Política

Jaime Araya pide sumario y suspensión de funcionarios por minuta filtrada sobre alza de combustibles

25/03/2026
Diario Angamos Online
  • El diputado acusó uso indebido de recursos públicos y solicitó investigar la elaboración de un documento interno que, a su juicio, buscó instalar un relato político desde el Gobierno.

El diputado independiente pro PPD Jaime Araya solicitó formalmente a la ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, instruir un sumario administrativo y suspender preventivamente a los funcionarios que habrían participado en la elaboración y distribución de la minuta filtrada hace unos días, documento interno en el que se entregaban lineamientos comunicacionales para enfrentar públicamente el debate por el alza de los combustibles y donde se utilizaban expresiones como “Estado quebrado”, “la caja del Estado completamente vacía” y “nos dejaron sin plata”.

La ofensiva del parlamentario fue dada a conocer por él mismo a través de su cuenta en la red social X, la misma plataforma en la que difundió el contenido de la minuta y desde donde lanzó duras críticas contra la administración. “Pasen a leer la minuta de las mentiras que quiere instalar el gobierno”, escribió Araya al acompañar su publicación con imágenes del documento reservado.

En el escrito dirigido a la vocera de Gobierno, el legislador solicita que la investigación administrativa se extienda a la Secretaría de Comunicaciones, SECOM, encabezada por Felipe Costabal, y también a la Dirección de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, a cargo de Cristián Valenzuela. Según plantea, ambas reparticiones habrían intervenido en la elaboración de una minuta sobre el alza de los combustibles que, a su juicio, sobrepasa el carácter técnico e informativo que debiera tener un documento de uso institucional.

Araya sostiene que el texto presenta elementos destinados a manipular y desinformar a la opinión pública, al incorporar afirmaciones y juicios de valor sobre la administración anterior, en vez de ceñirse a antecedentes objetivos respecto del encarecimiento de los combustibles. En esa línea, apunta especialmente a frases que, según él, buscan instalar un relato político desde el aparato estatal, utilizando para ello canales y recursos públicos.

En su presentación, el diputado afirma que el documento “no se limita a exponer antecedentes técnicos o informativos”, sino que incorpora referencias políticas que considera impropias del ejercicio de la función pública. A su juicio, el uso de conceptos como “Estado en quiebra” o “nos dejaron sin plata” no corresponde a una labor informativa neutral, sino a una estrategia comunicacional orientada a influir en la opinión pública mediante afirmaciones que califica derechamente como falsas y engañosas.

El parlamentario advierte que la situación reviste especial gravedad por el eventual uso de recursos fiscales en acciones que, a su entender, colisionan con el principio de probidad administrativa. En ese punto, remarca que los funcionarios públicos están obligados a mantener una conducta intachable y un desempeño honesto, leal y transparente, deber que, según su acusación, se habría vulnerado con la confección y circulación de esta minuta.

Para Araya, el problema no radica solo en el contenido del documento, sino también en su propósito. Sostiene que, pese a tener un carácter confidencial, la minuta no estaría orientada al interés general de la nación, sino a la instalación de un relato favorable al Gobierno en medio de la controversia por el alza de los combustibles. En su análisis, ello constituiría un intento de influir políticamente desde el Estado, excediendo con ello el marco legítimo de una comunicación pública institucional.

Por esta razón, el diputado pidió expresamente que se ordene un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades de quienes participaron en la elaboración y distribución del documento. Además, invocó lo dispuesto en la normativa vigente para solicitar que, una vez iniciada la investigación, el fiscal designado pueda resolver la suspensión de funciones de los involucrados como medida preventiva mientras dure el proceso.

La solicitud de Araya vuelve a tensionar el escenario político en torno al manejo comunicacional del Gobierno, justo en momentos en que el alza de los combustibles ya generaba cuestionamientos desde diversos sectores. El caso añade ahora una nueva arista: el eventual uso de estructuras estatales para fijar un discurso político frente a una medida de alto costo ciudadano.

El episodio también abre una discusión más amplia sobre los límites entre comunicación gubernamental e intervención política desde el aparato público. En tiempos de alta sensibilidad social y de fuerte escrutinio sobre las decisiones del Ejecutivo, la filtración de esta minuta no solo complica al Gobierno por su contenido, sino también por la sospecha de que desde organismos oficiales se intentó construir una defensa política usando lenguaje que, para la oposición, desborda el deber de informar y entra de lleno en el terreno de la propaganda.

Con su oficio, Jaime Araya busca trasladar esa controversia al plano administrativo y formal, presionando para que el caso no quede reducido a una simple polémica comunicacional. Ahora será el Gobierno el que deberá resolver si da curso a la investigación solicitada y cómo enfrenta un episodio que amenaza con profundizar las críticas sobre el manejo político de una crisis que ya venía golpeando con fuerza al Ejecutivo.