- En un seminario de SOFOFA, el fundador de Pivotes, Bernardo Larraín, advirtió que “Chile está en el puesto 24 entre los países con mayor desempleo del mundo” y llamó a recentrar la agenda en crecimiento, formalización y reforma institucional. Más de 900 mil personas están sin trabajo y 2,4 millones sobreviven en la informalidad; con el nuevo criterio, la pobreza alcanza al 22% de la población.
El desempleo dejó de ser —si alguna vez lo fue— una cifra aislada. Es, cada vez más, un síntoma de debilitamiento institucional y de erosión del tejido social. Con ese telón de fondo se desarrolló el seminario organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), instancia en la que el fundador de Pivotes, Bernardo Larraín, encendió una señal de alarma: “Chile está en el puesto número 24 entre los países con mayor desempleo del mundo. Son 907.000 personas que están desempleadas, son 2.400.000 personas que tienen un empleo informal, sin seguridad social, por lo tanto más precario. Nos enteramos recién que con un nuevo criterio de medición de la pobreza, son 22% de las personas que viven en la pobreza, eso son 4 millones de personas”. La frase cayó como un martillazo en una audiencia donde coincidían empresarios, gremios, académicos y representantes del mundo político.
La tesis central planteada por Larraín apunta a la raíz del problema: “Ahí está la precariedad, en la informalidad, en las personas desempleadas; y por lo tanto el crecimiento no es solamente un imperativo económico, es un imperativo social y ético, por lo tanto tiene que ser central”. En otras palabras, el debate sobre empleo y pobreza ya no puede segmentarse por ministerio ni por ciclo electoral: requiere un giro de foco hacia la capacidad del Estado para habilitar inversión, destrabar proyectos, simplificar reglas y restaurar certezas.
El tono del seminario estuvo lejos de la grandilocuencia. “Aquí no hay magia —advirtió Larraín—; no va a llegarnos estos superwoman o superman al gobierno y mágicamente va a reactivar el crecimiento. Lo que tienen que hacer es un camino más largo y difícil, que es el camino de reformar los marcos regulatorios, de reformar las instituciones”. La apelación fue directa a los candidatos presidenciales que participaron de la cita y, por extensión, a la clase política: el problema del empleo se resolverá menos en la retórica y más en la cirugía fina de la gestión pública.
El diagnóstico que emergió en la jornada articula tres capas. La primera, coyuntural: un mercado laboral que no recompone su dinamismo; salarios reales presionados; y empresas que, frente a la incertidumbre, ralentizan decisiones de contratación e inversión. La segunda, estructural: una informalidad persistente que deja a 2,4 millones de trabajadores fuera del paraguas de la seguridad social, con productividades bajas y sin acceso a protección frente a shocks. La tercera, institucional: cuellos de botella en permisos, variabilidad regulatoria, tramitaciones extensas y fragmentadas, y dificultades para coordinar políticas que hagan del empleo formal una opción viable para empresas y personas.
En la práctica, esto se expresa en miles de “microdecisiones” con impacto macro: un supermercado que difiere aperturas por permisos; una pyme que evita crecer para no cambiar de tramo regulatorio; un proveedor que precariza contratos para sortear cargas administrativas; un trabajador que elige la informalidad porque el costo de la formalización supera su expectativa de beneficio. Cada una de esas elecciones individuales, racionales en su propio cálculo, suma una economía menos inclusiva y un Estado que corre tras la pelota.
El llamado a recentrar la estrategia en el crecimiento no es un eslogan vacío. Implica, al menos, cinco vectores de política que se discutieron en el seminario:
Primero, certeza y simplificación regulatoria. La convergencia hacia ventanillas únicas efectivas, plazos perentorios y coordinación interinstitucional reduce costos de transacción y desarma la lotería de los permisos. En sectores intensivos en inversión —energía, minería, infraestructura, vivienda—, el tiempo es costo y el costo es empleo.
Segundo, formalización inteligente. La informalidad no se combate solo con fiscalización, sino también con incentivos: reducción transitoria de cargas para la primera contratación formal en micro y pequeñas empresas; esquemas de cotización proporcional para trabajos de corta duración; digitalización de trámites y libros de remuneraciones; y programas de asesoría directa para que el salto a la formalidad no sea un salto al vacío.
Tercero, productividad y capital humano. Reconversión laboral con foco territorial y sectorial, certificación de competencias, formación dual, y mecanismos de capacitación “por demanda” donde la empresa que contrata gatilla el financiamiento de la formación. Si el empleo formal ha de ser una alternativa real, la brecha de habilidades debe estrecharse en meses, no en años.
Cuarto, inversión y pymes. Acceso a financiamiento no bancario, factoring con protección contra el “pago a 90 días”, garantías estatales para inversión productiva en regiones, y compras públicas pro-competitivas que eviten la concentración de contratos en grandes actores. La pyme, motor del empleo, no puede competir en un circuito diseñado para gigantes.
Quinto, servicios habilitantes para el empleo femenino. Sala cuna universal efectiva, transporte seguro, horarios compatibles, y promoción de redes de cuidado. La mitad del talento del país no puede seguir dependiendo de arreglos informales que castigan su continuidad laboral.
En paralelo, surge una dimensión ética: si 4 millones de personas viven bajo la línea de pobreza con el nuevo criterio, la política económica no puede conformarse con “promedios”. Las orillas importan. Un shock de empleo formal en los segmentos más vulnerables —jóvenes, mujeres jefas de hogar, migrantes regularizados— tiene retornos sociales superiores, al reducir dependencia de transferencias y ampliar la base contributiva.
El cruce entre empleo e instituciones también toca la confianza. Cuando las reglas cambian a mitad de camino, los agentes económicos patean la pelota hacia adelante. Cuando las reglas son claras y se cumplen, la inversión aparece. Así de básico. Por eso, el énfasis en marcos regulatorios estables no es una demanda corporativa: es una condición para que el crecimiento se traduzca en puestos de trabajo y no solo en mejores balances.
El seminario dejó otra certeza: las cifras duelen porque tienen rostro. Un joven que encadena oficios informales sin acceso a salud; una madre que alterna trabajos por hora para eludir cotizaciones que no puede pagar; un técnico que posterga su formalización por temor a quedar atrapado en la burocracia. Es en esas vidas donde se juega la legitimidad del sistema. Y es ahí donde la reforma institucional deja de ser un debate técnico y se vuelve un imperativo moral, como remarcó Larraín: “El crecimiento es un imperativo social y ético”.
La salida, sugirieron varios panelistas, no será instantánea ni inmune a costos políticos. Pero sí puede ser acumulativa: cada permiso más rápido, cada contrato que cruza a la formalidad, cada capacitación que desemboca en empleo, suma. Y cada suma, sostenida, recompone la confianza.
En tiempos de escepticismo, la tentación es buscar atajos. El mensaje que emergió desde SOFOFA va en dirección contraria: “No hay magia”. Lo que sí puede haber —y de eso depende el próximo ciclo— es una política pública concentrada en habilitar inversión, en tratar a la formalidad como un bien público, y en diseñar instituciones que premien el cumplimiento y aceleren la creación de empleo de calidad.
Cuando el desempleo deja de ser un número y se convierte en espejo de nuestras instituciones, la pregunta no es si podemos darnos el lujo de postergar el crecimiento, sino cuánto cuesta seguir haciéndolo. A juzgar por los 907 mil desempleados, los 2,4 millones en la informalidad y el 22% bajo la línea de pobreza, el costo ya lo estamos pagando. La diferencia entre una estadística y un proyecto de país está en la capacidad de corregir el rumbo. Y esa, como quedó claro, es una decisión institucional.