- El presidente de EE.UU. acusó en su red social a Gustavo Petro de “líder narco”, prometió cortar la asistencia a Colombia y amenazó con intervenir; la escalada ocurre tras operaciones marítimas estadounidenses contra presuntos narcos en el Caribe y denuncias de Bogotá por “asesinato”.
El clima político entre Estados Unidos y Colombia entró en zona de turbulencia. En mensajes publicados este domingo en su red social, el presidente estadounidense Donald Trump acusó al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder narco”, anunció la suspensión inmediata de la ayuda financiera a Colombia y advirtió que Washington podría actuar directamente si, a su juicio, no se detiene la producción de drogas. La ofensiva verbal eleva a un nuevo nivel un conflicto que venía in crescendo desde los recientes operativos militares de EE.UU. contra embarcaciones que acusa de narcotráfico en aguas del Caribe.
La acusación de Trump —difundida a través de Truth Social— se produjo horas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmara un nuevo ataque contra un navío supuestamente vinculado al ELN, con tres fallecidos, en el marco de una escalada de interdicciones marítimas. En paralelo, la Casa de Nariño ha denunciado que en una operación previa resultó muerto un pescador colombiano, hecho que Petro calificó como “asesinato” y una violación de la soberanía. Analistas advierten que la ruptura de la cooperación bilateral amenaza programas clave de seguridad y antidrogas.
En su arremetida, Trump sostuvo que Colombia no ha frenado la producción y el tráfico hacia territorio estadounidense y, por ello, “a partir de hoy” detendría pagos y subsidios a Bogotá. Medios como Financial Times, Bloomberg, PBS y AP reportaron que el anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de presión regional, con crecientes acciones en el Caribe y roces con gobiernos vecinos. La medida, de materializarse, impactaría partidas que en 2024 se estimaron en torno a US$230 millones, destinadas a cooperación en seguridad, justicia y desarrollo.
Desde Colombia, la reacción fue inmediata. La Cancillería y el Ministerio de Defensa rechazaron las declaraciones y cuestionaron la legalidad de las acciones militares estadounidenses, al tiempo que Petro defendió su estrategia de reducción de cultivos mediante intervenciones sociales y control territorial. Sin embargo, informes de la ONU señalan que en 2023 el país alcanzó 253 mil hectáreas de coca y una producción potencial de cocaína 53% mayor que en 2022, contexto que Washington usa como argumento para endurecer su postura.
Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen
El choque no es aislado. A fines de septiembre, EE.UU. revocó la visa de Petro tras su participación en una marcha pro-palestina en Nueva York, donde llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes presidenciales, episodio que tensó aún más los vínculos y encendió alertas en círculos diplomáticos sobre la cooperación bilateral.
La suspensión de ayuda y las amenazas de intervención agregan incertidumbre a una relación histórica de colaboración en inteligencia, interdicción y programas de sustitución de cultivos. En el corto plazo, expertos prevén efectos en operaciones conjuntas, flujos de información y financiamiento a unidades especializadas colombianas, además de mayor presión política interna en Bogotá y un reordenamiento de alianzas regionales. En el mediano plazo, el deterioro podría traducirse en mayores costos logísticos para el control de rutas marítimas y, paradójicamente, en incentivos para la diversificación del crimen organizado hacia otros corredores.
Mientras tanto, la narrativa pública escala en ambos lados. Trump insiste en que “no hay más pagos” y que EE.UU. actuará si Colombia no cierra los “campos de muerte”, en tanto Petro sostiene que el Caribe “no debe ser zona de guerra” y exige explicaciones por ataques que, afirma, han alcanzado a civiles. El telón de fondo son cifras que muestran a Colombia como principal productor mundial de cocaína y con niveles récord de hoja de coca, una realidad que complejiza cualquier distensión inmediata.
La Casa Blanca no detalló calendarios ni procedimientos administrativos para cortar los flujos de asistencia, y sectores del Congreso estadounidense podrían intentar condicionar o modular la decisión. En Bogotá, se anticipan gestiones diplomáticas y eventuales acciones ante foros internacionales por presuntas violaciones al derecho internacional. De momento, la escena queda abierta y la relación bilateral en su punto más tenso en años.