- En audiencia de cierre realizada hoy, el Ministerio Público informó que concluyó la fase indagatoria de las aristas Democracia Viva, Tomarte, Fusupo y Fibra. La causa considera 7 imputados y 12 convenios por cerca de $1.200 millones. No hubo cambios sustantivos en medidas cautelares y el siguiente hito será la presentación de la acusación y la preparación de juicio oral.
El Ministerio Público comunicó este miercoles, en la denominada audiencia de cierre de la investigación, que concluyó la etapa indagatoria del denominado caso Convenios en su vertiente principal en Antofagasta, que incluye las aristas Fundación Democracia Viva, Fundación Tomarte, Fundación Fusupo y Fundación Fibra. De acuerdo con lo informado en estrados, la causa comprende a 7 imputados y 12 convenios por un monto aproximado de $1.200 millones, quedando desde ahora habilitado el plazo legal de 10 días para que la Fiscalía adopte una decisión respecto del curso de la persecución penal.
“La audiencia celebrada el día de hoy es la audiencia de cierre de la investigación (…) Una vez que se cierra la investigación el Ministerio Público tiene un plazo de 10 días para tomar ciertas decisiones estratégicas: acusar, sobreseer definitivamente o no perseverar. En este caso, la decisión que se adoptará dentro de ese plazo será la de deducir acusación”, se expuso en la audiencia, precisando que la definición se enmarca en el avance y el contenido de los antecedentes reunidos durante un año y medio de trabajo investigativo, dio a conocer el Fiscal Regional Juan Castro Bekios en punto de prensa.
La comunicación de cierre supone que la Fiscalía estima agotadas las diligencias esenciales para sustentar su teoría del caso ante el tribunal. El persecutor interviniente aclaró que “la acusación, en cuanto a los hechos, debe ser muy similar a los descritos en la formalización —según la ley—, mientras que la calificación jurídica se mantiene respecto de lo informado, salvo los ajustes ya comunicados en audiencias previas”. En lo medular, la acusación contendrá el relato fáctico, la calificación jurídica, la participación atribuida a cada imputado y el listado de medios de prueba que el Ministerio Público pretende rendir en juicio para acreditar cada uno de los hechos y delitos.
Consultada la Fiscalía por casos específicos —entre ellos, Pérez, Contreras y Andrade—, se indicó que “se presentará acusación por los hechos ya formalizados y por los delitos ya informados”, agregando que la pretensión punitiva (petición de penas) se comunicará directamente al Juzgado de Garantía en el escrito de acusación.
En la misma audiencia, la Fiscalía informó que no hubo movimientos sustantivos respecto de las medidas cautelares que habían sido objeto de revisión por parte de algunas defensas. “No han habido mayores movimientos en lo sustantivo y, para nosotros, lo más relevante sigue siendo la solidez de los presupuestos materiales que justifican las cautelares vigentes, asociados tanto a la existencia de los hechos investigados como a la participación”, se puntualizó.
De acuerdo con el itinerario procesal, una vez ingresada la acusación, el tribunal fijará la audiencia de preparación de juicio oral, etapa clave en la que las partes discuten la admisibilidad de la prueba. “Se trata de una primera depuración probatoria, donde el Ministerio Público y las defensas ofrecen y controvierten sus medios de prueba. Es el paso previo al juicio oral, en cuyo marco se resolverán las convenciones probatorias, exclusiones y otros incidentes”, explicó el persecutor, subrayando que la fase posterior —el juicio— “será compleja dada la multiplicidad de delitos, imputados y representantes que comparecen”.
Sobre el balance de la investigación en este periodo, desde la Fiscalía se calificó como positivo el resultado del trabajo desarrollado: “Hemos logrado recabar una multiplicidad de antecedentes y medios de prueba que hoy permiten cerrar la investigación con miras a presentar acusación. Sin las diligencias y pericias practicadas durante este tiempo, esa decisión no sería plausible”, se señaló, apuntando a declaraciones, pericias contables y digitales, oficios a organismos públicos, trazabilidad de flujos y contratos asociados a los convenios indagados.
Respecto del avance de otras causas de connotación nacional, como Procultura, la Fiscalía evitó profundizar, invocando las normas de reserva propias de una investigación en curso. No obstante, se sostuvo que la metodología aplicada “es similar a la utilizada en esta causa”, con tomas de declaraciones, instrucciones a la policía y labores investigativas “desarrolladas con sigilo” hasta su maduración procesal.
El cierre de investigación marca un hito que delimita el objeto del eventual juicio y no implica un pronunciamiento de culpabilidad. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, toda persona imputada goza de presunción de inocencia hasta sentencia firme. En las próximas jornadas, la Fiscalía deberá ingresar la acusación por escrito, acto que dará paso a la audiencia de preparación y, finalmente, a un juicio oral cuya extensión podría ser significativa por el volumen de antecedentes y número de intervinientes.
Con la finalización de la etapa indagatoria en las aristas Democracia Viva, Tomarte, Fusupo y Fibra, y el compromiso de acusar dentro del plazo legal, la causa entra en su fase decisiva. Durante los próximos días, el tribunal de garantía recibirá el libelo acusatorio con el detalle de hechos, pruebas y penas solicitadas, tras lo cual las partes —Ministerio Público, querellantes y defensas— ordenarán su estrategia para enfrentar el debate probatorio que definirá responsabilidades penales conforme a derecho.