- El Complejo Penitenciario de Antofagasta habilitará en los próximos días dos módulos de alta contención, con capacidad para 100 internos de alto compromiso delictual en celdas individuales, visitas por locutorio y estrictos protocolos de control. El modelo replica el régimen del REPAS de Santiago y busca cortar la operación de líderes de bandas desde el interior de las cárceles.
El sistema penitenciario chileno dará un nuevo paso en el control del crimen organizado con la habilitación, en el corto plazo, de dos módulos de máxima seguridad en el Complejo Penitenciario de Antofagasta. La medida contempla estándares reforzados de custodia y disciplina, incluyendo el uso obligatorio de uniforme para la población objetivo, con el fin de impedir privilegios, ordenar la rutina carcelaria y neutralizar redes de apoyo que operan desde el encierro. Con esta implementación, Antofagasta se convierte en la segunda región del país en contar con un régimen diseñado específicamente para líderes y miembros de organizaciones criminales, siguiendo la experiencia del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) en la capital.
Cada módulo alojará a internos de alto compromiso delictual bajo condiciones de aislamiento operativo: celdas individuales con monitoreo continuo por circuito cerrado, salidas a patio estrictamente dosificadas dentro de la normativa y un plan de visitas a través de locutorio, sin contacto físico. La estrategia se complementa con un calendario de lavandería para la vestimenta fiscal —para asegurar identidad visual, higiene y trazabilidad—, una reducción programada de los flujos de encomiendas y atención psicosocial y de salud periódica, elementos que buscan compatibilizar seguridad con estándares básicos de bienestar y reinserción.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, encuadró la iniciativa en la respuesta del Estado a la amenaza del crimen organizado trasnacional. “Existe un gran desafío en el sistema penitenciario. En nuestro país no puede ocurrir lo que ha pasado en otros países de América Latina, donde las bandas de crimen organizado han surgido o se han fortalecido desde los propios establecimientos penitenciarios”, advirtió. Y agregó: “Por eso es fundamental que, una vez que los líderes de estas bandas estén en prisión, podamos separarlos, cortar cualquier contacto con el exterior y evitar que sigan operando desde adentro”.
Tras una visita inspectiva, el secretario de Estado aseguró que las condiciones para replicar el régimen del REPAS están cumplidas en Antofagasta. “Hoy, después de la visita inspectiva, hemos confirmado que están todas las condiciones para implementar este mismo régimen aquí, en la región de Antofagasta, como parte del esfuerzo nacional para desarticular el crimen organizado y reforzar la seguridad pública”, sostuvo.
La Dirección Nacional de Gendarmería, en tanto, remarcó el carácter técnico y reservado del despliegue. Su director, Rubén Pérez, indicó que “en estos módulos se implementará un régimen de máxima seguridad, con estándares muy rigurosos en materia de control, seguridad y procedimientos, cuyo inicio será pronto pero que, por razones estratégicas, no puede ser divulgado aún”. Subrayó además que la meta es “garantizar un funcionamiento coordinado en todos los niveles: infraestructura, vigilancia, asignación del personal y gestión administrativa, de modo que este régimen se convierta en un modelo replicable en otras regiones del país”.
A nivel operativo, la arquitectura del régimen se orienta a reducir drásticamente las superficies de contacto y las brechas de control. El monitoreo 24/7 en celdas y pasillos, el escalonamiento de horarios de patio, la trazabilidad de encomiendas y la migración de visitas a locutorios cierran rutas comunes de ingreso de elementos prohibidos, intercambio de mensajes y coordinación externa. La exigencia de uniforme, por su parte, apunta a homogeneizar criterios de identificación y disciplina, dificultando la circulación de vestimentas que puedan ocultar objetos, establecer jerarquías simbólicas o confundir a los equipos de seguridad.
La incorporación de atención psicosocial y de salud programada —en un entorno de alta contención— busca reducir tensiones y conductas de riesgo, sostener tratamientos y mantener registros clínicos que permitan respuestas tempranas ante escenarios críticos. Desde el punto de vista del personal, la medida implicará reforzamientos en la asignación de funcionarios, capacitación en procedimientos de alto estándar, protocolos de reacción y auditorías internas para asegurar cumplimiento y trazabilidad de cada fase del régimen.
En términos de política pública, la decisión de expandir el modelo REPAS fuera de la Región Metropolitana responde a un diagnóstico conocido por autoridades y expertos: la cárcel, sin controles robustos, puede convertirse en un vector de organización delictual. Desplegar módulos de máxima seguridad en territorios estratégicos como Antofagasta —nodo logístico relevante y con presencia de bandas de alcance regional— permite acotar traslados, aumentar capacidad de respuesta local y robustecer la coordinación con fiscalías, policías y servicios complementarios.
El calendario de entrada en operación no se comunicará por razones de seguridad, pero la hoja de ruta ya está delineada: separación efectiva de líderes y cuadros operativos de bandas, reducción de su capacidad de mando y control desde el encierro y un marco de supervisión que permita evaluar resultados y escalar el modelo. Con ello, el sistema penitenciario espera enviar una señal disuasiva y, al mismo tiempo, fortalecer las condiciones para la persecución penal y la seguridad pública en todo el país.
La apuesta, en definitiva, es combinar control, orden y estándares profesionales dentro de los recintos con inteligencia y coordinación interinstitucional fuera de ellos. Si el modelo se consolida en Antofagasta —como ocurrió en Santiago—, el Ministerio de Justicia y Gendarmería anticipan que la experiencia podrá extenderse a otros complejos, en función de la realidad delictual y las capacidades regionales. Mientras tanto, el foco está puesto en que los nuevos módulos entren en marcha sin contratiempos, con protocolos probados y una cadena de mando clara que resguarde tanto a la población penal como al personal a cargo.