- El parlamentario ofició a la Dirección del Trabajo para que intervenga de inmediato y solicitó al Hospital Regional que asuma su responsabilidad subsidiaria frente a los 49 funcionarios que no han recibido su remuneración, pese a que el servicio de esterilización es clave para la continuidad de la atención de pacientes en el principal recinto asistencial de la región.
El diputado por Antofagasta, Jaime Araya, solicitó la intervención y fiscalización urgente de la Dirección del Trabajo en el Hospital Regional de Antofagasta, luego de las graves denuncias realizadas por trabajadores del área de esterilización del recinto asistencial, quienes aseguran que hace 45 días no reciben el pago de sus sueldos por parte de la empresa contratista Sociedad AHC Servicios.
Según relataron los propios funcionarios al parlamentario, la situación afecta directamente a 49 trabajadores que no han recibido sus remuneraciones, en un universo de 54 personas que se desempeñan en el área y que se han visto impactadas por distintos incumplimientos. La denuncia se produce en un servicio considerado estratégico para la seguridad de los pacientes, ya que de él depende la disponibilidad de instrumental esterilizado para pabellones, urgencias y procedimientos clínicos diarios.
Frente a este escenario, Araya ofició a la Dirección del Trabajo para que realice una fiscalización inmediata que permita esclarecer el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa subcontratista. “Hemos solicitado una fiscalización de la Dirección del Trabajo, a objeto de resguardar el pago de los sueldos por parte de la empresa Sociedad AHC Servicios con los trabajadores. Es una situación inconcebible en materia laboral y del respeto con ellos”, indicó el legislador.
El diputado recalcó que no se trata solo de un conflicto administrativo, sino de un problema que golpea directamente a familias de Antofagasta que dependen de esos ingresos para cubrir sus necesidades básicas. “No es tolerable que, en pleno funcionamiento de un hospital público, existan trabajadoras y trabajadores que lleven mes y medio sin recibir su sueldo. Detrás de cada contrato hay personas, hogares, hijos e hijas que hoy están viviendo una incertidumbre injusta e inaceptable”, agregó.
En paralelo a la solicitud de fiscalización, Araya exigió que el Hospital Regional de Antofagasta asuma el rol que le cabe en el marco de la ley de subcontratación y sus responsabilidades subsidiarias respecto de las condiciones laborales del personal que presta servicios al establecimiento. “Conjuntamente, exigimos que el Hospital Regional cautele el pago de las remuneraciones en tiempo y forma, al haber contratado este servicio en el área de esterilización”, sostuvo.
El parlamentario enfatizó que la figura de subcontratación no puede convertirse en una herramienta para precarizar el trabajo dentro de los recintos públicos ni para eludir la responsabilidad del mandante. En ese sentido, recordó que la normativa vigente establece que las instituciones que contratan servicios externos deben velar porque se cumplan las obligaciones previsionales y salariales con las y los trabajadores.
Araya también expresó su preocupación por el impacto que esta situación puede generar en la prestación de servicios clínicos en el principal hospital de la región. “Si el personal del área de esterilización está sometido a este nivel de estrés, angustia e incertidumbre, inevitablemente se resiente el funcionamiento de un servicio que es clave para que los pabellones, la urgencia y las distintas unidades trabajen con normalidad. Aquí está en juego no solo la estabilidad laboral, sino también la seguridad de los pacientes”, advirtió.
En la misma línea, el diputado hizo un llamado a la dirección del Hospital Regional de Antofagasta y al Servicio de Salud a actuar con celeridad, revisando los contratos vigentes con empresas externas y asegurando que no se mantengan proveedores que incumplen reiteradamente sus obligaciones. A su juicio, el Estado debe dar el ejemplo en el respeto a los derechos laborales, especialmente en áreas tan sensibles como la salud pública.
Asimismo, Araya valoró el coraje de las y los trabajadores que decidieron denunciar la situación, pese al temor a posibles represalias. “Cuando los trabajadores levantan la voz, lo hacen porque se agotaron todas las instancias de diálogo interno. Hoy, lo mínimo que corresponde es que las autoridades escuchen, actúen y no permitan que este tipo de abusos se normalicen en el sistema hospitalario”, enfatizó.
Finalmente, el parlamentario adelantó que se mantendrá en contacto con los funcionarios afectados para monitorear el avance de la fiscalización y el cumplimiento efectivo del pago de las remuneraciones adeudadas. “Vamos a seguir esta situación hasta el final. No basta con compromisos de palabra: aquí tiene que haber soluciones concretas, sueldos pagados y garantías claras de que esto no volverá a repetirse”, concluyó Araya, insistiendo en que la dignidad laboral debe ser un estándar mínimo en todos los recintos públicos de Antofagasta y de Chile.