- El Presidente defendió su proyecto estrella en La Moneda, criticó a quienes rechazan la idea de legislar sin conocer el texto y apostó por instalar la propuesta como una decisión entre crecimiento y estancamiento.
El presidente José Antonio Kast firmó la mañana de este miércoles, en el Palacio de La Moneda, el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, la iniciativa que el propio oficialismo ha instalado como la principal apuesta legislativa del Gobierno desde su llegada al poder. Lejos de una ceremonia meramente protocolar, el acto tuvo el tono de una ofensiva política: Kast no solo presentó los ejes de la propuesta, sino que aprovechó la instancia para tensionar desde ya el debate parlamentario y emplazar a quienes han anunciado resistencia incluso antes del ingreso formal del texto al Congreso.
La arremetida presidencial estuvo dirigida especialmente contra sectores de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia, desde donde se había deslizado la opción de rechazar la idea de legislar la también llamada “ley miscelánea”. Kast criticó esa postura y sostuvo que la peor manera de legislar es oponerse sin haber conocido el contenido del proyecto, insistiendo en que el debate debe darse primero en las comisiones y no a través de consignas previas. En paralelo, valoró la apertura de algunos parlamentarios no oficialistas y destacó en particular la disposición del Partido de la Gente, dejando en evidencia que La Moneda ya trabaja en quebrar la resistencia opositora y construir apoyos fuera de su coalición.
El Gobierno presenta esta iniciativa como un plan para recuperar crecimiento, empleo y certezas económicas, pero el punto más sensible del proyecto está en su corazón tributario. Entre las medidas ya informadas figura la rebaja gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, junto con un crédito tributario de US$ 1.400 millones orientado a fortalecer el trabajo formal y beneficiar a unas 235 mil pymes. El Ejecutivo sostiene que la fórmula busca aumentar la inversión y generar empleo, mientras que sus detractores ven allí una reforma proempresa que se intenta legitimar bajo el paraguas político de la reconstrucción nacional.
Según los antecedentes difundidos por el propio Gobierno, el plan contempla 43 medidas agrupadas en cinco grandes ejes: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, mayor certeza jurídica y contención del gasto público. Esa amplitud es, a la vez, su fortaleza y su principal flanco. Le permite a Kast presentar una agenda integral de reactivación, pero también abre cuestionamientos respecto de si se está intentando concentrar demasiadas materias distintas en un solo proyecto, forzando una discusión comprimida y políticamente presionada.
Ahí asoma la lectura más crítica del episodio. Aunque el Gobierno insiste en que esta no es una iniciativa ideológica, la oposición ha respondido que el plan mezcla reconstrucción, rebajas de impuestos, permisología y gasto público en una sola arquitectura legislativa, lo que a su juicio desdibuja la urgencia original y transforma la propuesta en una megarreforma económica con fuerte contenido doctrinario. El debate, por tanto, ya no gira solo en torno a la conveniencia de reactivar la inversión, sino sobre la legitimidad política de empaquetar bajo una misma etiqueta medidas que probablemente habrían enfrentado más resistencia si hubiesen ingresado por separado.
Durante la ceremonia, Kast buscó desdramatizar las críticas y elevó el proyecto a la categoría de definición histórica. Afirmó que la propuesta es importante para el Gobierno, pero “mucho más relevante para el futuro de nuestra nación”, y sostuvo que, de aprobarse, podría marcar “un antes y un después” en el desarrollo del país. Esa puesta en escena confirma que La Moneda resolvió jugarse capital político en esta discusión y convertir la tramitación legislativa en una prueba de fuerza, donde cada parlamentario quedará públicamente situado entre el respaldo al empleo o la defensa del estancamiento, según la lógica planteada por el propio Mandatario.
Pero ese encuadre también simplifica un debate que es bastante más complejo. Porque no toda crítica a la rebaja tributaria equivale a estar contra el empleo, del mismo modo que no todo apoyo al proyecto garantiza crecimiento real. El Congreso deberá revisar no solo si la rebaja del impuesto corporativo tendrá el efecto prometido sobre inversión y formalidad, sino también si el costo fiscal de esos incentivos es sostenible, cómo se compensará y qué sectores serán los principales beneficiados. La discusión de fondo, entonces, no será sobre un eslogan, sino sobre prioridades económicas concretas en un escenario donde las cuentas públicas siguen bajo presión.
La señal que dejó este miércoles es clara: Kast decidió salir a pelear antes de que la discusión comience formalmente. No esperó el ingreso del texto para marcar la cancha, ni dejó espacio para una lectura neutra del proyecto. Lo presentó como una respuesta al estancamiento, un camino de reactivación y una prueba de responsabilidad política para el Congreso. Pero al hacerlo también amarró su éxito —y parte importante del relato de su administración— a una iniciativa que llega rodeada de dudas, suspicacias y resistencias transversales.
En los hechos, el Plan de Reconstrucción Nacional ya nació como algo más que una ley. Nació como un campo de disputa. Para el oficialismo, representa la oportunidad de reactivar la economía, destrabar inversiones y mostrar conducción. Para la oposición, puede transformarse en el ejemplo más nítido de cómo usar una bandera políticamente atractiva para empujar una agenda económica de amplio alcance. Y en medio de esa pugna, el Congreso tendrá ahora la tarea de separar el discurso del contenido, la urgencia del cálculo y la promesa del impacto real.
Si algo dejó en evidencia la firma de este miércoles, es que el Gobierno no solo busca aprobar un proyecto: busca instalar un relato de reconstrucción bajo sus propios términos. La pregunta de fondo es si logrará convencer al Parlamento y al país de que esta propuesta está pensada primero para las familias y el empleo, y no, como ya acusan sus detractores, para reordenar la economía desde una visión promercado revestida de urgencia nacional. Ahí se jugará la verdadera batalla. Y ahí también se medirá si esta reforma será recordada como un punto de inflexión o como una apuesta sobredimensionada que chocó con la realidad política antes de empezar a caminar.