- El Presidente abordó la controversia durante un seminario del Consejo para la Transparencia, luego de que parlamentarios socialistas recurrieran a Contraloría por el encuentro con excompañeros de Derecho de la Universidad Católica.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció públicamente haber cometido un “error por desconocimiento” al realizar un almuerzo privado con excompañeros de universidad en dependencias del Palacio de La Moneda, episodio que abrió un flanco político e institucional por el uso de espacios públicos para actividades no oficiales.
La declaración fue realizada este viernes, durante su participación en el Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia, instancia en la que el Mandatario abordó directamente la polémica y sostuvo que el hecho no volverá a repetirse. El encuentro cuestionado se realizó días atrás con excompañeros de Derecho de la Universidad Católica y terminó derivando en una denuncia ante la Contraloría General de la República presentada por parlamentarios del Partido Socialista.
“Uno también puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir”, afirmó Kast ante los asistentes al seminario, en una intervención marcada por el tono de autocrítica, aunque también por algunos momentos de distensión.
El jefe de Estado agregó, entre risas, que “nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial”, frase que provocó carcajadas en la instancia, pero que al mismo tiempo dejó instalada una señal política: desde ahora, según sus propias palabras, las actividades en el Palacio de Gobierno deberán ajustarse estrictamente a su carácter institucional.
El episodio se originó luego de que el Presidente recibiera en La Moneda a antiguos compañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica. De acuerdo con los antecedentes difundidos, durante la actividad se sirvió un menú que incluyó tartar de tomates, vino tinto, puré rústico y plateada al jugo. La situación generó cuestionamientos desde la oposición, particularmente respecto del límite entre la vida privada de una autoridad y el uso de dependencias estatales.
La controversia escaló luego de que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini recurrieran a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre la legalidad del encuentro y el eventual uso de recursos públicos asociados a la actividad.
En su intervención, Kast sostuvo que este tipo de situaciones debe ser asumido como una oportunidad para corregir prácticas y mejorar los estándares de transparencia en el ejercicio del poder. “Uno puede enmendar, y para eso es la corrección”, señaló el Mandatario.
El Presidente también afirmó que las fiscalizaciones deben ser recibidas como mecanismos necesarios dentro de una democracia y no como simples obstáculos para la gestión pública. “Uno acoge también y agradece las fiscalizaciones. Si uno siempre actúa de la base de que una fiscalización es para mejorar algo que no estaba funcionando bien”, expresó.
En esa línea, el jefe de Estado subrayó que la transparencia no puede ser entendida solo como una aspiración discursiva, sino como una obligación permanente para quienes ejercen funciones públicas. “Cada día debemos esforzarnos cada uno de nosotros, nadie es perfecto”, afirmó, agregando que “todos tenemos que ir mejorando la transparencia y el dar a conocer los actos públicos”.
Las palabras de Kast se produjeron precisamente en una actividad dedicada a la transparencia, lo que dio un marco especialmente sensible a su reconocimiento. El Mandatario aprovechó la instancia para reforzar la idea de que todas las autoridades deben someterse a los mismos estándares de control, rendición de cuentas y probidad administrativa.
“Le hemos pedido incluso a todos los auditores internos que se activen más aún”, aseveró, en referencia a la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de revisión dentro del aparato estatal.
Más allá del tono distendido con que el Presidente abordó parte de la controversia, el caso instaló una discusión de fondo sobre el uso de espacios oficiales, la separación entre actos públicos y actividades privadas, y el estándar que debe regir a la máxima autoridad del país en el ejercicio cotidiano de sus funciones.
Para la oposición, el almuerzo en La Moneda abrió una señal preocupante sobre el uso de bienes fiscales y la necesidad de fijar criterios claros para evitar confusiones entre lo institucional y lo personal. Para el Gobierno, en cambio, el reconocimiento del error busca contener la polémica y cerrar el episodio bajo la promesa de que no se repetirá.
La decisión final sobre eventuales responsabilidades o alcances administrativos quedará ahora en manos de la Contraloría, organismo que deberá revisar los antecedentes presentados y determinar si existió o no alguna infracción a las normas que regulan el uso de dependencias públicas.
Por ahora, el propio Presidente optó por asumir el costo político del episodio y reconocer que se trató de una decisión equivocada. Su admisión, sin embargo, no cierra del todo el debate: lo traslada hacia una pregunta mayor sobre cómo deben comportarse las autoridades cuando los símbolos del Estado, como La Moneda, se cruzan con espacios de confianza personal.
En un país donde la ciudadanía exige cada vez mayores estándares de transparencia, el caso deja una advertencia clara para el poder político: no basta con financiar una actividad o explicar sus motivos; también importa el lugar, el contexto y la señal pública que se entrega desde la principal sede del Gobierno.