- El parlamentario solicitó fiscalizar el actuar de BancoEstado y Bipay ante denuncias de descuentos que afectarían a usuarios del transporte público de Antofagasta, Calama y Tocopilla.
El diputado Jaime Araya solicitó formalmente la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, con el objetivo de investigar el actuar de BancoEstado y de la empresa Bipay, luego de las denuncias por cobros irregulares que estarían afectando a usuarios del transporte público en Antofagasta, Calama y Tocopilla.
La gestión se produce en medio de los cuestionamientos surgidos tras la implementación del sistema de pago electrónico obligatorio en el transporte público mayor de estas comunas, modalidad que desde julio reemplazó el uso de efectivo por tarjetas y plataformas digitales.
Araya sostuvo que la CMF debe establecer si existen responsabilidades por parte de BancoEstado y Bipay en los descuentos denunciados y determinar qué medidas corresponden adoptar para proteger a los usuarios afectados.
“Seguimos trabajando para frenar este abuso contra las familias de la región de Antofagasta. Hemos oficiado a la Comisión para el Mercado Financiero para que fiscalice lo que está haciendo BancoEstado, para que fiscalice lo que está haciendo Bipay y termine rápidamente este verdadero abuso”, señaló el parlamentario.
La presentación ante la CMF se suma a una serie de acciones desarrolladas por el diputado para abordar el problema desde distintos organismos fiscalizadores. Entre ellas se encuentra la solicitud de una demanda colectiva ante el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, buscando que se investiguen los antecedentes y se determine una eventual compensación para los pasajeros perjudicados.
El legislador también presentó antecedentes ante la Contraloría General de la República, solicitando revisar el rol desempeñado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en la implementación y supervisión del sistema de cobro electrónico.
Asimismo, ofició al presidente de BancoEstado para conocer el destino de los recursos que habrían sido descontados desde las cuentas de los usuarios y aclarar los mecanismos establecidos para efectuar posibles devoluciones.
El diputado cuestionó especialmente la falta de información entregada hasta ahora a la ciudadanía y sostuvo que las empresas involucradas deben responder directamente ante quienes denuncian haber sufrido cargos injustificados.
“Es incomprensible que ni BancoEstado ni Bipay le ofrezcan claridad en la comunicación a la ciudadanía y mucho menos se hagan cargo de devolver las platas que han sacado. Vamos a parar este robo hormiga y, por lo tanto, esperamos que la Comisión para el Mercado Financiero pueda actuar con prontitud”, afirmó Araya.
El parlamentario agregó que el objetivo de las gestiones no se limita únicamente a establecer responsabilidades administrativas o financieras, sino también a conseguir que los montos eventualmente cobrados de forma irregular sean restituidos a las familias afectadas.
La controversia adquiere especial relevancia considerando que el sistema de pago electrónico pasó a ser obligatorio para los pasajeros del transporte público mayor de Antofagasta, Calama y Tocopilla, aumentando el número de personas que diariamente dependen de estas plataformas para movilizarse.
Araya reiteró que continuará recurriendo a las instituciones competentes mientras no exista una explicación clara sobre el origen de los cobros, el destino del dinero y los mecanismos que serán utilizados para responder a los usuarios.
El diputado insistió en que la modernización del transporte público y la incorporación de medios electrónicos de pago deben ir acompañadas de sistemas transparentes, mecanismos rápidos de reclamación y garantías suficientes para evitar que errores tecnológicos o administrativos terminen perjudicando económicamente a los pasajeros.
La solicitud presentada ante la CMF abre ahora un nuevo frente fiscalizador sobre BancoEstado y Bipay, mientras los usuarios afectados esperan respuestas y eventuales devoluciones. Para Araya, el punto central será determinar quiénes son responsables de los descuentos denunciados y establecer medidas concretas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.