- Parlamentario sostiene que, si Sacyr Siglo XXI no ajusta cláusulas sin cobro extra y el Minsal no tiene presupuesto, “la única salida es el término anticipado del contrato”.
El diputado Jaime Araya denunció que el Ministerio de Salud comunicó formalmente que no financiará las modificaciones al contrato de concesión del Hospital Regional de Antofagasta por “no contar con disponibilidad presupuestaria”, decisión que —según el parlamentario— hace inviable cualquier ajuste que implique mayores costos a la actual operación de la concesionaria Sacyr Siglo XXI. Ante este escenario, Araya llamó al Gobierno a “tomar una decisión por cariño a Antofagasta” y poner fin de manera anticipada a la concesión, para avanzar hacia un nuevo marco contractual que, a su juicio, “garantice estándares y continuidad de atención sin sobrecostos para el Estado”.
La información emanó como respuesta a un oficio de fiscalización ingresado por el legislador y tramitado ante la Dirección General de Concesiones, instancia que precisó que cualquier cambio al contrato vigente es de cargo del Minsal. La cartera, por su parte, zanjó que “resulta prioritario velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales vigentes” y descartó asumir incrementos de valor asociados a la propuesta de modificación.
Para Araya, el dictamen administrativo despeja el panorama y obliga a definir una salida clara: “Dado que no hay plata y que esta empresa funciona mal, hay que avanzar hacia ese término anticipado con mucha decisión”. En esa línea, apuntó a la responsabilidad de la concesionaria: “Si la empresa no quiere modificar las cláusulas sin cobrar más dinero y si no hay plata para hacerlo, no veo la razón por la cual vamos a seguir rehenes de la concesionaria”.
El parlamentario recalcó que el desempeño de la operadora no entrega señales de mejora sostenida y recordó el “altísimo número de multas cursadas a Sacyr Siglo XXI” por incumplimientos operacionales. “Sería muy inverosímil que de un día para otro las multas desaparezcan”, afirmó. A su juicio, la eventual configuración de causal de término anticipado abre la puerta para diseñar un nuevo contrato: “Debemos buscar las mejores condiciones y dejar de pagarle plata a la concesionaria que —a mi opinión— no estaba a la altura”.
Araya detalló que su oficina seguirá de cerca el proceso de cobro de sanciones y exigirá la subsanación de perjuicios asociados a fallas que han afectado la continuidad asistencial. “Se cayeron cañerías, se inhabilitó el laboratorio, ascensores, se perdieron horas médicas producto de la negligencia de la compañía. Por lo tanto, lo que corresponde es que se tome una decisión pensando en el bienestar de Antofagasta”, enfatizó.
El diputado agregó que la decisión del Minsal confirma que no existe margen fiscal para sostener sobrecostos derivados de enmiendas contractuales, por lo que insistió en un itinerario de salida ordenada: “Este hospital es el corazón de la red en la macrozona norte. La prioridad debe ser la atención segura y oportuna de los pacientes, no blindar un contrato que no responde. El Gobierno tiene que evaluar jurídicamente la causal y proceder con celeridad”.
En el plano administrativo, Araya adelantó que solicitará información actualizada sobre el estado de cobro de multas, los informes de incumplimiento y los planes de mitigación implementados por la concesionaria, además de requerir a las autoridades sectoriales un cronograma que precise los pasos y plazos para la eventual terminación y transición hacia un nuevo esquema de gestión. “La ciudadanía necesita certeza: quién se hará cargo, cómo se resguardarán los servicios críticos, qué ocurrirá con el mantenimiento, la esterilización, los ascensores, los laboratorios y todos los servicios no clínicos que hoy están bajo el paraguas de la concesión”, señaló.
El legislador subrayó que cualquier escenario de cambio debe asegurar continuidad operacional, condiciones laborales del personal y estándares de calidad para pacientes y equipos clínicos. “No se trata solo de terminar por terminar. Se trata de terminar bien, con una transición responsable que no ponga en riesgo pabellones, camas críticas ni atenciones programadas”, puntualizó.
Finalmente, Araya invitó a las autoridades sectoriales y locales a “un acuerdo de verdad con Antofagasta”, que priorice la seguridad de los pacientes, la transparencia en el uso de recursos públicos y la mejora efectiva de la infraestructura hospitalaria. “La comunidad no puede seguir pagando los costos de una mala ejecución. Si no hay presupuesto para modificaciones y la concesionaria no ofrece soluciones sin cobrar más, el contrato perdió sentido para la gente. Es tiempo de actuar”, concluyó.