- La rebaja del 3% instruida por el Gobierno encendió alertas en la Comisión de Seguridad, donde diputados cuestionaron que el ajuste alcance a Carabineros en medio de la crisis delictual.
El recorte presupuestario del 3% instruido por el Gobierno a todos los ministerios volvió a instalar una fuerte discusión política en torno a las prioridades del Estado, luego de que se conociera que la medida también alcanzará al Ministerio de Seguridad Pública, con un ajuste proyectado de 72.669 millones de pesos. La decisión, dada a conocer en una reciente publicación de Radio Bío Bío, fue analizada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde surgieron cuestionamientos transversales por el impacto que esta rebaja podría tener en un área que hoy se encuentra en el centro de la preocupación ciudadana.
La inquietud no es menor. En momentos en que la seguridad pública aparece como una de las principales urgencias del país, la posibilidad de reducir recursos en una cartera recién instalada y en organismos llamados a enfrentar la crisis delictual generó reparos inmediatos entre parlamentarios de distintos sectores. El foco de las dudas estuvo puesto especialmente en la disminución de fondos asociados a gastos de personal y mantenimiento de Carabineros de Chile, lo que abrió un debate sobre la coherencia entre el discurso oficial en materia de seguridad y las decisiones de ajuste fiscal.
Durante la sesión, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, explicó que la rebaja propuesta considera 4.700 millones de pesos que impactarían directamente en el desarrollo operacional habitual, específicamente en materias vinculadas al mantenimiento y reparación de cuarteles y vehículos policiales. No obstante, la autoridad defendió la medida señalando que esos recursos corresponden a fondos subejecutados durante el último año. Según detalló, en 2025 hubo una subejecución cercana a los 13.000 millones de pesos, por lo que el ajuste se estaría aplicando sobre montos que no fueron completamente utilizados.
Pese a esa argumentación, las explicaciones del Ejecutivo no lograron disipar completamente las dudas en la comisión. Varios diputados advirtieron que, aunque se trate de partidas subejecutadas, la señal política y administrativa que deja este recorte resulta compleja en un momento en que el Estado busca fortalecer su capacidad de respuesta frente al aumento de la violencia, el crimen organizado y las demandas por mayor presencia policial en los territorios.
Uno de los cuestionamientos más duros provino del diputado republicano Enrique Bassaletti, exjefe de Carabineros de la Zona Metropolitana Oriente, quien llamó derechamente al Ministerio de Hacienda a excluir a las policías de este tipo de ajustes. A su juicio, no resulta consistente hablar de crisis de seguridad y al mismo tiempo reducir recursos en instituciones que deben enfrentarla en terreno. Su planteamiento apuntó al corazón del debate: la falta de consecuencia entre el diagnóstico del problema y las decisiones presupuestarias adoptadas por el Ejecutivo.
Las críticas no quedaron limitadas al oficialismo o a un solo sector político. Desde la oposición también se levantaron reparos respecto de la conveniencia de aplicar esta rebaja. El diputado Bernardo Salinas, independiente de la bancada comunista, cuestionó la reducción del gasto precisamente cuando Chile mantiene uno de los niveles de inversión en seguridad pública más bajos en relación con el Producto Interno Bruto, incluso antes de concretarse este nuevo ajuste. Su observación puso sobre la mesa una discusión de fondo sobre cuánto destina realmente el país al fortalecimiento institucional y operativo del sistema de seguridad.
La controversia, por tanto, no se reduce únicamente al monto. Lo que está en discusión es la oportunidad y el criterio con que se aplica el recorte. Si bien el Gobierno insiste en que parte importante de las partidas afectadas no fueron ejecutadas en su totalidad, los parlamentarios advierten que en seguridad pública las holguras presupuestarias suelen transformarse rápidamente en brechas operativas. La mantención de vehículos, el estado de los cuarteles, la disponibilidad logística y el soporte al trabajo policial son factores que terminan influyendo directamente en la capacidad real del Estado para responder en la calle.
En esa línea, varios legisladores alertaron que una disminución de recursos en ítems sensibles podría tensionar aún más un sistema que ya opera bajo fuertes exigencias. El problema no solo es contable. También es político y simbólico. En un país donde la seguridad se ha instalado como una de las principales preocupaciones ciudadanas, cualquier señal de debilitamiento presupuestario en esta área genera un inevitable costo comunicacional para el Gobierno, sobre todo cuando ha buscado instalar esta materia como una de sus prioridades centrales.
La situación se vuelve aún más delicada al considerar que el ajuste todavía no está completamente cerrado. Las observaciones formuladas por los diputados fueron recogidas por el ministerio y ahora la propuesta deberá ser revisada por la Dirección de Presupuestos antes de su eventual entrada en vigencia. Eso abre un margen para eventuales modificaciones, correcciones o exclusiones parciales, especialmente si la presión política aumenta en los próximos días.
Más allá del resultado final, el episodio deja planteada una discusión mayor sobre cómo compatibilizar disciplina fiscal con fortalecimiento de la seguridad pública. En tiempos de estrechez presupuestaria, el Ejecutivo enfrenta el dilema de ordenar las cuentas sin debilitar áreas que hoy resultan estratégicas. Pero cuando el ajuste toca directamente a las policías y a su capacidad operativa, la discusión deja de ser meramente técnica y pasa a convertirse en una señal política de alto impacto.
La rebaja de 72.669 millones de pesos al Ministerio de Seguridad Pública vuelve así a tensionar uno de los flancos más sensibles del debate nacional. En medio de una crisis que exige respuestas concretas, presencia territorial y capacidad operativa, el mensaje que emane desde el Gobierno será clave. Porque en seguridad, más que en otras áreas, los recortes siempre terminan midiéndose no solo en cifras, sino también en confianza, eficacia y percepción ciudadana.