- La propuesta busca separar la custodia penitenciaria del trabajo de reintegración social, en medio del golpe a una red de corrupción que involucró a funcionarios en recintos penales.
En una declaración desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional destinada a reordenar por completo el rol de Gendarmería de Chile, trasladando su dependencia al Ministerio de Seguridad Pública y dejando las tareas de reinserción bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de una nueva institucionalidad especializada. El Mandatario pidió respaldo amplio para un cambio que, sostuvo, apunta directamente al corazón del combate contra el crimen organizado.
El anuncio se realizó luego de un operativo de gran alcance que desbarató una estructura de corrupción al interior de recintos penitenciarios, investigación que terminó con decenas de detenidos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería, según informaciones entregadas durante la jornada por distintos medios. La situación, admitió Boric, aceleró una definición que “se ha querido hacer por mucho tiempo” y que hoy vuelve a instalarse como una prioridad política y de gestión.
“Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional”, afirmó el Presidente al confirmar el ingreso de la iniciativa. En su explicación, el jefe de Estado planteó que la actual convivencia de funciones —custodia, control interno, seguridad de recintos y, al mismo tiempo, reinserción— tensiona el diseño del sistema penitenciario y dificulta que cada misión sea evaluada, supervisada y reforzada con herramientas propias. Por lo mismo, señaló que impulsará una separación nítida: la dimensión de seguridad quedará asociada al ministerio creado precisamente para resguardar el orden público y prevenir el delito, mientras la reintegración quedará radicada en Justicia, con un organismo nuevo dedicado a esa tarea.
En términos concretos, Boric detalló que Gendarmería pasará a ser una “institución de seguridad pública” dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. En paralelo, las competencias de reinserción social se alojarán en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante una entidad a cargo de programas, medidas y políticas vinculadas a la rehabilitación y el retorno a la vida en comunidad de las personas privadas de libertad.
El Presidente subrayó que el propósito de la reforma excede a un gobierno y que, por esa razón, espera apoyo transversal “de todo el espectro político”. En su mensaje, planteó que la persecución del crimen organizado “no admite diferencias políticas” y que el país necesita una respuesta institucional más robusta frente a redes que buscan capturar espacios del Estado, incluidos los recintos penales.
La apuesta, además, fue comentada con el presidente electo José Antonio Kast, con quien Boric se reunió el lunes en La Moneda tras la elección. Según relató el propio Mandatario, la conversación permitió adelantar lineamientos y preparar un escenario legislativo donde el proyecto requerirá mayorías para prosperar. El punto, enfatizó, es abrir una discusión que no se trabe por cálculos partidistas, sino que se ordene por urgencia de seguridad y necesidad de gobernabilidad institucional.
En el trasfondo del anuncio, el operativo conocido como “Operación Apocalipsis” expuso la magnitud del problema: de acuerdo con antecedentes divulgados en la jornada, la investigación indaga pagos a funcionarios para facilitar ingresos irregulares, permitir contrabando de artículos prohibidos y vulnerar controles internos, en un esquema que operaba con múltiples actores. La noticia remeció el debate público y puso presión sobre la administración penitenciaria, en momentos en que el sistema carcelario aparece como un punto sensible para la expansión de organizaciones delictuales.
Boric evitó que el caso se convierta en un juicio general a toda la institución. En su declaración, recalcó que “no se puede meter a todos en el mismo saco” y defendió que la mayoría del personal cumple labores “en condiciones muchas veces difíciles”, destacando además que parte del trabajo investigativo contó con colaboración interna. El énfasis buscó separar responsabilidades individuales del funcionamiento global del servicio, aun cuando admitió que la dimensión estructural obliga a replantear el modelo.
El cambio propuesto también reabre una discusión de fondo sobre la arquitectura del Estado en materia penitenciaria. Hoy, Gendarmería es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia, relación establecida en su marco orgánico vigente. Moverla hacia Seguridad Pública implicaría redibujar la cadena de mando, las prioridades estratégicas y los mecanismos de coordinación con policías y organismos de prevención, mientras el área de reinserción quedaría con un foco específico dentro del sector Justicia.
En ese contexto, el anuncio se conecta con el rol del Ministerio de Seguridad Pública, creado para concentrar la conducción política del resguardo del orden público y la prevención del delito como una secretaría de Estado dedicada a esas materias. La decisión de ubicar ahí el componente de custodia y control penitenciario apunta a reforzar el enfoque de seguridad y, al mismo tiempo, permitir que la reinserción se evalúe con metas, instrumentos y exigencias propias, sin quedar subordinada a la lógica de control carcelario.
Con el envío del texto al Congreso, la discusión pasará desde el diagnóstico a la negociación legislativa. La Moneda apuesta a que el impacto del caso de corrupción, sumado a la presión por resultados en seguridad, empuje acuerdos que permitan aprobar una reforma de alto calibre institucional. El Ejecutivo, en tanto, se prepara para defender el diseño y sus implicancias, en un Parlamento donde el oficialismo no cuenta con mayoría y donde cada voto —especialmente en una reforma constitucional— dependerá de la capacidad de construir confianzas más allá de bloques tradicionales.