Diputado Jaime Araya exige responsabilidades a empresas mandantes por graves abusos laborales en firmas subcontratistas

  • En una reunión con la Dirección Regional del Trabajo y la Seremi del Trabajo (S), trabajadores de Tándem, Fenix SpA y Logik S.A. denunciaron sueldos impagos, cotizaciones previsionales retenidas y prácticas que podrían configurar delitos laborales y tributarios. Autoridades anunciaron fiscalizaciones permanentes y una posible denuncia al Ministerio Público.

Un duro diagnóstico sobre la realidad laboral que enfrentan decenas de trabajadores de las empresas Tándem, Fenix SpA y Logik S.A. se expuso en una reunión de trabajo encabezada por el diputado Jaime Araya, junto a la Dirección Regional del Trabajo y la Seremi del Trabajo (S). Durante el encuentro, las y los afectados relataron que, desde hace meses, vienen soportando sueldos impagos, descuentos previsionales que no llegan a sus destinos y prácticas que, según se indicó, podrían dar origen a investigaciones penales.

Los trabajadores describieron casos en que las empresas descuentan sistemáticamente las cotizaciones desde las liquidaciones de sueldo, pero luego pagan montos inferiores a los que corresponden o, derechamente, no los enteran en AFP, FONASA ni otros organismos. A ello se suma la simulación de remuneraciones, finiquitos firmados bajo presión y la reiteración de estas conductas, lo que ha generado una profunda sensación de vulneración e incertidumbre respecto de su futuro laboral y previsional.

En este contexto, el diputado Jaime Araya fue enfático en señalar que la responsabilidad no recae únicamente en las empresas subcontratistas. A su juicio, las empresas mandantes –aquellas que contratan servicios a Tándem, Fenix SpA y Logik S.A.– no pueden desentenderse de la situación.

“Los mandantes no pueden hacerse los desentendidos mientras empresas proveedoras abusan de los trabajadores. Aquí hay un deber ético y legal de supervisar y actuar, hay trabajadores que llevan dos meses sin sueldos”, advirtió el parlamentario, subrayando que la cadena de subcontratación no puede convertirse en una vía para precarizar el empleo ni esquivar responsabilidades.

Durante la reunión, las autoridades laborales detallaron el abanico de acciones posibles para enfrentar esta situación. Entre ellas, se mencionaron fiscalizaciones ya en curso y otras que se seguirán desplegando, así como la articulación de mecanismos de apoyo para la reconversión laboral a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), para quienes eventualmente deban buscar nuevas oportunidades de trabajo.

No obstante, se recalcó que una de las vías más relevantes será la presentación de una denuncia al Ministerio Público, en caso de acreditarse apropiación indebida de cotizaciones previsionales. De confirmarse estos hechos, no solo se trataría de infracciones administrativas, sino de conductas que podrían configurar delitos laborales y tributarios, con sanciones que van más allá de las multas.

Desde la Dirección Regional del Trabajo se informó que las empresas ya registran procesos de fiscalización y sanciones, y que se continuará reforzando la presencia inspectiva debido a la gravedad de los antecedentes recopilados. Se revisarán liquidaciones, comprobantes de pago, registros de cotizaciones y contratos, con el objetivo de determinar la magnitud de los incumplimientos y asegurar la restitución de derechos vulnerados.

Por su parte, la Seremi del Trabajo (S) valoró la disposición de las y los trabajadores a denunciar y a participar de instancias de diálogo institucional, recalcando que la labor de las autoridades no se limita a la aplicación de sanciones, sino también a la prevención de nuevas vulneraciones mediante la exigencia de mejores estándares de cumplimiento a las empresas, incluidas las mandantes.

Finalmente, las autoridades presentes y el diputado Araya acordaron mantener el acompañamiento a las y los trabajadores hasta que se regularicen los pagos de sueldos y cotizaciones, y se determinen las responsabilidades correspondientes. El compromiso, señalaron, es no abandonar el caso hasta que existan respuestas concretas, reparaciones efectivas y se sienten precedentes claros para impedir que estas prácticas se repitan en el futuro.

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