- El parlamentario advirtió que existen correos enviados a empresas donde se fija que los pagos se postergarán hasta 2026 y anunció el envío de oficios a todas las regiones para dimensionar el pasivo real del Ministerio de Vivienda. “El ministro debe transparentar cuánto se debe en proyectos de viviendas, compras de terrenos y compromisos habituales de la cartera”, subrayó.
El diputado José Miguel Castro emplazó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a transparentar el estado real de las deudas con constructoras y proveedores ligados a proyectos de viviendas sociales, tras conocer antecedentes que dan cuenta de compromisos impagos y prórrogas de pago que, según señaló, se extenderían hasta 2026. El legislador informó que ofició a las secretarías regionales ministeriales en todo el país para obtener un catastro detallado por región y por tipo de obligación.
“El Minvu de todo Chile, el ministro debe transparentar cuáles son realmente las deudas que se están dejando hacia futuro con respecto a proyectos de viviendas, a compras de terrenos y todas las cosas que ellos normalmente gastan. No es posible que nos enteremos a través de la prensa de que existen e-mails a empresas con que se les estipula que no se les va a pagar hasta el 2026”, afirmó.
De acuerdo con Castro, la información conocida —a la que aluden comunicaciones remitidas a compañías del rubro— genera incertidumbre en el sector y podría comprometer la continuidad de obras en curso, así como la programación de nuevas soluciones habitacionales. “Es por eso que apenas tomamos conocimiento, enviamos oficios a todas y cada una de las regiones para que se pueda establecer cuánto realmente hay de deuda en el Minvu y si realmente aquí vamos a tener que hacernos cargo en un próximo gobierno de los tropiezos y malas gestiones de dinero de este”, agregó.
El parlamentario precisó que su solicitud busca identificar no solo montos totales pendientes, sino también su composición: obligaciones asociadas a contratos de ejecución de obras de viviendas sociales, adquisiciones de terrenos, consultorías y otros ítems habituales del gasto del ministerio. En esa línea, apuntó a la necesidad de distinguir entre cuentas por pagar devengadas, anticipos, reajustes y eventuales controversias contractuales que hoy pudieran estar afectando los flujos financieros de las empresas.
Castro insistió en que, tratándose de un programa sensible para miles de familias, la información debe estar disponible de manera pública, con fechas y responsables. “El ministro tiene que presentar un catastro claro, con plazos de pago y una ruta de solución. Esto no puede resolverse con correos aislados; se requiere una respuesta institucional que dé certezas a las constructoras, a los trabajadores y, sobre todo, a los beneficiarios que esperan su vivienda”, sostuvo.
Desde la perspectiva del parlamentario, la falta de claridad impacta directamente en la cadena productiva del sector: empresas que planifican caja en función de estados de pago comprometidos, subcontratistas que dependen de esos desembolsos y trabajadores cuyos empleos se ven en riesgo ante paralizaciones o ralentización de faenas. “Cuando no se paga a tiempo, no solo se afecta a una empresa; se tensiona a toda la cadena y se encarece el costo de construir. La transparencia es el primer paso para ordenar la situación y proteger el destino de los recursos públicos”, añadió.
En los oficios ingresados, el diputado pide a cada Seremi del Minvu informar, entre otros aspectos, el total de las obligaciones pendientes por programa y por contrato, el calendario actualizado de pagos comprometidos, las comunicaciones formales remitidas a empresas con nuevas fechas, y las medidas de mitigación adoptadas para evitar quiebras, despidos o paralización de obras. Asimismo, solicita detallar si existen acuerdos con la banca —como mecanismos de factoring o líneas especiales— y bajo qué condiciones se han implementado.
El llamado de Castro también incluye un componente de responsabilidad fiscal frente a la transición de gobierno. “Si hay compromisos que rebasan el período, deben explicitarse. La ciudadanía tiene derecho a saber si el próximo gobierno tendrá que absorber deudas por mala gestión o por decisiones que no fueron debidamente financiadas”, indicó.
Consultado por los efectos inmediatos en regiones, el parlamentario destacó que el catastro permitirá focalizar soluciones allí donde las brechas sean más urgentes, priorizando contratos críticos y comunas con mayores déficits habitacionales. Aseguró, además, que realizará seguimiento a las respuestas y que pondrá los antecedentes a disposición de las comisiones parlamentarias pertinentes para eventuales citaciones y medidas de control político.
“Lo responsable es sincerar las cifras, ordenar la carpeta de pagos y definir un plan de ejecución que evite nuevos atrasos. La vivienda no puede quedar a merced de la improvisación financiera”, concluyó Castro, reiterando su exigencia al Minvu para que entregue un informe público, desagregado y verificable, que permita despejar la incertidumbre instalada en el sector y dar garantías a las familias que esperan su casa propia.
Al cierre de esta edición, se esperaba una respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a los requerimientos planteados por el parlamentario, así como a las inquietudes del rubro respecto de la calendarización y cobertura de los pagos comprometidos.