- La autoridad sostuvo que la información consolidada por la Subsecretaría de Prevención del Delito reúne datos de todas las instituciones del Estado y permite construir una base común, validada y estandarizada para enfrentar con mayor eficacia los delitos violentos.
En medio del intenso debate abierto por la evolución de los homicidios en el país, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, salió a fijar la posición del Gobierno y a defender el sistema oficial de medición que utiliza el Estado para monitorear los delitos más graves. La autoridad recalcó que contar con información clara, confiable y técnicamente validada es esencial para enfrentar el crimen con seriedad, especialmente cuando la discusión pública ha quedado cruzada por interpretaciones distintas sobre los mismos fenómenos.
Desde la Subsecretaría explicaron que el trabajo del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos consiste precisamente en integrar antecedentes provenientes de diversas instituciones, entre ellas las policías y el Ministerio Público, para levantar una estadística única, rigurosa y estandarizada. Ese esfuerzo, según sostuvo Quintana, no solo busca ordenar la información, sino también entregar una herramienta sólida para la toma de decisiones, la prevención y el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.
En esa línea, la subsecretaria fue enfática al remarcar que “las cifras oficiales son las cifras que mantenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito”, porque son justamente las que “aúnan todos los resultados que han tenido distintas instituciones” y no únicamente los datos parciales de un organismo en particular. A juicio de la autoridad, esa es la principal fortaleza del sistema: no depende solo de la Fiscalía ECOH ni solo de Carabineros, sino que consolida el aporte de todas las entidades que intervienen en la persecución y registro de estos hechos.
Quintana agregó que toda esa información es derivada al Centro Nacional de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, desde donde se construye una visión consolidada del fenómeno criminal. En sus palabras, “aquí contribuyen todas las instituciones y eso es lo que llega al Centro Nacional de Prevención de Homicidio y Delitos Violentos”, reforzando así la idea de que el Gobierno busca establecer una base común que permita evitar lecturas fragmentadas o parciales del comportamiento de los delitos violentos.
A partir de ese análisis integrado, la subsecretaria sostuvo que los datos disponibles muestran “una disminución en el inicio y una estabilización, digamos, la última semana”, aunque evitó caer en triunfalismos. De acuerdo con el informe difundido por la propia Subsecretaría, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026 se registraron 247 víctimas de homicidio a nivel nacional, lo que representa una disminución de 14,2% respecto del mismo período del año anterior, cifra que el Ejecutivo ha presentado como una señal alentadora, aunque todavía preliminar.
Pese a ese dato, Quintana insistió en que todavía es prematuro hablar de una tendencia cerrada. “Esperamos que esto siga a la baja, sin perjuicio de que evidentemente el hablar de cifras en este momento es muy prematuro, como para poder indicar cuál va a ser, cuál es la tendencia. Nosotros estamos trabajando para que esas cifras disminuyan”, afirmó, dejando en claro que la prioridad del Gobierno está puesta en consolidar una trayectoria descendente, pero sin sobredimensionar resultados de corto plazo.
El mensaje de la subsecretaria se produce en un momento especialmente sensible, luego de que en los últimos días surgieran cuestionamientos desde el Congreso respecto de otros indicadores, como los publicados por STOP de Carabineros o por equipos especializados del Ministerio Público. Frente a ello, el Gobierno ha intentado marcar una diferencia metodológica: mientras algunos reportes sirven para observar variaciones recientes o responder con rapidez a determinados hechos, la estadística oficial que defiende la Subsecretaría busca entregar una mirada consolidada, comparable y validada entre instituciones.
Esa distinción no es menor, porque instala una discusión de fondo sobre cómo se construye la política de seguridad. Para Quintana, la clave está en trabajar sobre información armonizada y técnicamente robusta, capaz de evitar distorsiones y de orientar mejor las decisiones del Estado. En otras palabras, la autoridad busca que el debate público no se reduzca a una pugna de cifras, sino que avance sobre una base común de datos verificables y compartidos. Esa es, justamente, la lógica que el Ejecutivo quiere reforzar en medio de la controversia.
Con ello, la subsecretaria de Prevención del Delito no solo defendió el método oficial, sino que además intentó enviar una señal política: el combate al crimen exige evidencia seria, coordinación interinstitucional y prudencia al momento de interpretar los números. En tiempos de alta sensibilidad por la seguridad, su mensaje apuntó a ordenar el debate y a reafirmar que la prevención efectiva no puede construirse sobre datos dispersos, sino sobre información consistente, validada y común para todo el aparato del Estado.