- El diputado Jaime Araya advirtió que los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 36,8% y que, en los últimos 28 días, el alza nacional llega a 42,3%, según datos oficiales de Fiscalía y Carabineros.
El debate por la seguridad pública volvió a escalar con fuerza luego de que el diputado Jaime Araya, tras un punto de prensa realizado ayer, cuestionara duramente el enfoque del Gobierno frente al avance del crimen organizado y el incremento de los homicidios en el país. El parlamentario sostuvo que las cifras que hoy están sobre la mesa no corresponden a interpretaciones políticas ni a estimaciones de la oposición, sino a datos oficiales emanados desde la Fiscalía y Carabineros, en un contexto donde la principal exigencia ciudadana apunta a acciones concretas para resguardar a las familias chilenas.
Según los antecedentes que han marcado la controversia en los últimos días, la plataforma STOP de Carabineros reportó 74 homicidios en los últimos 28 días —entre el 2 y el 29 de marzo—, lo que representa un aumento de 42,3% respecto del mismo período del año anterior, mientras que cifras del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECOH, de la Fiscalía, difundidas en la discusión pública, dieron cuenta de un alza de 36,8% en los homicidios e intentos de homicidio en el período comparado.
En ese escenario, Araya elevó el tono de sus críticas y apuntó directamente a la conducción política del Gobierno en materia de seguridad. “Los homicidios ligados al crimen organizado aumentaron 36,8% según la Fiscalía, y a nivel nacional suben 42,3% en 28 días según STOP de Carabineros. No son cifras de los diputados, son datos oficiales. El Gobierno no puede seguir desenfocado: la ciudadanía espera menos discusión sobre cifras y más medidas concretas para proteger a las familias”, afirmó.
La intervención del legislador se instaló en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y sectores de la oposición respecto de la forma en que se están presentando los datos sobre homicidios. Mientras desde el Gobierno se ha insistido en que entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026 se registran 247 víctimas de homicidio, lo que equivale a una baja de 14,2% respecto del mismo período del año anterior, desde el Congreso y diversos analistas se ha advertido que también existen otros indicadores oficiales que muestran un deterioro reciente, particularmente al medir semanas móviles o hechos asociados al crimen organizado.
Para Jaime Araya, sin embargo, el foco no debe estar en una disputa metodológica interminable, sino en la respuesta del Estado frente a una amenaza que, a su juicio, sigue avanzando con intensidad. “La ministra está absolutamente desenfocada, preocupada de las polémicas que ella misma y el gobierno han armado en materia de seguridad, y los datos indican que están perdiendo el tiempo. El crimen organizado sigue intensamente amenazando la seguridad de las familias de nuestro país”, sostuvo el parlamentario.
En sus declaraciones, el diputado insistió en que lo que corresponde ahora es sincerar el debate y asumir que el fenómeno delictual exige una reacción mucho más decidida. “Por lo tanto, el llamado es a tener una discusión honesta intelectualmente, comparemos las cifras como corresponden. Son las cifras que dan Carabineros y el Ministerio Público, no los diputados. Por lo tanto, trabajemos sobre eso con medidas concretas, que es lo que la ciudadanía espera más de una discusión estéril en torno a cifras”, agregó.
El trasfondo de sus palabras refleja una inquietud que se ha instalado con creciente fuerza en la agenda nacional: la sensación de que el crimen organizado avanza más rápido que la capacidad de respuesta política. Para Araya, ese desfase no solo debilita la confianza pública, sino que además transmite una señal equivocada en momentos en que los hogares chilenos observan con preocupación el aumento de hechos violentos, asesinatos y disputas territoriales ligadas a bandas criminales.
La controversia también ha dejado en evidencia una fractura en la forma de leer las estadísticas de seguridad. Mientras algunos sectores del Ejecutivo defienden una mirada anual o acumulada, más estable y consolidada, desde la oposición y parte del mundo experto se ha argumentado que las cifras recientes permiten detectar alzas puntuales que no pueden ser relativizadas, especialmente cuando muestran un empeoramiento en semanas consecutivas. BioBioChile recogió precisamente esa diferencia de enfoques, consignando que la cifra utilizada por Araya responde a un criterio de seguimiento rápido de la evolución del delito, frente a la mirada más amplia que promueve la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Más allá de esa discusión técnica, el mensaje político del diputado fue claro: si los datos oficiales muestran un alza en homicidios, el Gobierno debe actuar con mayor sentido de urgencia y abandonar las controversias que, en vez de resolver el problema, terminan desviando la atención pública. La crítica apunta especialmente a la conducción del Ministerio de Seguridad, al que acusa de concentrarse en polémicas comunicacionales en lugar de encabezar una estrategia robusta contra el crimen organizado.
Así, las palabras de Jaime Araya no solo reabren el debate sobre cómo se cuentan los homicidios en Chile, sino también sobre cómo se gobierna una crisis de seguridad que exige menos explicaciones y más resultados. En esa línea, el parlamentario busca instalar una idea que hoy parece resonar con fuerza en la opinión pública: cuando las cifras oficiales alertan sobre el avance de la violencia, lo urgente no es discutir quién tiene la razón en el papel, sino quién está protegiendo de verdad a las familias chilenas.