- La ministra de Educación anunció nuevas medidas de seguridad para los colegios y confirmó un proyecto legal que buscará reforzar la autoridad docente y la capacidad de reacción de los establecimientos.
En medio de la conmoción nacional provocada por el fatal hecho ocurrido en un establecimiento educacional de Calama, donde una docente perdió la vida tras un ataque al interior de la comunidad escolar, la ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que el Gobierno elaborará un proyecto de ley para habilitar nuevas medidas de seguridad en los recintos educacionales, incluyendo la posibilidad de revisar mochilas por parte de los equipos escolares.
La decisión marca un giro en el debate sobre convivencia y seguridad escolar, especialmente luego de un episodio que remeció al país y volvió a instalar con fuerza la discusión sobre los límites de las herramientas con que hoy cuentan los colegios para prevenir hechos de violencia extrema. En ese contexto, la secretaria de Estado sostuvo que el Ministerio de Educación está trabajando en paralelo en reglamentos y orientaciones que permitan a los establecimientos actuar con mayor agilidad una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, la cual se encuentra actualmente en proceso de toma de razón.
“Estamos avanzando en los reglamentos necesarios y las orientaciones necesarias para que una vez promulgada la Ley de Convivencia Escolar, que se encuentra en proceso de toma de razón, podamos entregar a los colegios lo necesario para que ellos puedan avanzar con la mayor agilidad”, señaló la ministra, dando cuenta de una estrategia que combina cambios administrativos inmediatos con una futura reforma legal orientada a ampliar las facultades de resguardo en las comunidades educativas.
Arzola precisó que, dentro de las medidas que podrían implementarse con ese nuevo marco, se contempla la instalación de detectores de metales y otras fórmulas preventivas. Sin embargo, advirtió que la revisión de mochilas requiere una ley adicional, ya que actualmente existe un dictamen que impide a los colegios aplicar ese tipo de controles. La ministra sostuvo que en el último tiempo hubo establecimientos que intentaron avanzar en esa línea, pero no se les permitió.
“Nosotros vamos a elaborar un proyecto de ley que entre otras medidas tenga la posibilidad de revisión de mochilas por parte de los equipos escolares”, afirmó la titular de Educación, planteando una señal política clara en un momento en que la presión pública apunta a reforzar la seguridad en las salas de clases, pero también a evitar que los colegios enfrenten solos fenómenos de violencia cada vez más complejos.
La ministra agregó que la iniciativa no se limitará a mecanismos de control físico o preventivo. Según explicó, el proyecto también buscará fortalecer herramientas pedagógicas para enfrentar conflictos al interior de los establecimientos, junto con reforzar la autoridad y el respeto hacia los docentes. Esa última definición no es menor, porque instala el debate en una doble dimensión: por una parte, el resguardo inmediato frente a riesgos; y por otra, la necesidad de reconstruir condiciones mínimas de convivencia, disciplina y legitimidad del rol pedagógico en las aulas.
El anuncio se produce pocos días después de que las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, iniciaran una mesa de trabajo para evaluar acciones contra la violencia escolar, lo que revela que el Ejecutivo está abordando el caso de Calama no sólo como un hecho policial aislado, sino también como una alerta institucional sobre el deterioro de los entornos educativos y las brechas normativas existentes para enfrentarlo.
El crimen de la docente en Calama golpeó con fuerza al sistema escolar y abrió una discusión incómoda, pero inevitable: si los establecimientos están siendo exigidos a responder a amenazas graves, también necesitan respaldo normativo, protocolos claros y herramientas que hoy no tienen. La tragedia dejó en evidencia que el debate sobre convivencia escolar ya no puede seguir restringido únicamente al plano formativo, porque en determinados contextos también aparece una dimensión de seguridad que el Estado debe asumir con decisión.
Con todo, la propuesta anticipa una discusión intensa. La revisión de mochilas y la instalación de detectores de metales probablemente abrirán cuestionamientos sobre derechos, proporcionalidad y eventuales efectos sobre el clima escolar. Pero tras lo ocurrido en Calama, el Gobierno parece haber optado por poner el foco en la urgencia de entregar facultades concretas a los colegios, intentando equilibrar prevención, autoridad y resguardo de las comunidades educativas. La señal política es inequívoca: después de una tragedia de esta magnitud, La Moneda busca cerrar el paso a la inacción y trasladar el debate desde la conmoción hacia una respuesta legal e institucional.