- La investigación, a cargo de la fiscal Liliana Machuca, busca esclarecer si hubo acceso ilícito a dispositivos electrónicos y quiénes estarían detrás del intento de chantaje. La Policía de Investigaciones realiza diligencias para rastrear el origen de los mensajes extorsivos.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra investigando un presunto caso de extorsión y acceso ilícito a información en el Ministerio del Interior, luego de que una exfuncionaria denunciara haber recibido amenazas de difusión de contenido privado. Según reveló Ciper, la mujer presentó una querella en la que acusa que en diciembre de 2023 recibió correos electrónicos exigiéndole $2 millones para evitar que se hicieran públicas conversaciones personales que sostuvo a través de WhatsApp con otra persona de la cartera.
El caso, que está siendo investigado bajo carácter reservado, se centra en determinar si hubo hackeo de dispositivos electrónicos y si la información privada fue obtenida mediante acceso no autorizado a sus cuentas de WhatsApp y correo electrónico.
Extorsión por correo: “Tenemos los contactos de los involucrados”
La querella detalla que el 27 de diciembre de 2023, la entonces funcionaria del Ministerio del Interior recibió un correo electrónico anónimo en el que se le informaba que sus conversaciones privadas habían sido intervenidas.
“Hemos hackeado su WhatsApp y obtenido sus conversaciones. Tenemos los contactos de los involucrados y conocemos su calidad de funcionario público de confianza, por lo que imaginamos que no espera que esto sea publicado. Enviamos algunas fotos de prueba, pero tenemos todo respaldado. Conteste el presente correo y daremos instrucciones de cómo evitar que se filtre la información. En caso de hacer una denuncia, se revelará todo (…)”, señalaba el mensaje extorsivo.
Dos días después, el 29 de diciembre de 2023, la mujer recibió un nuevo mensaje, esta vez a través de Telegram, en el que un supuesto autor de la extorsión pedía disculpas y aseguraba haber eliminado todo el contenido.
Investigación en curso: rastreo de IP y citaciones a declarar
El 10 de enero de 2024, la víctima presentó una querella criminal por los delitos de extorsión y acceso ilícito a información, la cual quedó en manos de la fiscal Liliana Machuca.
Como parte de la investigación, la Fiscalía solicitó a la Brigada del Cibercrimen de la PDI realizar una pericia informática para analizar los dispositivos electrónicos involucrados y rastrear el origen de los mensajes. En el documento judicial se pide que se rastreen las direcciones IP desde donde fueron enviados los correos y los mensajes de Telegram.
Además, en la querella se solicitó que siete personas, incluyendo algunos funcionarios del Ministerio del Interior, sean citados a declarar.
Extorsión y vulnerabilidad digital en organismos públicos
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de la ciberseguridad en organismos del Estado, donde el acceso ilícito a información puede derivar en extorsiones y filtraciones de datos sensibles.
Desde la Fiscalía indicaron que la investigación continuará bajo carácter reservado, con el fin de esclarecer si existen más personas involucradas en el delito y determinar cómo se obtuvo el contenido privado de la exfuncionaria.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior no ha emitido una declaración oficial sobre el caso, aunque se espera que una vez avanzadas las diligencias judiciales se entregue mayor información sobre los hallazgos.