- La reformalización y cierre de investigación se llevarán a cabo el próximo 21 de enero, tras solicitud de la Fiscalía debido a diligencias pendientes relacionadas con los imputados y fundaciones como Democracia Viva y TomArte.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta programó para el martes 21 de enero de 2025 la audiencia de reformalización y cierre de investigación en la causa conocida como “caso convenios”, liderada por la Fiscalía Regional de Antofagasta. La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en acuerdos suscritos en 2022 entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la región y las fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo.
La decisión del tribunal responde a una solicitud planteada por el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, quien argumentó la necesidad de ampliar los plazos debido a diligencias pendientes esenciales para la causa. Según Aguilar, estas diligencias fueron requeridas por las defensas de los imputados, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el propio Ministerio Público.
Investigaciones clave en curso
Entre las diligencias en desarrollo, el fiscal Aguilar destacó una reciente encomienda a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI). Este procedimiento busca confirmar o descartar la participación de algunos imputados en los hechos investigados. “Estas diligencias son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y para determinar responsabilidades con el nivel de certeza que este caso amerita”, señaló el fiscal.
El Consejo de Defensa del Estado, en tanto, ha solicitado nuevas líneas investigativas que también serán incorporadas en este período previo al cierre de la indagatoria. Estas acciones se enmarcan en la búsqueda de clarificar posibles vínculos entre las fundaciones involucradas y las autoridades que suscribieron los convenios cuestionados.
Un caso de alta relevancia pública
El caso convenios ha captado la atención pública debido al uso de recursos públicos por parte de las fundaciones involucradas, así como por el alcance de las investigaciones que podrían derivar en responsabilidades penales y administrativas. Este caso podría sentar precedentes para la fiscalización de acuerdos similares en otras regiones.
Con esta reformalización y el eventual cierre de la investigación, la Fiscalía busca consolidar las pruebas recopiladas y delimitar las acusaciones formales contra los implicados. El resultado de estas diligencias será clave para el desarrollo del juicio y para garantizar la transparencia en los procesos vinculados a fondos públicos.
La audiencia del 21 de enero marcará un hito en este caso, donde el trabajo conjunto del Ministerio Público, la PDI y el CDE continúa siendo esencial para el avance de una investigación compleja que busca aclarar responsabilidades en un tema que ha generado amplio interés ciudadano.