- Operativo de la PDI en ferias y barberías del centro y poniente de la ciudad permitió detectar infracciones a la Ley de Migración y Extranjería y concretar una detención por orden vigente.
En un nuevo despliegue orientado al control de la normativa migratoria vigente, el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Calama, junto a unidades dependientes de la Prefectura Provincial El Loa, desarrolló un operativo de fiscalización masiva en distintos puntos de la comuna, específicamente en sectores del centro y poniente de la ciudad, con resultados que incluyeron denuncias administrativas, una notificación de expulsión y la detención de una persona con encargo judicial vigente.
El procedimiento se realizó el pasado 17 de marzo y tuvo como foco principal la inspección de lugares donde existe alta circulación de personas y actividad comercial, como ferias y barberías, espacios que fueron intervenidos por detectives con el propósito de verificar la identidad y la situación migratoria de quienes se encontraban en el lugar.
Durante la jornada, los oficiales controlaron a un total de 28 personas. De ese grupo, 15 correspondían a ciudadanos extranjeros, entre ellos 13 bolivianos, un peruano y un venezolano, además de dos ciudadanos chilenos. El operativo permitió establecer una serie de incumplimientos a la Ley de Migración y Extranjería, derivando en la denuncia de 10 personas extranjeras por distintas infracciones contempladas en la Ley 21.325.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía civil, entre las infracciones detectadas figuran cinco ciudadanos venezolanos denunciados por vulnerar el artículo 32 N°3 de la normativa migratoria. A ello se sumó la denuncia de un ciudadano boliviano por infracción al artículo 119, otro por el artículo 32 N°6 y un tercero por transgresiones a los artículos 107 y 119. Además, un ciudadano venezolano fue denunciado por el artículo 168 de la misma ley.
Junto con estas acciones administrativas, la PDI materializó la notificación de expulsión de un ciudadano colombiano, dando cumplimiento a lo que establece la normativa vigente en este tipo de procedimientos. Se trata de una medida relevante dentro del marco de fiscalización migratoria, ya que refleja la continuidad de los procesos iniciados conforme a la legislación actual y el seguimiento de las resoluciones adoptadas por la autoridad competente.
Uno de los hechos más significativos del operativo fue la detención de una mujer de nacionalidad boliviana, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de contrabando. Dicha orden había sido emanada por el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Pozo Almonte, motivo por el cual la imputada fue puesta a disposición de la justicia para continuar con el proceso correspondiente. Paralelamente, también se cursó la respectiva denuncia administrativa por infracción al artículo 168 de la Ley 21.325.
Desde la institución policial destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia permanente destinada a reforzar el control migratorio en puntos de alta afluencia y en sectores donde se desarrollan actividades económicas que concentran presencia de ciudadanos extranjeros. La finalidad, explicaron, es verificar el cumplimiento de la legislación y detectar oportunamente eventuales incumplimientos o situaciones que requieran medidas judiciales o administrativas.
El jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Calama, subprefecto Patricio Santibáñez, valoró el despliegue efectuado y subrayó el sentido preventivo y de resguardo del orden que tienen estas acciones. “Estas fiscalizaciones responden a un trabajo permanente de la PDI orientado a detectar y denunciar infracciones a la normativa migratoria vigente, especialmente en sectores donde se concentran actividades comerciales. Nuestro objetivo es contribuir al orden y la seguridad, verificando la situación migratoria de quienes se encuentran en el país y adoptando los procedimientos que la ley establece”, señaló.
El balance del operativo vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles migratorios focalizados en comunas estratégicas del norte del país, donde la movilidad de personas y la actividad fronteriza configuran un escenario especialmente sensible para el trabajo policial. En Calama, este tipo de fiscalizaciones se ha transformado en una herramienta relevante no solo para detectar infracciones administrativas, sino también para identificar personas con requerimientos judiciales pendientes o con situaciones irregulares que deben ser abordadas conforme a la ley.
Con estos resultados, la PDI reafirma su presencia en terreno y su labor de control en espacios públicos y comerciales, en una tarea que busca fortalecer la seguridad, resguardar el cumplimiento de la normativa migratoria y responder a una realidad territorial compleja, marcada por el tránsito constante de personas y la necesidad de mantener vigilancia activa sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.