- El pleno del tribunal alzó por unanimidad la suspensión del procedimiento y reactivó los plazos procesales; la Fiscalía Regional de Antofagasta destacó que la decisión permite continuar la tramitación para resolver si hay mérito para formación de causa penal.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió hoy reanudar la tramitación de la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego Larraín, en la arista ProCultura del denominado “Caso Convenios”. La decisión, adoptada por unanimidad, alzó la suspensión que regía el procedimiento y deja nuevamente en curso la causa.
El tribunal explicó que “habiendo desaparecido la causa que motivó la suspensión”, y tras la información remitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta necesaria para el pronunciamiento del Tribunal Pleno, correspondía alzar la medida y continuar con la tramitación. Con ello, se reactivan los plazos para las partes, incluida la defensa del gobernador.
La suspensión se había adoptado días atrás a petición de la defensa de Orrego, mientras se discutía la eventual radicación del caso en Santiago. Con el nuevo pronunciamiento, el tribunal de alzada antofagastino retoma el control del expediente de desafuero hasta que se zanje, en sede de garantía, la cuestión de competencia.
El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró el alzamiento de la suspensión, subrayando que permite retomar un itinerario procesal que, a su juicio, debe ser “ágil y transparente”, y cuyo objetivo es determinar si existen antecedentes suficientes para la formación de causa penal por los hechos investigados. La Fiscalía había recurrido precisamente para oponerse a la paralización del trámite.
La solicitud de desafuero fue ingresada por la Fiscalía Regional el 4 de septiembre y apunta a retirar la inmunidad del gobernador para formalizarlo por presuntos delitos asociados a fraude al fisco y cohecho, entre otros, en relación con convenios suscritos por el Gobierno Regional Metropolitano con la fundación ProCultura. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el programa cuestionado supera los $1.600 millones.
Según informó previamente el propio Ministerio Público, la revisión de la solicitud de desafuero quedó programada para el 6 de octubre ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hito que —con la reactivación— se mantiene en la agenda procesal, salvo nueva resolución.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta certificó que resolverá en una próxima audiencia la alegación de incompetencia planteada por la defensa, diligencia cuyo resultado definirá la sede en que se conocerá la eventual causa penal de fondo. Hasta entonces, la Corte de Apelaciones continuará con el procedimiento de desafuero conforme a los plazos reabiertos.
La defensa de Orrego ha sostenido que los hechos investigados se circunscriben a la capital y, por tanto, deben ser conocidos por tribunales de Santiago; la Fiscalía, en tanto, insistió en mantener la tramitación en Antofagasta y logró revertir la suspensión acordada la semana pasada.
Con la resolución de este martes, la causa vuelve a moverse en dos carriles: por un lado, el itinerario del desafuero —que definirá si hay o no mérito para someter a Orrego a proceso penal— y, por otro, la definición sobre la competencia territorial del caso, que será zanjada por el juzgado de garantía.
De confirmarse la competencia y de acogerse el desafuero, la Fiscalía quedaría habilitada para formalizar cargos en el marco de la arista ProCultura, pieza clave del llamado “Caso Convenios” por el alcance de los recursos involucrados y la relevancia institucional de la autoridad investigada.
“Nuestro compromiso como Fiscalía Regional es la tramitación ágil y transparente de todas las investigaciones que llevamos a cabo, especialmente aquellas de alto interés público por la naturaleza y gravedad de los hechos”, reiteró el fiscal regional Juan Castro Bekios.
Finalmente, con los plazos reactivados, la defensa debe evacuar sus escritos dentro de los términos fijados y el tribunal podrá agendar las actuaciones pertinentes de cara a la revisión de fondo del desafuero.