- Audiencia fue programada para el 25 de mayo e incluye también a la exrepresentante legal de la fundación, en una arista distinta del Caso Convenios.
La Fiscalía de Antofagasta reactivó su ofensiva judicial en el denominado Caso Convenios, al solicitar una nueva audiencia de formalización en contra del fundador de Procultura, Alberto Larraín, esta vez por el delito de apropiación indebida. La instancia fue fijada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta para el próximo 25 de mayo e incluirá también a la exrepresentante legal de la fundación, María Constanza Gómez. Consignó radio Bio Bio en su portal.
Según lo informado, esta nueva imputación corresponde a una arista distinta a las causas iniciales, que estaban centradas en eventuales delitos de fraude al fisco vinculados a convenios suscritos entre la ONG y organismos públicos, particularmente el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Con esta acción, el Ministerio Público busca profundizar la investigación y esclarecer el destino de los recursos transferidos a la fundación en el marco de dichos acuerdos.
Cabe recordar que ambos imputados ya habían sido formalizados previamente en esta causa. En esa oportunidad, el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, lo que marcó un revés para el ente persecutor en las etapas iniciales del proceso.
No obstante, la Fiscalía sostiene que cuenta con nuevos antecedentes que permitirían sustentar esta nueva formalización, apuntando a reimpulsar la investigación y avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades penales. La indagatoria se enmarca en el denominado Caso Convenios, que ha generado amplio impacto a nivel nacional por el uso de recursos públicos asignados a fundaciones.
En esa línea, uno de los querellantes en la causa, el exintendente de Antofagasta, Pablo Toloza, valoró el avance del proceso, señalando que espera que las acciones judiciales no se limiten a esta región. “No solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la arista de Antofagasta, sino que también se extiendan las formalizaciones a las otras regiones donde también se está investigando el delito”, afirmó.
Desde la defensa, en tanto, cuestionaron la decisión del Ministerio Público. El abogado de Larraín, Cristian Arias, sostuvo que los hechos que se pretenden imputar son similares a los ya revisados por la justicia en otras causas, apuntando a que no existirían nuevos elementos que justifiquen esta nueva ofensiva judicial.
El defensor agregó que la interrupción de los convenios se produjo tras el estallido del caso Democracia Viva, lo que —según su versión— generó un efecto dominó que impidió la correcta ejecución de los proyectos, descartando la comisión de delitos. “Lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago por el GORE Metropolitano, con resultados que todos vimos que fueron contundentes en contra del Ministerio Público, fueron desastrosos”, sostuvo.
Pese a los cuestionamientos de la defensa, desde la parte querellante existe expectativa respecto de que esta nueva formalización permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la eventual determinación de responsabilidades penales en una de las investigaciones más relevantes asociadas al uso de fondos públicos en los últimos años.