- El Informe Final N°51 de 2026 reveló que la Superintendencia de Servicios Sanitarios no realizó inspecciones en terreno, mantuvo retrasos en evaluaciones y reclamos, y careció de criterios formales para priorizar su labor fiscalizadora.
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República encendió las alertas sobre la labor de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, luego de detectar una serie de deficiencias en el control de la calidad del agua potable que debe ejercer sobre empresas del sector. Se trata del Informe Final N°51 de 2026, elaborado tras una auditoría de la División de Infraestructura y Regulación de la CGR, que revisó la fiscalización realizada por la SISS entre enero de 2024 y julio de 2025 respecto de tres sanitarias con operaciones en distintas zonas del país.
Según los antecedentes dados a conocer, la superintendencia no efectuó inspecciones en terreno a instalaciones de agua potable de Aguas San Isidro, Nueva Atacama S.A. y Agua Potable Melipilla Norte S.A., pese a que existían condiciones que eventualmente podían afectar la calidad y la continuidad del suministro. La observación golpea el corazón mismo del sistema de control, porque expone que la fiscalización no solo fue insuficiente en el papel, sino también débil en la verificación directa de situaciones potencialmente sensibles para miles de usuarios.
La auditoría además estableció que la SISS no cuenta con criterios formales de priorización que orienten su labor fiscalizadora, una carencia que, a juicio de Contraloría, podría influir en la selección de los servicios sanitarios sometidos a evaluación. En otras palabras, el organismo fiscalizador advirtió que no existiría una base suficientemente reglada para determinar dónde, cuándo y bajo qué urgencia se deben concentrar las revisiones, abriendo un flanco relevante sobre la consistencia técnica del sistema de supervisión.
A ello se sumó otra observación de peso: la SISS no derivó antecedentes de eventuales incumplimientos a otras entidades competentes, entre ellas las seremis de Salud y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pese a que se detectaron antecedentes que podían ameritar esa comunicación. Contraloría también constató que la institución carece de procedimientos internos que regulen esas derivaciones, lo que vuelve más incierto el camino administrativo ante eventuales fallas que excedan el ámbito exclusivo de la superintendencia.
El informe también advirtió un desfase significativo en la evaluación semestral del sistema de autocontrol, situación que podría afectar la oportunidad para adoptar medidas correctivas y eventualmente iniciar procesos sancionatorios. Esa demora, según la revisión, se suma a retrasos en la atención de algunos reclamos de usuarios, con respuestas emitidas fuera de los plazos establecidos, lo que deja en evidencia debilidades no solo en la supervisión técnica, sino también en la respuesta institucional frente a las denuncias de la ciudadanía.
Frente a este escenario, la Contraloría instruyó a la SISS adoptar una serie de medidas correctivas orientadas a fortalecer sus procesos de fiscalización, regularizar la derivación de antecedentes a otros organismos, mejorar la oportunidad de sus evaluaciones y sanciones, y asegurar el cumplimiento de los plazos de atención ciudadana. El organismo fiscalizado deberá informar el estado de implementación de estas acciones en un plazo de 60 días hábiles, en una señal de que el caso no quedará solo en la constatación de falencias, sino que abrirá una etapa de seguimiento institucional.
El contenido del informe vuelve a instalar una discusión de fondo sobre la capacidad real del Estado para vigilar un servicio básico y estratégico como el agua potable. Porque más allá de los procedimientos administrativos, lo que queda en cuestión es la eficacia del sistema encargado de prevenir riesgos, reaccionar a tiempo y garantizar que el suministro llegue con estándares adecuados de calidad y continuidad. Y cuando las fallas aparecen precisamente en el organismo llamado a fiscalizar, la preocupación deja de ser técnica para convertirse en un asunto de confianza pública.