- La Fiscalía de Calama obtuvo la medida cautelar más gravosa para dos ciudadanos venezolanos y una chilena acusados de liderar una estructura dedicada a otorgar créditos informales con intereses abusivos, ejerciendo amenazas, extorsión y cobranzas violentas. La investigación se extenderá por 250 días ante la posibilidad de nuevas víctimas.
En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y una ciudadana chilena, luego de ser formalizados por la Fiscalía de Calama por los delitos de usura reiterada, extorsión reiterada y asociación criminal. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que los imputados representan un peligro real para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de los hechos y el modo de operar acreditado en esta etapa inicial del proceso.
De acuerdo con la investigación dirigida por la Fiscalía y ejecutada por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, los detenidos conformaban una estructura criminal dedicada al otorgamiento de préstamos informales del tipo conocido como “gota a gota”. Bajo esta modalidad, ofrecían dinero en efectivo a personas en situación de vulnerabilidad y necesidad económica inmediata, imponiendo tasas de interés extremadamente altas y condiciones de pago imposibles de cumplir.
La fiscalía detalló que, una vez contraídas las deudas, los imputados recurrían a métodos de presión violenta para forzar su cobro. Entre las acciones denunciadas se encuentran amenazas directas, intimidación constante y la exigencia de entregar bienes personales como forma de pago forzado. Testimonios reunidos durante las diligencias revelan que las víctimas vivían bajo un clima de temor continuo, temiendo represalias si no cumplían con las cuotas diarias exigidas por los prestamistas.
El operativo permitió incautar abundante evidencia documental y digital que respaldaría el funcionamiento organizado de esta red, así como registros que dan cuenta del seguimiento sistemático de las víctimas. A esto se suma la declaración de múltiples afectados que aportaron información clave para establecer la participación de los imputados en las actividades ilícitas.
Considerando la magnitud del caso y la posible existencia de más personas perjudicadas, el tribunal fijó un plazo de investigación de 250 días. Durante este periodo, la Fiscalía continuará desarrollando diligencias destinadas a identificar nuevos afectados, establecer la extensión de la estructura criminal y robustecer los antecedentes que serán presentados en un eventual juicio oral.
La Fiscalía de Calama reiteró su compromiso con la persecución de este tipo de prácticas abusivas, que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad económica, e hizo un llamado a eventuales víctimas a denunciar para avanzar en la completa desarticulación de estas redes criminales.