- El diputado por Antofagasta criticó la falta de acciones focalizadas para las regiones y presentó, junto a su bancada, una propuesta para reforzar el MEPCO y aliviar el impacto en hogares y Pymes.
Como un “golpe brutal a las familias” calificó el diputado por Antofagasta, Jaime Araya, el anuncio del Gobierno sobre el alza de los combustibles, cuestionando con dureza la decisión del Ejecutivo y advirtiendo sus efectos sobre la economía doméstica, especialmente en las regiones del norte del país, donde la dependencia del transporte y las distancias hacen aún más sensible cualquier incremento en los costos energéticos.
El parlamentario expresó su rechazo a la forma en que el Gobierno enfrentó esta nueva alza, apuntando directamente a la administración del Presidente José Antonio Kast por, a su juicio, no haber considerado el impacto real que la medida tendrá sobre la clase media, las pequeñas empresas y la vida cotidiana de miles de familias. En esa línea, acusó una falta de sensibilidad frente a un escenario que no sólo encarece el valor de los combustibles, sino que también presiona el precio de los alimentos, el transporte y diversos servicios.
“Nadie se imaginó que el Gobierno de José Antonio Kast era tan insensible de traspasar este enorme e histórico aumento en el precio de los combustibles a las familias de clase media”, afirmó Araya, quien además criticó que desde La Moneda no se haya presentado una respuesta con foco territorial, considerando las particularidades que enfrentan las zonas extremas y, en particular, el norte grande.
El legislador sostuvo que las medidas impulsadas por el Ejecutivo responden a una lógica centralista y no atienden la realidad de regiones como Antofagasta, donde el costo de vida ya enfrenta una presión constante por factores estructurales. “No hay ni una sola medida pensando en el norte de Chile”, reprochó, agregando que las decisiones anunciadas terminan siendo “sólo medidas para Santiago”, en una crítica que apunta al desequilibrio con que, a su juicio, el Gobierno aborda una crisis que golpea con distinta intensidad según el territorio.
Araya insistió en que el encarecimiento de los combustibles tendrá consecuencias directas en la economía familiar, no sólo por el gasto asociado al uso de vehículos particulares, sino también por su efecto en cadena sobre el transporte de carga, la distribución de bienes esenciales y la inflación. “Esperamos que el Gobierno entienda el impacto que esto va a tener en la economía familiar”, señaló el diputado, reforzando su advertencia sobre lo que considera una decisión de alto costo social.
Junto con calificar el aumento como “brutal”, el parlamentario fue más allá y sostuvo que “la indiferencia del Gobierno es francamente escalofriante”, instalando una crítica política de fondo a la falta de medidas compensatorias inmediatas. En su análisis, la administración central no sólo actuó sin la debida anticipación, sino que además dejó desprotegidos a sectores productivos y ciudadanos que ya venían enfrentando un escenario económico estrecho.
Frente a ello, el diputado por Antofagasta informó que, junto a la Bancada del PPD e Independientes, impulsó un paquete de propuestas orientado a contener el impacto del alza y proteger a la ciudadanía y a las Pymes. La iniciativa busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado mediante mecanismos de financiamiento que permitan robustecer el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, más conocido como MEPCO, herramienta clave para amortiguar la volatilidad del mercado internacional.
Entre las medidas planteadas figura mantener el actual porcentaje del impuesto de primera categoría para grandes capitales, así como también su imputabilidad en las cargas tributarias de sus propietarios al momento de distribuir utilidades. Según explicó el parlamentario, esta fórmula permitiría recaudar alrededor de 1.800 millones de dólares anuales provenientes de tributos a grandes empresas, además de otros 800 millones de dólares vinculados al sistema semi integrado de tributación por ingresos personales, recursos que podrían destinarse a reforzar el fondo de estabilización de combustibles.
La propuesta también considera una rebaja del componente fijo del impuesto específico a los combustibles en 0,5 UTM por metro cúbico para las gasolinas automotrices y para el diésel. De acuerdo con Araya, esta medida tendría un efecto directo no sólo para los automovilistas, sino también sobre los precios de la canasta básica y, de manera más amplia, sobre la inflación, al reducir parte de la presión que el alza de los combustibles traslada al conjunto de la economía.
Un tercer eje del paquete apunta a acelerar la promoción de la electromovilidad en el transporte público, con el objetivo de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles en buses, microbuses, taxis y colectivos. La idea, según el parlamentario, es avanzar hacia una política más estructural que permita reducir la exposición de los usuarios a las fluctuaciones del petróleo y generar, en el mediano plazo, un sistema de transporte más estable en costos y menos vulnerable a shocks externos.
La arremetida de Jaime Araya vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende el alza puntual de las bencinas. El debate toca la manera en que el Gobierno distribuye los costos de una crisis internacional, el centralismo en el diseño de las políticas públicas y la necesidad de respuestas diferenciadas para territorios donde el efecto del combustible es más severo. En el norte, donde moverse cuesta más y producir también, cada ajuste en esta materia tiene un impacto político y social que difícilmente puede minimizarse.