativa implica que determinadas condiciones deben cumplirse conjuntamente. En cambio, una fórmula disyuntiva permite que algunas de ellas operen como alternativas.

Durante la tramitación del proyecto, el Ministerio del Medio Ambiente ha defendido una redacción que otorgue mayor flexibilidad y mantenga coherencia con las disposiciones del Convenio de Basilea. Desde esa perspectiva, la existencia de capacidad técnica en Chile no necesariamente debería impedir una exportación cuando concurran otras condiciones que la justifiquen.

En esta línea, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, Nicolás Fernández, advirtió que exigir conjuntamente ambas condiciones puede bloquear legalmente la exportación de residuos peligrosos, incluso cuando Chile no dispone de capacidad técnica para eliminarlos.

“El Convenio Basilea permite que nosotros como país podamos tomar decisiones más estrictas. La pregunta es por qué queremos tomar una decisión que, en teoría, es más estricta, pero en la práctica puede generar ciertas complicaciones que van en contra del propio Convenio Basilea. Como es un manejo ambientalmente racional de los residuos, no porque se traten en Chile necesariamente se van a tratar mejor. Recuerdo, no existe capacidad instalada para todos los residuos que se generan en Chile”, destacó Fernández.

En la posición contraria, representantes de organizaciones vinculadas a la gestión ambiental han sostenido que flexibilizar las exigencias podría debilitar el objetivo de promover el tratamiento nacional de residuos. Quienes defienden esta postura, como el exsenador Juan Pablo Letelier, en representación de la Asociación de Empresas y Profesionales para el Medioambiente (AEPA), han argumentado que las restricciones deben ser copulativas y no alternativas.

“El sentido de Basilea es que no haya movimientos transfronterizos de residuos peligrosos, y lo que ha querido el senador Velázquez (autor del proyecto) es simplemente llevar el convenio a la legislación nacional para asegurar que nadie tenga la tentación de exportar residuos peligrosos teniendo nuestra capacidad”, argumentó el exparlamentario.

En Antofagasta, las consecuencias potenciales adquieren una dimensión territorial particular: la región reúne grandes faenas mineras, una extensa cadena de proveedores, infraestructura portuaria y comunidades expuestas a preocupaciones ambientales. Si se restringen las alternativas internacionales, las empresas podrían depender de una oferta nacional más limitada; si se flexibilizan sin controles adecuados, persisten los desafíos de asegurar trazabilidad y tratamiento ambientalmente responsable.

Para la Región de Antofagasta, el punto decisivo es conocer cuánto residuo generan efectivamente sus actividades productivas, qué capacidad de tratamiento está disponible y cómo cambiarían los costos y las rutas de gestión bajo la nueva ley. Antes de cerrar alternativas internacionales, el debate en el Congreso deberá considerar esas condiciones regionales. La cuestión de fondo no es solo si los residuos permanecen en Chile o se exportan, sino cómo asegurar su tratamiento seguro y ambientalmente responsable sin afectar innecesariamente la competitividad de la minería, sus proveedores y las comunidades de Antofagasta.

• Acusación apunta contra 22 presuntos integrantes de la estructura criminal, pero se tramita la extradición desde Colombia de otra imputada. Audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 30 de noviembre

Penas que suman 642 años de cárcel, además de 7.730 UTM en multas y el comiso de bienes, solicitó la Fiscalía Regional de Antofagasta para los 22 integrantes de una estructura criminal transnacional que entre 2020 y 2025, habría operado en la ciudad, dedicándose especialmente a la trata de personas con fines de explotación sexual y el lavado de activos.

La organización fue desarticulada en agosto de 2025, durante una masiva operación dirigida por el Ministerio Público y ejecutada por brigadas especializadas de la PDI, conocida como “Casa de Muñecas”, la que tuvo como blanco distintos domicilios y establecimientos comerciales de la ciudad.

En dicha ocasión, además de la detención de los acusados, en su mayoría extranjeros, se logró la incautación de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y diversa documentación contable y bancaria, pero lo más importante es que se rescató a una veintena de víctimas que eran explotadas por la organización.

Tales las víctimas habrían sido captadas en sus países de origen, o bien en Antofagasta, abusando de su situación de precariedad, pues muchas veces se encontraban en condición migratoria irregular y sin redes de protección o apoyo.

ACUSACIÓN

Tras meses de investigación, el Ministerio Público presentó acusación en contra de los integrantes de la estructura por los delitos de asociación criminal para cometer trata de personas, trata de personas con fines de explotación sexual, promover o facilitar la entrada o salida del país para la prostitución, asociación para cometer el delito de lavado de activos, lavado de activos y tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades.

En el documento, la Fiscalía solicita para los acusados penas que oscilan entre 17 años y 47 años de presidio, según la participación que se les atribuye en los hechos, lo que arroja un total de 642 años y 26 días para la organización completa.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los imputados habrían formado parte de una estructura de origen transnacional, compuesta por cuatro agrupaciones criminales más pequeñas, articuladas como clanes familiares, que operaban prostíbulos clandestinos y un café donde se ejercía el comercio sexual.

La investigación habría reconstruido cómo las ganancias de la explotación se introducían en la economía formal mediante comercios de fachada, personas que prestaban sus cuentas, titulares aparentes de bienes e inversiones en vehículos, fondos mutuos e inmuebles sin relación con los ingresos declarados.

En uno de los análisis financieros se identificaron más de 2.800 transferencias de bajo monto, un patrón que, según la investigación, buscaba eludir los controles del sistema financiero. Uno de los clanes, además, habría otorgado préstamos usurarios conocidos como “gota a gota”.

EJE PATRIMONIAL

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el eje de la acusación es patrimonial. “A una organización criminal no se la vence solo con detenciones, se la vence cuando pierde su dinero. El patrimonio es su oxígeno, y nuestro trabajo es cortarlo”, manifestó, agregando que “en la trata, seguir el dinero no solo permite probar el lavado: permite reconstruir la explotación que lo hizo posible. Cuando una organización pierde su patrimonio, pierde también su capacidad de volver a captar”.

Castro Bekios dijo que esta acusación es el resultado de un paciente trabajo científico, técnico y de inteligencias policial, desarrollado por fiscales SAC, junto a Brianco y Brilac de la PDI, quienes durante meses siguieron los pasos de los integrantes de la organización, hasta lograr sus detenciones y el rescate de las víctimas.

“Investigar la trata exige empezar por las víctimas: personas que llegan sin redes, sin documentos y con miedo. Si el Estado no las protege primero, no hay causa que resista. Por eso el trabajo de nuestra Unidad de Víctimas es tan decisivo como el de los investigadores. En la trata, la frontera no es solo la que se cruza al llegar: es la que se le impone a la víctima para que no pueda salir”, precisó el persecutor.

EXTRADICIÓN

La Fiscalía también gestiona la extradición desde Colombia de otra imputada, quien se encontraba fuera del país al momento del operativo y sería una de las líderes de uno de los clanes.

La mujer fue formalizada en ausencia en abril de 2026 y en mayo la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió su solicitud de extradición activa. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva mientras avanza el proceso de extradición en su país.

“El crimen organizado no reconoce fronteras, y la justicia tampoco puede reconocerlas. La cooperación internacional no es un complemento de la persecución penal: es su condición. Agradezco a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, a nuestra Cancillería y a las autoridades de Colombia. Sin esa cooperación, una orden dictada en Antofagasta no habría tenido efecto al otro lado del continente”, señaló el persecutor.

En su mensaje final, Castro Bekios dijo que “la Fiscalía Regional de Antofagasta no descansará en la persecución de quienes deban responder ante los tribunales chilenos, donde sea y por el tiempo que intenten ocultarse. La verdad que deben establecer los tribunales no tiene fronteras”.

La audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 30 de noviembre, ocasión en que el Juzgado de Garantía revisará la prueba que las partes llevarán al juicio, y que, por el lado de la Fiscalía, está compuesta por 79 testigos, 7 peritos, 571 documentos, entre otros elementos.

• El estudio forma parte de la tesis de postgrado del biólogo marino e investigador de la UA, Cristóbal Paoa, desarrollada en colaboración con la académica de la Facultad de Ciencias del Mar, Dra. Ana María García y el respaldo económico de WWF Chile.

Exactamente el 25 de septiembre del presente año un equipo de investigadores logró instalar por primera vez un marcador satelital en la aleta dorsal de una ballena jorobada cuando se desplazaba junto a su cría en las cristalinas aguas circundantes de Rapa Nui, hecho que representa un avance significativo para la ciencia chilena y el estudio de esta especie.

El procedimiento se llevó a cabo tras una intensa labor de más de 20 días, permitiendo la observación e identificación de diez ejemplares, la grabación de señales sonoras que emiten los cetáceos y pesquisas biológicas, con el fin de analizar material genético y medir eventuales niveles de contaminación, muestras que serán analizadas en el Laboratorio de Investigación en Toxicología Acuática (Aquatox) de la UA.  

La investigación enmarcada en la tesis de postgrado del biólogo marino originario de Rapa Nui y estudiante de magíster en Ecología en Sistemas Acuáticos de la Universidad Antofagasta, Cristóbal Paoa, cuenta con la expertise de la académica de la UA e integrante de Cetalab, Dra. Ana María García Cegarra.

“Nuestro objetivo es estudiar las rutas migratorias de la ballena jorobada, conocer de dónde vienen y hacia dónde van, especialmente las que visitan la isla, porque si bien Rapa Nui está en medio del océano, se encuentra justo en medio de dos poblaciones de ballenas jorobadas. Por un lado, tienes el stock G (población específica de ballenas jorobadas) que es la población de Chile y Perú y por el otro lado está el stock F que son las poblaciones jorobadas de la Polinesia Francesa”, sostiene el investigador.

Por su parte, la Dra. Garcíarespecto a la medición y transmisión de datos a distancia, señaló que“ayudarán a identificar el stock al que pertenecen las ballenas jorobadas que visitan Rapa Nui durante su temporada de reproducción y crianza. Es importante además conocer su estado de salud y saber qué amenazas enfrentan durante su migración”.

El estudio también busca conocer la cadena trófica y las zonas de alimentación, las áreas de apareamiento e identificar a qué población pertenecen, además de comprender las dinámicas migratorias al extremo austral del planeta.

“Nosotros creemos que Rapa Nui es una potencial zona de reproducción y crianza para ballenas jorobadas, y una vez terminando el invierno en el hemisferio sur, entre octubre y noviembre, estos individuos empiezan a migrar hacia la Antártica”, agregó Cristóbal Paoa.

Vinapú y socialización del estudio

La ballena jorobada en la que se instaló el marcador satelital fue bautizada como Vinapú, debido a que fue avistada en reiteradas ocasiones en un sector de aguas poco profundas que lleva ese nombre, ubicado en la costa sur de Rapa Nui.

Esta misión científica también comprendió la materialización de diversas actividades de difusión y socialización orientada a la comunidad de la isla, con el objetivo de dar a conocer el trabajo investigativo a partir de charlas en escuelas locales, en centros de buceo y en el denominado Koro Nui (Consejo Local del Mar), entre otros lugares.

Un estudio innovador complementado con las nuevas tecnologías satelitales, la cual permite obtener información valiosa para responder diversas interrogantes y profundizar en el conocimiento del comportamiento de este extraordinario mamífero marino.

• El fiscal regional Juan Castro Bekios destacó los resultados de la estrategia investigativa aplicada desde octubre de 2023, que ha permitido decomisar 127,8 toneladas de sustancias ilícitas. En tres recientes operativos, Carabineros y la PDI incautaron otros 798 kilos de marihuana y detuvieron a seis personas.

Un balance que refleja la magnitud del combate contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en la Macrozona Norte entregó la Fiscalía Regional de Antofagasta, luego de informar que, durante los últimos tres años, las investigaciones desarrolladas en coordinación con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han permitido incautar 127,8 toneladas de sustancias ilícitas, equivalentes a aproximadamente 276 millones de dosis, con un avalúo estimado de 810 mil millones de pesos.

Los antecedentes fueron presentados por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, precisamente al cumplirse tres años desde que asumió la conducción del Ministerio Público en la región y en momentos en que se conmemoran los 25 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal.

Durante la actividad, el persecutor dio a conocer los resultados de tres recientes procedimientos desarrollados entre el 15 y el 18 de octubre, los cuales permitieron sacar de circulación 798 kilos de marihuana y detener a seis personas presuntamente vinculadas al transporte e internación de sustancias ilícitas.

Las operaciones, efectuadas en diferentes puntos de la región y mediante diligencias que se extendieron hasta Atacama, forman parte de una estrategia de persecución penal orientada a identificar no solamente a quienes transportan los cargamentos, sino también a las estructuras criminales responsables de organizar, financiar y distribuir la droga hacia distintos puntos del territorio nacional.

TRES OPERATIVOS PERMITIERON INCAUTAR CASI 800 KILOS DE MARIHUANA

El primero de los procedimientos se desarrolló el 15 de octubre, cuando funcionarios de la Tenencia Baquedano de Carabineros iniciaron un seguimiento en la Ruta 5 Norte que permitió fiscalizar un vehículo tipo furgón en el sector La Negra, en Antofagasta.

Durante la inspección, los efectivos policiales encontraron más de 622 kilos de marihuana ocultos en la zona de carga del vehículo, procediendo a la detención de su conductor.

Por instrucción del fiscal de turno, la Sección OS7 Antofagasta asumió las diligencias especializadas, logrando establecer la eventual participación de otras dos personas que cumplían funciones de vigilancia y avanzada, conocidas en el ámbito del narcotráfico como «punta de lanza».

Las investigaciones permitieron ubicar y detener a ambos involucrados en la comuna de Caldera, Región de Atacama, demostrando el alcance interregional de la operación y la importancia de la coordinación policial para identificar a quienes participan en las distintas etapas del traslado de sustancias ilícitas.

Un segundo procedimiento se concretó el 16 de octubre, esta vez mediante un trabajo de inteligencia desarrollado por la Brigada Antinarcóticos de Calama de la Policía de Investigaciones.

Los detectives fiscalizaron una camioneta que transportaba un baño químico, estructura en cuyo interior se encontraban ocultos 128 paquetes que contenían 131 kilos de marihuana.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el cargamento tenía como destino la zona central del país, lo que permitió establecer que la ciudad de Calama estaba siendo utilizada como punto de tránsito dentro de una ruta de distribución de estupefacientes. El conductor fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Finalmente, el 18 de octubre, personal del Retén Inacaliri, ubicado en la zona fronteriza con Bolivia, fiscalizó y detuvo a dos adolescentes que habían ingresado al territorio nacional transportando sacos con 43 paquetes de marihuana, cuyo peso bruto alcanzó los 44 kilos.

Este último procedimiento volvió a poner de manifiesto la utilización de pasos fronterizos para el ingreso de sustancias ilícitas, además de la participación de menores de edad en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Desde el Ministerio Público se informó que los detenidos en los dos primeros procedimientos fueron formalizados y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que la situación de los adolescentes será abordada por fiscales especializados en responsabilidad penal adolescente.

MÁS DE 62 TONELADAS DE DROGAS INCAUTADAS DURANTE 2026

Durante la presentación de resultados, el fiscal regional Juan Castro Bekios explicó que los recientes procedimientos se insertan en una tendencia sostenida de incautaciones que comenzó en octubre de 2023 y que ha alcanzado registros históricos dentro del trabajo investigativo desarrollado en la Región de Antofagasta.

Según las cifras entregadas por la Fiscalía, entre enero y octubre de 2026 las incautaciones totalizan 62,7 toneladas de drogas, equivalentes a un promedio aproximado de 214 kilos diarios.

El persecutor destacó que los resultados reflejan tanto la transformación experimentada por el narcotráfico como los cambios implementados en las estrategias de investigación y persecución penal.

“En 2021, las policías incautaron en todo el país 53 toneladas de marihuana y 277 kilos de ketamina, según el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. En 2026, solo en causas de la Fiscalía Regional de Antofagasta, las incautaciones ya suman 57,3 toneladas de marihuana y 914 kilos de ketamina. Son registros de fuentes distintas, pero el orden de magnitud muestra la transformación del fenómeno”, sostuvo Castro Bekios.

El fiscal hizo hincapié en que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han modificado sus mecanismos de operación, utilizando rutas alternativas, vehículos de transporte, estructuras de ocultamiento y redes de colaboración que trascienden los límites de una región.

Frente a este escenario, señaló que la respuesta institucional también ha debido evolucionar, incorporando herramientas investigativas destinadas a identificar las conexiones entre distintos procedimientos policiales.

LA ESTRATEGIA DE LA «FRONTERA EXTENDIDA»

Uno de los conceptos centrales expuestos por el fiscal regional corresponde a la denominada «frontera extendida», estrategia que considera la persecución del narcotráfico no solamente en los pasos fronterizos tradicionales, sino también en las rutas interiores, centros de acopio, ciudades de distribución y corredores utilizados para transportar sustancias ilícitas.

“En 25 años el crimen cambió. (Pero) en tres años cambiamos la forma de perseguirlo. Los últimos procedimientos lo demuestran: Uno, en un punto de control fronterizo con Bolivia. Otro, en Calama, el nodo interior donde la droga se acopia y se esconde. Y el tercero, en la Ruta 5, donde un control preventivo terminó en una red que operaba en tres regiones. Es la frontera completa, la que llamamos frontera extendida”, profundizó el persecutor.

Este enfoque busca superar una modalidad de investigación concentrada exclusivamente en el hallazgo de sustancias ilícitas, incorporando el análisis de las estructuras criminales, las funciones que desempeñan sus integrantes y los recursos económicos involucrados en sus operaciones.

En ese sentido, Castro Bekios sostuvo que el verdadero avance no radica únicamente en el volumen de droga decomisada, sino en la capacidad de desarrollar investigaciones que permitan identificar a quienes dirigen las organizaciones delictuales y seguir el rastro del dinero obtenido mediante estas actividades.

“No celebramos toneladas incautadas, sino una forma de trabajar que funciona: leer la red y no solo la carga, llegar a quienes organizan y al dinero, y actuar en toda la Macrozona Norte como un solo teatro. La reforma nos dio las herramientas y la frontera nos enseñó la doctrina”, afirmó.

Las declaraciones se producen en el contexto de los 25 años de la Reforma Procesal Penal en Antofagasta, un proceso que transformó el funcionamiento de la justicia criminal y estableció un modelo en el que el Ministerio Público dirige las investigaciones penales y coordina las diligencias ejecutadas por las policías.

Para la Fiscalía Regional, esta estructura institucional ha permitido fortalecer las investigaciones especializadas, particularmente frente a delitos que requieren labores de inteligencia, seguimiento y cooperación entre distintas unidades policiales.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE CARABINEROS Y LA PDI

Durante la actividad, la Fiscalía Regional de Antofagasta también destacó la labor desarrollada por las unidades policiales que participaron en los procedimientos y que han contribuido a mantener una acción coordinada contra el tráfico de drogas.

Entre ellas fueron reconocidas la Sección OS7 Antofagasta, la Tenencia Baquedano, el Retén Inacaliri, el Departamento Antidrogas OS7, las secciones especializadas de Atacama y Coquimbo y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Asimismo, se valoró el trabajo de la Brigada Antinarcóticos de Calama de la PDI, junto con los fiscales de turno y persecutores especializados que dirigieron las respectivas investigaciones.

“Detrás de cada cifra hay personas: fiscales, carabineros, detectives y funcionarios que sostienen este trabajo, muchas veces lejos de los focos. Las causas pasan, las personas permanecen”, expresó Juan Castro Bekios.

Por su parte, el prefecto de Carabineros de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, destacó los resultados obtenidos durante el presente año, atribuyéndolos al fortalecimiento de las estrategias de perfilamiento policial y georreferenciación de las rutas utilizadas para el transporte de drogas.

La autoridad policial enfatizó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Ministerio Público, permitiendo orientar los controles hacia sectores identificados mediante el análisis de antecedentes investigativos.

En tanto, el subprefecto Patricio Méndez Charcas, jefe de la Brigada Antinarcóticos de Calama de la Policía de Investigaciones, informó que solamente esta unidad especializada ha logrado sacar de circulación alrededor de 78 millones de dosis de drogas, cuyo avalúo fue estimado en 24.100 millones de pesos.

UN DESAFÍO PERMANENTE PARA LA SEGURIDAD DEL NORTE

El balance presentado por la Fiscalía Regional de Antofagasta permite dimensionar tanto los resultados de la persecución penal como la magnitud del fenómeno del narcotráfico que afecta a la zona norte del país.

Las incautaciones acumuladas desde octubre de 2023 evidencian una actividad ilícita que utiliza corredores fronterizos, rutas interregionales y mecanismos cada vez más elaborados para transportar grandes cantidades de sustancias destinadas a diferentes mercados.

Si bien los decomisos constituyen un indicador relevante del trabajo policial y judicial, también plantean la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre la evolución de las organizaciones criminales y sus métodos de operación.

En este contexto, los resultados informados por el Ministerio Público refuerzan la importancia de continuar perfeccionando la coordinación entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y los organismos encargados de la persecución penal, especialmente en una región que cumple un papel estratégico dentro de las rutas de conexión entre la frontera norte y el resto del territorio nacional.

El desafío de los próximos años no estará limitado a aumentar las cantidades de drogas incautadas, sino también a fortalecer las investigaciones patrimoniales, identificar las estructuras de financiamiento del narcotráfico y avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones responsables de movilizar estos cargamentos.

A tres años de asumir la conducción de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios presentó un balance marcado por cifras históricas de decomisos y una estrategia que busca perseguir el delito a lo largo de toda su cadena operativa.

Los resultados representan un avance en las capacidades de detección e investigación de las instituciones involucradas, aunque la persistencia de grandes cargamentos demuestra que el combate contra el narcotráfico continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad de Antofagasta y de toda la Macrozona Norte.