- El jefe del Servicio de Migraciones reafirma el compromiso del gobierno de priorizar la integración de migrantes ya residentes, fortalecer el control fronterizo y abordar la migración irregular mediante procesos responsables y acotados.
Ante un panorama global marcado por las investiduras de Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump en Estados Unidos, el jefe del Servicio de Migraciones (Sermig), Luis Eduardo Thayer, dejó en claro que Chile no alterará su política migratoria debido a crisis en países de la región. “Chile no incentivará nuevos flujos migratorios ni cambiará su política migratoria fronteriza por una crisis en algún país de la región”, afirmó Thayer en conversación con Agencia EFE.
La autoridad, a cargo del Sermig desde marzo de 2022, enfatizó la importancia de integrar a los migrantes que ya se encuentran en el país y resolver las tensiones derivadas de problemas de regularización e integración. “Primero hay que integrar a quienes ya están en el país”, subrayó.
Control fronterizo y reducción de ingresos irregulares
Thayer destacó que el gobierno continuará fortaleciendo el control fronterizo para evitar el ingreso irregular de personas. Según datos del Sermig, los ingresos irregulares disminuyeron un 37% en 2024 respecto de 2023, y un 48% en comparación con 2022. “Tener personas en situación irregular es un problema para la seguridad del país, para la integración y para la convivencia”, aseguró.
Actualmente, un 6,6% de la población extranjera residente en Chile se encuentra en situación irregular, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ante esta realidad, el gobierno evalúa abrir un proceso de regularización acotado para cerca de 180.000 personas que se empadronaron voluntariamente en 2023 y que cuenten con arraigo laboral o familiar en el país. Este proceso, señaló Thayer, será distinto a los realizados anteriormente en Chile y en la región, al exigir mayores requisitos.
Avances en colaboración migratoria
Uno de los logros más significativos durante la gestión de Thayer ha sido la firma de un acuerdo histórico con Bolivia en diciembre de 2024, que permitió destrabar el impedimento de la reconducción de migrantes. Este pacto compromete a ambos países a aceptar el retorno de sus ciudadanos y de migrantes de terceros países, marcando un avance en la colaboración migratoria con vecinos de la región.
Con una población total de 19,6 millones de personas, Chile alberga a cerca de 1,6 millones de migrantes, de los cuales el 33% son venezolanos, el principal grupo extranjero en el país. Este grupo, desde julio, no cuenta con apoyo consular, una situación que ha generado desafíos adicionales para las autoridades.
Incremento en expulsiones administrativas
El gobierno chileno también ha redoblado esfuerzos en la expulsión de migrantes en situación irregular. En 2024, se materializaron 1.091 expulsiones, de las cuales 683 fueron vía administrativa, duplicando el promedio anual de expulsiones entre 2008 y 2021. “El 2024 es el año en que más expulsiones administrativas se han producido desde 2018”, destacó Thayer.
Proyecto de ley para reforzar sanciones
En paralelo, el Ejecutivo impulsó un proyecto de ley en junio de 2023 que busca ampliar las sanciones para delitos relacionados con la convivencia, como riñas, ruidos molestos y venta ambulante. Además, contempla mayores requisitos para obtener la nacionalidad chilena y endurece las penas por tráfico de extranjeros. Thayer espera que esta legislación sea aprobada dentro del primer trimestre de 2025, permitiendo a los gobiernos locales abordar conflictos entre nacionales y migrantes de manera más efectiva.
Un enfoque basado en derechos humanos
A pesar del fortalecimiento en las medidas de control y regulación, Thayer, fundador del Observatorio de Políticas Migratorias, reiteró que el enfoque del gobierno sigue siendo el respeto por los derechos humanos de las personas migrantes. “No ha habido ningún cambio en el enfoque de la política migratoria; más bien estamos implementando lo que ya se había proyectado”, concluyó.
La migración sigue siendo uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, según las encuestas, y el gobierno de Gabriel Boric continúa trabajando en soluciones integrales para equilibrar la seguridad, la integración y la convivencia social en el país.