- Los recientes casos vinculados al tráfico de drogas en unidades cercanas a la frontera con Bolivia inquietan al Gobierno y evidencian las debilidades del sistema de control interno de las Fuerzas Armadas. En 2021, Transparencia Internacional ya había advertido que Chile presentaba un alto riesgo de corrupción en el área de Defensa.
Los recientes escándalos de narcotráfico que afectan a personal de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y del Ejército reavivaron la preocupación del Gobierno y pusieron en evidencia una serie de falencias institucionales advertidas desde hace años por organismos internacionales. Ambas causas, surgidas desde unidades militares emplazadas en zonas estratégicas del norte del país, han sacado a la luz la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y el enfoque anticorrupción en las Fuerzas Armadas.
El caso más reciente fue revelado el sábado 5 de julio por la propia FACH, que informó la detección de un intento de traslado de droga por parte de funcionarios de la Brigada Aérea de Iquique, previo a un vuelo institucional hacia Santiago. “Cinco involucrados fueron puestos a disposición de la justicia y privados de libertad”, detalló la institución. Sin embargo, la negativa de la FACH a remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía Regional de Tarapacá derivó en una controversia judicial. La fiscal regional Trinidad Steinert presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Iquique para resolver si la causa será investigada por el Ministerio Público o por la Fiscalía de Aviación.
Apenas días antes, el 26 de junio, siete militares —principalmente suboficiales de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” del Ejército— y una civil fueron enviados a prisión preventiva por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para el narcotráfico. Según la investigación liderada por la Fiscalía de Tarapacá junto al OS-7 de Carabineros, los ahora exuniformados trasladaban droga proveniente de Bolivia hacia Santiago utilizando vehículos con compartimentos ocultos.
En esa operación se incautaron 161,6 kilos de cocaína, cerca de 30 kilos de pasta base y tres vehículos avaluados en aproximadamente 40 millones de pesos. El impacto del caso fue tal que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, lo calificó como “el hecho más grave del que hemos tenido registro en el último tiempo”.
Ambas situaciones no solo han puesto en entredicho la integridad de las unidades emplazadas en la frontera con Bolivia —zona sensible por su cercanía a rutas de narcotráfico—, sino que también revivieron los hallazgos del Índice de Integridad en Defensa (GDI, por sus siglas en inglés), elaborado por Transparencia Internacional y publicado en noviembre de 2021.
Este informe clasificó a Chile dentro de los países con alto riesgo de corrupciónen el sector de defensa y seguridad, basándose en una evaluación exhaustiva que incluyó normas de conducta, mecanismos de denuncia, formación anticorrupción, gestión de recursos y operaciones militares.
Entre sus principales observaciones, el índice advertía que los códigos de conducta de las Fuerzas Armadas están dispersos y carecen de claridad sobre delitos como el soborno o el tráfico de influencias. También criticaba la falta de entrenamiento sistemático en materias de prevención de corrupción, la debilidad de los canales de denuncia de irregularidades y la inexistencia de resguardos sólidos contra prácticas corruptas durante operaciones militares.
En el área de personal, se calificaba como “muy alto” el riesgo de que se pagaran sobornos para evitar el reclutamiento —aunque el servicio militar en Chile es voluntario, salvo cuando no se llenan los cupos disponibles— y como “moderado” el riesgo de coimas para acceder a cargos preferenciales.
El informe también aludía al Milicogate, caso de fraude en el Ejército que reveló graves fallas en la fiscalización del uso de recursos públicos, financiados en ese entonces por la Ley Reservada del Cobre.
Consultado por estos antecedentes, el Ministerio de Defensa no entregó respuesta a las consultas enviadas por este medio, lo que profundiza las dudas sobre la capacidad del Estado para fiscalizar eficazmente a las Fuerzas Armadas y reforzar sus estándares de probidad.
Los recientes casos han puesto en el centro del debate una pregunta fundamental: ¿cuán preparadas están hoy las instituciones armadas para enfrentar no solo amenazas externas, sino también la infiltración del crimen organizado en sus propias filas?
Para diversos expertos, estos episodios podrían ser solo la punta del iceberg. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de control, denuncia y formación interna en torno a la corrupción, la seguridad nacional —y la confianza ciudadana en sus Fuerzas Armadas— seguirá en riesgo.
Fuente: Ex Ante