- Gremios advierten que definición de 99 “Sitios Prioritarios” se hizo sin criterios transparentes ni participación efectiva y podría afectar empleo y proyectos en curso.
La red de gremios regionales de SOFOFA encendió las alertas frente al proceso de implementación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), advirtiendo que, si no se ejecuta de manera responsable, equilibrada y con reglas claras, podría transformarse en un nuevo factor de incertidumbre para la inversión, el empleo y la actividad productiva en las distintas regiones del país.
El pronunciamiento se enmarca en la consulta pública que impulsa el Ministerio del Medio Ambiente para definir un listado preliminar de 99 Sitios Prioritarios para la Conservación, que abarcan cerca de 4 millones de hectáreas, equivalentes a alrededor del 5% del territorio nacional.
Desde SOFOFA recalcan que dicho prelistado fue elaborado sin que se conozcan los criterios técnicos utilizados, las validaciones científicas que lo respaldan ni el reglamento que –según la propia Ley 21.600– debe normar el procedimiento de identificación y definición de estos espacios.
Uno de los puntos que más preocupa a los gremios es el impacto acumulado de esta medida en regiones donde ya existen otras restricciones ambientales, instrumentos de ordenamiento territorial y figuras de protección superpuestas. En el caso de Atacama, advierten que la aplicación simultánea del SBAP junto a otras cargas regulatorias podría llegar a tensionar alrededor del 50% del territorio regional, incrementando la incertidumbre jurídica y económica para proyectos mineros, energéticos, de infraestructura y actividades asociadas a cadenas de valor locales.
“Nos preocupa la falta de participación efectiva de los distintos actores: vecinos, propietarios, municipalidades, gremios y proyectos productivos. Si bien existe una instancia de consulta pública, esta no incluyó la etapa de selección de los 99 sitios prioritarios. Hoy se nos dice que podrían reducirse con las observaciones, pero el proceso sigue siendo poco participativo y con espacios limitados de corrección”, señala la red de gremios regionales, apuntando a la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo territorial.
Desde el mundo empresarial subrayan que el problema no se resuelve simplemente ampliando los plazos de la consulta. A su juicio, la determinación de los Sitios Prioritarios debe construirse “sobre una base científica sólida, con criterios transparentes y validados”, que integren no solo variables ecológicas, sino también información sobre realidades sociales, productivas y de uso del suelo en cada región. “Solo así se podrán tomar decisiones fundamentadas y sostenibles en el tiempo”, enfatizan.
En su declaración, la red de gremios regionales de SOFOFA llama a que el proceso se conduzca con reglas claras y participación regional efectiva, considerando expresamente los impactos sobre la propiedad privada, los proyectos de inversión en curso y la actividad económica local. Señalan que en muchas comunas los proyectos sometidos a evaluación ambiental ya incorporan exigencias de conservación, planes de manejo y medidas de compensación, por lo que cualquier nueva figura de protección debe articularse de manera coherente con dichos instrumentos, evitando duplicidades, vacíos normativos y conflictos de interpretación.
“Existe consenso en que la permisología es uno de los principales nudos que frenan la inversión. La Ley SBAP no debe convertirse en una nueva traba al crecimiento, sino en una política que promueva un desarrollo equilibrado, donde la protección ambiental y el progreso económico se fortalezcan mutuamente”, plantean desde la organización, recordando que el país enfrenta una agenda de reactivación económica en la que la certeza jurídica es clave para destrabar proyectos.
En esa línea, el gremio ha presentado observaciones formales en las tres consultas públicas correspondientes a las macrozonas Norte, Centro y Sur, con el objetivo de contribuir a un proceso “más claro, ordenado y equilibrado” en la implementación de la Ley 21.600. Además, la red de gremios regionales puso a disposición la colaboración de sus asociaciones adheridas, desde Arica a Magallanes, para participar en mesas de trabajo regionales o macrozonales que permitan revisar en detalle las implicancias de la medida y apoyar la construcción de una propuesta que concilie protección ambiental con desarrollo regional.
Los gremios sostienen que Chile necesita una normativa ambiental moderna, seria y equilibrada, capaz de resguardar ecosistemas únicos y cumplir los compromisos internacionales de conservación, pero sin paralizar las actividades que generan empleo y bienestar en los territorios. A su juicio, el verdadero desafío “no es elegir entre desarrollo o conservación, sino hacer bien las cosas: diseñar reglas que permitan compatibilizar ambos objetivos, con procedimientos claros, plazos razonables y participación temprana de quienes viven y producen en las regiones”.
Finalmente, reiteran que la red de gremios regionales de SOFOFA seguirá participando activamente en todas las instancias de diálogo relacionadas con la implementación del SBAP, insistiendo en que cualquier política de conservación que modifique el uso del territorio debe construirse “de cara a las regiones, con evidencia robusta, criterios transparentes y un equilibrio real entre la protección de la naturaleza y el desarrollo productivo que sostiene la calidad de vida de las personas”.