- El Consejo Regional acordó citar a la Delegación Presidencial y oficiar a Contraloría ante eventuales rebajas presupuestarias que podrían afectar iniciativas ya aprobadas en salud, seguridad y educación, en un escenario nacional marcado por el fuerte aumento de los combustibles.
La discusión por el alza de los combustibles en Chile comenzó a golpear con fuerza a las regiones, pero en Antofagasta el debate sumó una segunda preocupación: el temor a que, en paralelo al mayor costo de la energía y el transporte, también se apliquen rebajas presupuestarias desde el nivel central a proyectos que ya fueron aprobados para la zona. En ese contexto, el pleno del Consejo Regional de Antofagasta, reunido este jueves en Calama, resolvió dar una señal política e institucional de resguardo frente a iniciativas que hoy están en ejecución o listas para avanzar.
La alarma no es menor. El país enfrenta desde este jueves 26 de marzo una fuerte alza en el precio de los combustibles, con incrementos proyectados de 370 pesos por litro en las gasolinas y de 580 pesos por litro en el diésel, en medio de ajustes al Mepco y de un escenario de tensión internacional por el precio del crudo. Ese cuadro, además de encarecer el transporte y presionar el costo de vida, ha abierto un conflicto político y territorial por los efectos que tendrá en regiones extensas, productivas y altamente dependientes de la movilidad, como Antofagasta.
Fue en ese marco donde consejeros y consejeras regionales sostuvieron una larga discusión sobre las anunciadas rebajas presupuestarias que podrían aplicarse desde Santiago y que, según advirtieron, amenazan con retrasar o debilitar la materialización de obras ya comprometidas. La inquietud apunta especialmente a proyectos de salud, seguridad y educación, tres áreas especialmente sensibles para una región que no solo enfrenta presiones por crecimiento y demanda social, sino también por el impacto económico que trae consigo el aumento del combustible.
El primer acuerdo adoptado por el CORE surgió a partir de una propuesta de la consejera regional Sandra Berna. La iniciativa busca concretar una reunión con la delegada presidencial regional, Katherine López Rivera, junto a los principales ministerios inversores, una vez que estén definidos los seremis, con el objetivo de revisar el listado de proyectos con financiamiento compartido entre carteras sectoriales y el Gobierno Regional que podrían sufrir retrasos por falta de recursos.
La preocupación del Consejo se sostiene en una realidad concreta: una parte importante de los proyectos financiados vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional depende también de aportes ministeriales. Por eso, cualquier estrechez económica declarada por el nivel central puede terminar impactando directamente obras ya aprobadas en la región. El gobernador regional y presidente del CORE, Ricardo Díaz, sostuvo que el objetivo es resguardar que todo lo ya aprobado en beneficio de Antofagasta siga adelante y no se vea afectado por problemas fiscales definidos fuera del territorio.
Pero la sesión no se quedó solo en la advertencia política. El pleno también aprobó una segunda medida, propuesta por la consejera Paula Orellana, para oficiar a la Contraloría y consultar sobre la legalidad de las rebajas que la Dirección de Presupuestos realiza a recursos del FNDR ya asignados a la región, especialmente cuando estas disminuciones se harían sin acuerdo del Consejo Regional y sin claridad pública sobre sus límites o frecuencia durante un mismo año presupuestario.
Ricardo Díaz fue explícito en ese punto. Según indicó, la ley establece que toda modificación presupuestaria al FNDR debe pasar por sanción del Consejo Regional, por tratarse de un organismo autónomo respecto del nivel central. De ahí que el oficio a Contraloría apunte a establecer con claridad si dichas rebajas pueden aplicarse sin aprobación del CORE, un punto que, de confirmarse, abriría un nuevo flanco institucional entre la región y Santiago.
Lo que hoy está sobre la mesa, por tanto, no es solo una disputa administrativa. Es una señal de alerta sobre cómo las regiones pueden terminar absorbiendo de manera simultánea dos impactos severos: por un lado, el encarecimiento del combustible y del transporte; por otro, la eventual ralentización de inversiones públicas ya comprometidas para responder a demandas urgentes de la ciudadanía. En una zona como Antofagasta, donde las distancias son largas, la actividad económica depende fuertemente de la logística y la infraestructura pública sigue siendo decisiva para sostener crecimiento y calidad de vida, ambos factores se cruzan de forma especialmente crítica.
La situación adquiere todavía mayor sensibilidad porque el propio paquete de mitigación anunciado por el Gobierno ante el alza de combustibles incluye medidas como subsidios al transporte y apoyos focalizados, pero el problema de fondo sigue siendo que cualquier mayor costo nacional repercute con más fuerza en territorios alejados del centro político y administrativo del país. Antofagasta no solo paga más por movilizar personas y bienes; también arriesga pagar el costo de recortes que podrían demorar proyectos largamente esperados por sus habitantes.
Finalmente, la señal del CORE es correcta y necesaria. Cuando una región enfrenta el impacto de una crisis nacional, lo mínimo esperable es que las obras ya aprobadas no se transformen en la variable de ajuste de los problemas fiscales del nivel central. Lo que hoy está en juego no son solo números en una planilla presupuestaria, sino hospitales, iniciativas de seguridad, infraestructura educativa y respuestas concretas para una ciudadanía que ya soporta un aumento en el costo de vida. Si a la presión del combustible se suma la incertidumbre sobre proyectos regionales, el daño deja de ser económico y pasa a ser también político y social. Antofagasta necesita certezas, no recortes silenciosos; necesita coordinación institucional, no decisiones unilaterales; y necesita que el desarrollo comprometido para la región no se frene justo cuando más se requiere proteger a sus habitantes.