- El diputado advirtió que Eduardo Cerna terminó enfrentando en comisión un problema de carácter político sin el debido respaldo del Ejecutivo, en medio de una crisis de seguridad que, a su juicio, exige mayor responsabilidad de La Moneda.
El diputado Jaime Araya lanzó duras críticas al Gobierno luego de la concurrencia del director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, a la Comisión de Seguridad de la Cámara, instancia a la que fue citado en medio de la controversia por la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña. El parlamentario sostuvo que resultó “profundamente injusto” que el jefe policial debiera enfrentar solo una discusión que, a su juicio, tiene un evidente trasfondo político y que no debió recaer únicamente sobre la conducción institucional de la PDI.
Araya planteó que el Ejecutivo no puede restarse de un conflicto de esta naturaleza, menos aún en un escenario marcado por la preocupación nacional por la seguridad pública. En esa línea, remarcó que mientras los homicidios y los delitos violentos siguen instalados en el centro del debate, exponer a una institución clave para la persecución penal a asumir un costo político que no le corresponde termina debilitando una señal que debiera ser de respaldo y conducción clara desde el Gobierno.
En sus declaraciones, el legislador fue enfático en sostener que la situación vivida por Cerna en la comisión fue impropia del momento que atraviesa el país. “Es profundamente injusto que el Gobierno haya dejado solo al director de la PDI enfrentando en comisión un problema que es claramente político. En plena crisis de seguridad, mientras los homicidios siguen al alza, el Ejecutivo no puede desentenderse de sus responsabilidades y exponer a una institución clave para la persecución penal a cargar con un costo que no le corresponde”, afirmó el parlamentario, marcando distancia con la forma en que el oficialismo enfrentó la controversia.
El diputado agregó que la escena dejó una imagen compleja para la institucionalidad. “Una situación muy injusta para el director de la PDI que además hay que decir que llegó solo a la comisión y entendiendo que es una institución, como bien lo dijo el director general, jerarquizada, no deliberante, habría sido quizás aconsejable que hubiese estado acompañada de un subsecretario o del ministro de Seguridad suplente, había consideración a que la ministra Steinert estaba acompañando al presidente Kast en la gira en Argentina”, señaló Araya, apuntando directamente a la ausencia de una representación política del Ejecutivo en una comparecencia que, según dijo, excedía lo meramente administrativo.
Las palabras del parlamentario se producen después de que la comparecencia de Cerna ante la comisión abriera un fuerte debate político sobre la responsabilidad detrás de la salida de la exjefa de Inteligencia de la PDI. La citación al director general había sido impulsada justamente por el propio Jaime Araya, en medio de cuestionamientos cruzados sobre el origen de la decisión y el eventual rol del Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steinert.
Durante la exposición ante los diputados, Cerna defendió que la determinación adoptada respecto de Consuelo Peña se ajustó a la normativa vigente y recalcó que corresponde a una facultad propia de su cargo. Sin embargo, lejos de cerrar la controversia, la sesión dejó nuevas interrogantes sobre la coordinación política del Gobierno y sobre la conveniencia de que el máximo jefe de la policía civil enfrentara sin apoyo directo una controversia con evidentes repercusiones institucionales y parlamentarias.
Para Araya, precisamente allí radica el problema de fondo. A su juicio, la PDI es un organismo auxiliar fundamental para la persecución penal y su jefatura no debiera verse forzada a resolver en solitario una crisis cuya dimensión es abiertamente política. Por eso, advirtió que varias preguntas siguen abiertas y que el Congreso tendrá que discutir con mayor profundidad los pasos a seguir, ya sea a través de una eventual interpelación, de una comisión investigadora o de otras acciones fiscalizadoras que permitan esclarecer responsabilidades.
El parlamentario insistió en que este episodio no puede analizarse de manera aislada. En medio de la grave situación de seguridad que vive el país, afirmó, el Ejecutivo está obligado a entregar conducción, respaldo y certezas, no a trasladar tensiones políticas a las instituciones policiales. Desde esa perspectiva, la crítica de Araya busca instalar una señal de alerta sobre el riesgo de debilitar a la PDI en un momento en que el combate al crimen organizado, la investigación de homicidios y la persecución del delito requieren precisamente lo contrario: fortaleza institucional, claridad de mando y apoyo político sin ambigüedades.
El fondo del cuestionamiento, entonces, no es solo la ausencia de una autoridad de Gobierno en una comisión parlamentaria. Lo que se pone en entredicho es la capacidad del Ejecutivo para asumir el costo de sus decisiones y evitar que una institución jerarquizada, no deliberante y central para el sistema penal termine expuesta en medio de una pugna que debió ser enfrentada desde la política. En ese punto, la advertencia de Jaime Araya adquiere especial peso: cuando la seguridad pública está en crisis, dejar solo al director de la PDI no solo resulta injusto, sino también una señal equivocada para el país.