- El parlamentario cuestionó la salida de la seremi de Bienes Nacionales, Camila Alonso, y advirtió que la constante rotación de autoridades regionales afecta la continuidad de la gestión pública y retrasa respuestas en materias urgentes para la ciudadanía.
El diputado Jaime Araya criticó duramente la nueva salida de una autoridad regional en Antofagasta, luego de que el Ministerio de Bienes Nacionales informara la renuncia de Camila Alonso a la Secretaría Regional Ministerial de la cartera, decisión que fue comunicada este miércoles 6 mediante una escueta declaración pública.
Según informó el ministerio, la abogada que se desempeñaba como seremi de Bienes Nacionales presentó su renuncia “por motivos personales”, la que se hizo efectiva de forma inmediata. Sin embargo, para el parlamentario, esta nueva baja no puede ser observada como un hecho aislado, sino como parte de un problema mayor de conducción política y administrativa al interior del Gobierno.
Araya sostuvo que la constante rotación de seremis en Antofagasta y en distintas regiones del país genera incertidumbre institucional, interrumpe procesos en curso y obliga a reiniciar coordinaciones que ya se encontraban avanzadas. A su juicio, cada cambio de autoridad regional implica un retroceso para la gestión pública, especialmente en áreas donde existen demandas ciudadanas urgentes.
“¿Cuándo S.E. presidente Kast va a ordenar su gobierno? No puede ser el desorden y descoordinación que genera su segundo piso y sus asesores más cercanos, con sueldos millonarios pagados con fondos públicos”, señaló el diputado, apuntando directamente a la responsabilidad política del Ejecutivo y de su equipo más cercano.
El parlamentario advirtió que estas salidas sucesivas terminan afectando a las regiones, donde la continuidad de los equipos es clave para dar seguimiento a proyectos, compromisos, planes de inversión y respuestas institucionales. En ese sentido, cuestionó que la renuncia se produzca en una cartera vinculada a materias especialmente sensibles para el desarrollo territorial, como la administración de terrenos fiscales, la regularización de ocupaciones, la planificación urbana y la coordinación con municipios y comunidades.
“Que se vaya un seremi es volver a empezar en la región. ¿Dónde estaba la urgencia?”, expresó Araya, enfatizando que los cambios de autoridades no solo tienen efectos políticos, sino también consecuencias prácticas para la ciudadanía. Según planteó, cada nueva designación exige un periodo de instalación, revisión de antecedentes y reconstrucción de vínculos con actores regionales, lo que puede retrasar decisiones relevantes.
Desde la mirada del diputado, el caso de Bienes Nacionales se suma a una seguidilla de renuncias que, a nivel regional, ya había alcanzado a las seremías de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Equidad de Género, y Desarrollo Social y Familia. Para Araya, este escenario refleja una falta de estabilidad en el despliegue territorial del Gobierno y una débil capacidad para sostener equipos políticos en regiones.
El parlamentario también afirmó que, con esta nueva salida, el Ejecutivo acumularía 20 bajas de seremis a nivel nacional, cifra que —según señaló— debería encender las alarmas dentro del propio oficialismo. En su análisis, la situación deja en evidencia que el problema no estaría limitado a una región ni a una cartera específica, sino que respondería a una descoordinación más amplia en la conducción del aparato gubernamental.
La crítica adquiere mayor relevancia en Antofagasta, una región que enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad, vivienda, campamentos, uso de suelo, inversión pública, desarrollo urbano y administración de bienes fiscales. En ese contexto, la salida de una autoridad sectorial puede tensionar aún más la relación entre el Gobierno central y los territorios, donde alcaldes, organizaciones sociales y actores productivos requieren interlocutores estables para avanzar en soluciones.
Araya insistió en que las regiones no pueden seguir pagando los costos de decisiones mal coordinadas desde Santiago. A su juicio, cuando se produce una renuncia de este tipo, la ciudadanía no solo observa un cambio de nombre, sino una señal de fragilidad institucional en áreas donde se necesita conducción, permanencia y capacidad de ejecución.
La salida de Camila Alonso de Bienes Nacionales instala nuevamente el debate sobre la estabilidad de los equipos regionales del Gobierno y sobre la capacidad del Ejecutivo para sostener una agenda territorial coherente. Para el diputado Jaime Araya, el problema de fondo no es únicamente quién llega o quién se va, sino cuánto pierde la región cada vez que una autoridad debe abandonar su cargo en medio de demandas aún pendientes.
Con este nuevo episodio, la oposición busca presionar al Gobierno para que entregue explicaciones políticas y administrativas más claras respecto de los cambios en sus equipos regionales. En Antofagasta, mientras tanto, la preocupación apunta a que la gestión pública no quede atrapada en una permanente lógica de reemplazos, ajustes internos y recomienzos, justo cuando la ciudadanía exige respuestas concretas y oportunas.