- Gobernador metropolitano calificó de “inédito” el fallo 24-0 de la Corte de Santiago y pidió que la Fiscalía Nacional indague la investigación por ProCultura, acusando “errores graves” y un “caso falso” en su contra.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego elevó el tono político y jurídico tras el rechazo unánime a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en el marco de la arista ProCultura. En un punto de prensa, la autoridad no solo cuestionó el trabajo del Ministerio Público, sino que también apuntó a “terceros” y adversarios políticos, a quienes acusó de “faltar completamente a la verdad” con el objetivo de dañarlo.
Orrego sostuvo que la Fiscalía de Antofagasta “decidió acusarnos” sobre la base de “gravísimos errores de hecho y de derecho”, afirmando que se intentó vincular su gestión a una investigación por delitos de alta connotación. A su juicio, el resultado de la audiencia constituye un precedente extraordinario: “es absolutamente inédito”, dijo, remarcando que “la unanimidad de los 24 ministros” de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud del Ministerio Público.
En su declaración, el gobernador fue más allá del fallo reciente y planteó que no se trataría de un episodio aislado. Aseguró que el revés judicial se suma a “otros cinco fallos adversos” de la misma fiscalía, lo que —según su interpretación— amerita una revisión interna del caso. En esa línea, exigió que intervenga el nivel central del Ministerio Público: “Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo, después de más de dos años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente”, afirmó.
El jefe regional insistió en que lo ocurrido no se explicaría únicamente por discrepancias jurídicas, sino por una construcción investigativa errada que, a su juicio, buscó instalar una culpabilidad sin sustento suficiente. “Esperamos que luego del categórico fallo del día de ayer”, agregó, se entregue una explicación pública y formal por parte del Ministerio Público respecto de los fundamentos que llevaron a impulsar el desafuero.
En el plano político, Orrego advirtió que, además de la ofensiva penal, existieron actores externos que habrían aprovechado la investigación para obtener ventajas en el debate público. “En este caso también hubo terceros que no trepidaron en faltar completamente a la verdad para obtener su mezquino objetivo”, señaló, sin individualizar nombres, pero dejando instalada la idea de una operación de desgaste vinculada a sus detractores.
Con sus declaraciones, el gobernador busca reposicionar su defensa tras la resolución judicial y, al mismo tiempo, trasladar el foco hacia la Fiscalía de Antofagasta y el origen de la solicitud de desafuero. Mientras tanto, el caso ProCultura continúa abierto en su arista investigativa, aunque el fallo del tribunal de alzada dejó debilitada la estrategia del Ministerio Público respecto de la persecución penal directa contra la autoridad regional, al menos en esta etapa procesal.