Inicio

• Las multas por no otorgar el beneficio van desde 5 hasta 60 UTM.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, hace un llamado a las y los trabajadores de la región, que se encuentren dentro de la población objetivo, a utilizar el permiso laboral y vacunarse contra la influenza y el Covid-19. 

“Es importante informar que todos los trabajadores, a quienes está destinada la campaña de vacunación e inmunización del Ministerio de Salud, tienen derecho a un permiso laboral de medio día para acudir a vacunarse, el cual deben pedir con dos días de anticipación a sus empleadores. Nuestro llamado también es a las y los empleadores para que den estas facilidades a quienes lo requieran, con el fin de que no se expongan a multas por parte de la Dirección del Trabajo”, explicó la seremi del Trabajo Camila Cortés.

Las multas para empleadores van de 5 a 60 UTM (entre $341.530 y $4.098.360 aproximadamente) dependiendo si son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas.

Entre los grupos objetivos que deben vacunarse contra la Influenza y el Covid-19 están el personal de salud (público y privado), personas de 60 años y más, personas con patologías crónicas (desde los 6 meses en Covid-19 y entre los 11 y 59 años en Influenza), gestantes y cuidadores de personas mayores y funcionarios de ELEAM.

Asimismo, y en el caso particular de la vacuna contra Influenza, también incorpora a los niños y niñas desde los seis meses hasta quinto básico y docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta 8° básico.

Sumado a esto, la campaña además incluye la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (Nirsevimab), la cual se administrará por segundo año consecutivo de manera gratuita y universal a los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2024 y recién nacidos en las maternidades.

Cabe destacar que para las personas de 65 años también está disponible la vacuna contra el neumococo y, para gestantes a partir de las 28 semanas de embarazo, la vacuna contra el coqueluche (dTpa). Las vacunas se administran de manera gratuita en vacunatorios públicos y privados en convenio.

• La unidad SACFI, junto al equipo ECOH del Ministerio Público y personal especializado de Carabineros, realiza intensas diligencias para esclarecer el crimen de un ciudadano extranjero ocurrido durante la madrugada.
  

La Fiscalía Regional de Antofagasta, a través de su Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), en coordinación con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, Labocar y el OS9 de Carabineros, se encuentra liderando una investigación por un homicidio ocurrido esta madrugada en un campamento informal ubicado en el sector La Negra, a las afueras de la ciudad.

Según antecedentes preliminares recabados en el sitio del suceso, la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad extranjera, de 38 años de edad, quien habría fallecido producto de múltiples heridas cortopunzantes.

Los equipos especializados trabajan intensamente en diversas diligencias investigativas, como levantamiento de evidencia científica, empadronamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y peritajes forenses, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y dar con la identidad y paradero del o los responsables.

Se espera que durante las próximas horas se entreguen nuevos antecedentes conforme avance la indagatoria.

• Diligencias se desarrollaron en cinco domicilios, incluido el Edificio Corporativo de Zofri.

En el marco de investigaciones por tres causas distintas relacionadas con los delitos de fraude al Fisco, contrabando y delitos tributarios, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, junto al fiscal Eduardo Ríos Briones, de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, dirigieron esta mañana una serie de diligencias en la Zona Franca de Iquique.

Las actuaciones, autorizadas previamente por el tribunal competente, contemplaron el allanamiento de cinco domicilios ubicados en dependencias de Zona Franca, entre ellos el Edificio Corporativo de Zofri S.A. y oficinas correspondientes a usuarios del sistema franco.

Las diligencias contaron con el apoyo especializado de la Jefatura de Investigación Patrimonial de la Sección OS7 de Carabineros, unidad que ha prestado colaboración en materia operativa e investigativa, dada la complejidad de los hechos indagados.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dijo que las investigaciones tienen su origen en un informe realizado por Contraloría General de la República que fue remitido al Ministerio Público, como también en una querella del Servicio de Impuestos Internos y una denuncia del Servicio Nacional de Aduanas.

Estas últimas en un comienzo fueron investigadas por el Ministerio Público de la Región de Tarapacá, pero posteriormente, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia Vásquez, en uso de sus facultades legales, las transfirió a la Fiscalía Regional de Antofagasta.

ANTECEDENTES

El persecutor manifestó que el objeto de las diligencias desarrolladas hoy era buscar una serie de antecedentes que dicen relación con los distintos hechos de denunciados, todo esto, por la vía de una orden judicial de entrada, registro e incautación de evidencia, la cual se desarrolló exitosamente.

Por su parte, respecto al desarrollo de las diligencias, el fiscal Eduardo Ríos Briones explicó que durante el procedimiento se incautó diversa evidencia de carácter digital y documental, relacionada con los hechos que fueron denunciados, tanto por el Servicio de Impuestos Internos, como por Aduanas y Contraloría.

Briones recalcó que los allanamientos se desarrollaron sin contratiempos en los domicilios de tres usuarios distintos de la zona franca y que ahora el material recogido será analizado junto a las unidades especializadas de Carabineros.

Cabe precisar que los procedimientos forman parte de un trabajo sostenido en el tiempo, orientado a desarticular eventuales redes delictivas que estarían operando en el sistema de Zona Franca, afectando gravemente los intereses fiscales del Estado.

Operaciones similares se han llevado a cabo en los últimos años, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el fraude fiscal.

• Desde San Pedro de Atacama, el diputado Sebastián Videla advirtió sobre la falta de participación de comunidades en el acuerdo por el litio entre SQM y Codelco, y denunció graves acusaciones de coimas por parte de fundaciones vinculadas a empresas del sector. El parlamentario exigió mayor compromiso del Gobierno y una investigación a fondo de los hechos.

Desde la histórica comuna de San Pedro de Atacama, el diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, se refirió a la creciente preocupación de comunidades indígenas y locales respecto al acuerdo entre la minera SQM y Codelco por la explotación del litio en el Salar de Atacama. En el marco de una sesión de la Comisión Investigadora del Congreso, el parlamentario denunció que muchas de estas comunidades se sienten excluidas del proceso y advirtió sobre graves denuncias de posibles sobornos por parte de fundaciones vinculadas a empresas del rubro.

“Hoy me encuentro en San Pedro de Atacama como diputado participando en la Comisión Investigadora del Acuerdo SQM-Codelco-Litio. Lo primero que me preocupa es que las comunidades, algunas de ellas que han podido exponer hoy, no se sienten parte de este proceso, y eso me preocupa muchísimo”, señaló Videla ante los medios.

El parlamentario destacó la participación de comunidades como la de Liquiñe-Llantai y Toconao, quienes asistieron a la sesión y manifestaron su malestar por la falta de inclusión en las decisiones sobre el uso de sus territorios ancestrales. “Algunas están de acuerdo en avanzar en tecnología, en desarrollo minero, pero el centro de todos los avances debe ser considerado con las comunidades. Varios de ellos han planteado que no ha sido así”, agregó.

Más aún, Videla reveló que durante las audiencias se han conocido denuncias de soborno, lo que calificó como un asunto grave que amerita ser investigado por otras instancias más allá de la comisión parlamentaria. “Algunas comunidades han planteado situaciones de denuncia de coimas, y eso debe ser investigado incluso por otras entidades”, recalcó.

Frente a este complejo panorama, el legislador exigió un rol mucho más activo del Ejecutivo: “El Gobierno debe tener un rol más protagónico. Acá el ministro de Economía, incluso el presidente Boric, la ministra del Medio Ambiente y otros ministros deben involucrarse más. Esta región produce algo muy importante para el país: el litio, el oro, y muchos otros elementos estratégicos. Por eso no puede haber una desconexión con las comunidades”.

Videla reafirmó que continuará presionando desde la Comisión Investigadora para que se garantice la transparencia del acuerdo y la participación efectiva de los pueblos originarios y habitantes del territorio. “Vamos a estar muy pendientes en el desarrollo de esta comisión y en el documento final que se elaborará con todas las observaciones y testimonios recogidos. Lo que está en juego es demasiado importante como para dejarlo en manos de decisiones unilaterales o acuerdos sin consulta”, concluyó.

El caso sigue sumando voces y tensiones, mientras diversos actores sociales y políticos exigen que el desarrollo del litio —clave para la transición energética global— se haga con justicia territorial y respeto a los derechos de las comunidades.

• El Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común de Calama fue declarado zona de prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas. En total, la región suma 8 declaraciones de este tipo, incluyendo esta última.

Con el fin de proteger y conservar las aguas subterráneas del país, la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP tiene la facultad de emitir declaraciones de zona de prohibición para determinados Sectores Hidrogeológicos de Aprovechamiento Común (SHAC) o acuíferos, y así evitar su sobreexplotación, resguardando los derechos de aprovechamiento de aguas ya constituidos y limitando la constitución de nuevos.

De este modo, la DGA declaró como zona de prohibición el SHAC Calama, en la provincia del Loa, Región de Antofagasta, herramienta que prohíbe otorgar nuevas concesiones de aguas ya sean definitivas o provisionales, a fin de resguardar la seguridad hídrica en el sector. La resolución que así lo establece fue publicada este martes 15 de abril en el Diario Oficial.

El director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, indicó que “realizado el análisis de la oferta de recursos hídricos y la demanda comprometida en el sector acuífero Calama, se estimó que existe riesgo grave de disminución de sus aguas subterráneas, por lo que no se otorgarán nuevas concesiones de derechos de aprovechamiento de aguas. Sin embargo, no solo se trata de limitar el otorgamiento de nuevos derechos, sino que se requiere avanzar en gobernanza desde la cuenca del río Loa, donde se ubica el SHAC Calama, y ejercer una gestión integrada de los recursos hídricos”.

En tanto, el seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, precisó que actualmente a nivel país existen 143 zonas de prohibición, de las cuales 8 corresponden a la Región de Antofagasta, incluido el SHAC Calama. “Cabe señalar que una declaración de zona de prohibición imposibilita otorgar nuevas concesiones de aguas ya sean definitivas o provisionales, a fin de resguardar la seguridad hídrica. Además de lo anterior, se requiere que las comunidades que ya cuenten con derechos velen por un uso racional del agua que permita avanzar hacia la seguridad hídrica”, dijo Barrios.

CÓDIGO DE AGUAS
Cabe recordar que la reforma al Código de Aguas estableció que una vez declarado un acuífero como zona de prohibición, los titulares de derechos allí comprendidos deben organizarse para conformar una comunidad de aguas subterráneas en un año. Si transcurrido el plazo no se ha organizado la comunidad, la DGA no podrá autorizar cambios de punto de captación en dicha zona.

El directorio de una comunidad de aguas subterráneas tiene los siguientes deberes y atribuciones: la distribución de las aguas del SHAC entre los comuneros a prorrata de sus derechos de aprovechamiento; promover una gestión integrada y sustentable; instalar y operar un sistema de control de extracciones, medición de niveles, cantidad y calidad de aguas subterráneas; mantener un registro de producción de cada captación; atender oportunamente los requerimientos de información de la DGA y de sus usuarios, así como las obligaciones de envío de información contenidas en el Código de Aguas; mantener y mejorar sus obras de captación; realizar estudios e implementar técnicas que permitan la recarga artificial de la fuente subterránea; regular la explotación del SHAC, haciendo evaluaciones en forma permanente y oportuna para prevenir efectos asociados a la sobreexplotación de sus aguas y realizar estudios que justifiquen la aplicación de medidas para reducir la explotación cuando sea necesario.