- Tras la defensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el crédito tributario al empleo y la baja de la tasa efectiva para pequeñas empresas, parlamentarios de oposición endurecieron su rechazo y calificaron la iniciativa como una reforma encubierta que favorece a los sectores de mayores ingresos.
Hoy tras la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante la Cámara volvió a instalar en el centro de la discusión legislativa el proyecto tributario impulsado por el Ejecutivo, particularmente en lo referido al crédito tributario al empleo y a la reducción de la tasa efectiva que pagarán las pymes en los próximos años. Desde el Gobierno se ha planteado que, de aprobarse la iniciativa, la carga tributaria para ese segmento podría disminuir de manera importante, permitiendo incluso que múltiples pequeñas empresas queden exentas del pago de impuesto, dependiendo de su situación tributaria.
Fue en ese contexto donde el secretario de Estado explicó que, bajo la legislación vigente, la tasa para este segmento se mantiene en 12,5% en los años tributarios 2027 y 2028, subirá a 15% en 2029 y llegará a 23% en 2030. Sin embargo, sostuvo que si se aprueba el crédito tributario al empleo contemplado en el proyecto, la tasa efectiva para las pymes con renta líquida imponible positiva bajaría a 7,8%, y en varios casos podría llegar a cero. Con ello, el Ejecutivo busca reforzar la idea de que la propuesta está orientada a la reactivación económica, al incentivo de la contratación formal y al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
Pese a esos argumentos, la iniciativa abrió un debate inmediato en el Congreso. Desde la oposición, varios parlamentarios expresaron reparos tanto por el diseño general del proyecto como por sus efectos fiscales y distributivos. Una de las voces críticas fue la del diputado Jaime Araya, quien cuestionó que la propuesta contemple una rebaja de impuestos que, a su juicio, podría terminar favoreciendo en mayor medida a sectores de altos ingresos o a grandes grupos económicos, más allá del discurso centrado en las pymes. El legislador planteó que la discusión debe considerar el contexto económico que enfrentan las familias y el efecto que cualquier merma en la recaudación puede tener sobre otras prioridades del Estado.
En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini manifestó sus dudas respecto del alcance real del proyecto, señalando que el debate no debe reducirse únicamente a una baja de tributos, sino también a quiénes serían sus principales beneficiarios. La parlamentaria sostuvo que resulta necesario revisar con mayor profundidad el impacto de la propuesta, especialmente en momentos en que el país enfrenta exigencias relevantes en materia de financiamiento público y demanda social.
También desde la Cámara surgieron observaciones respecto de algunos beneficios contenidos en el proyecto y su eventual efecto en autoridades o contribuyentes de alto patrimonio. El diputado Luis Cuello advirtió que el Congreso debe analizar con especial atención aquellas normas que podrían abrir cuestionamientos sobre su conveniencia o equidad, mientras que la diputada Gael Yeomans pidió mayor transparencia sobre los efectos concretos que tendrían las medidas propuestas en distintos segmentos de la población.
Más allá de las posiciones estrictamente oficialistas y opositoras, el debate también mostró matices en sectores parlamentarios que han seguido de cerca la situación de las pequeñas y medianas empresas. Desde la denominada bancada pro PYME se han levantado propuestas para perfeccionar el proyecto, entre ellas mantener de manera más estable una tasa reducida para ese sector y evitar cambios bruscos que, a futuro, terminen afectando a empresas que hoy necesitan certezas para sostener su actividad y generar empleo. Esa postura refleja que, incluso entre quienes valoran la intención de apoyar a las pymes, persisten dudas sobre la arquitectura final del texto.
De esta forma, el proyecto tributario comienza su tramitación en un escenario de debate técnico y político que anticipa una discusión intensa en el Congreso. Mientras el Ejecutivo insiste en que el crédito tributario al empleo permitirá aliviar de manera concreta la carga de las pymes y dinamizar la economía, parte de la oposición plantea que el análisis debe centrarse en la focalización de los beneficios, el impacto en la recaudación y la equidad del sistema.
En ese marco, la discusión parlamentaria se perfila como el espacio donde se resolverá no solo la viabilidad del proyecto, sino también el tono de una reforma que el Gobierno presenta como una herramienta de reactivación, pero que sus detractores observan con cautela. Por ahora, lo claro es que la defensa realizada por el ministro Quiroz no cerró el debate, sino que abrió una nueva etapa de revisión política en la que el foco estará puesto en si la promesa de alivio para las pymes logra traducirse en un respaldo transversal dentro del Congreso.