- La iniciativa del parlamentario por Antofagasta busca que las empresas mineras instalen y operen sus centros de comando en la misma región del yacimiento, con al menos un 50 % de trabajadores residentes, promoviendo equidad territorial, empleo local y mayor seguridad operacional.
El diputado por la Región de Antofagasta y presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), presentó un proyecto de ley que busca que todas las empresas mineras que operen en una región mantengan en ese mismo territorio un centro de comando y operación remota, con al menos la mitad de su dotación compuesta por trabajadores residentes.
La propuesta responde a una demanda histórica del norte del país: que las regiones mineras dejen de ser solo zonas de extracción y se conviertan también en centros de decisión y empleo calificado. “Quien extrae en una región, debe decidir y trabajar en esa región”, sostuvo Castro, enfatizando que la medida fortalecerá la economía local y el arraigo laboral.
El parlamentario advirtió que durante décadas el norte ha soportado los impactos ambientales, urbanos y sociales de la minería, mientras gran parte de las decisiones se toman a cientos de kilómetros. “No puede ser que una faena se controle a miles de kilómetros del lugar donde se produce el riesgo y el impacto”, señaló.
La iniciativa no solo busca equidad territorial, sino también reforzar la seguridad operacional y la continuidad productiva. “Las decisiones sobre una faena deben adoptarse donde ocurren los hechos, con personal calificado que viva en el territorio; eso mejora la respuesta ante emergencias y refuerza la seguridad de todos”, agregó el legislador.
El proyecto se apoya en un reciente informe del Instituto de Economía Aplicada Regional (IDEAR) de la Universidad Católica del Norte, que demuestra que los trabajadores residentes en Antofagasta poseen las mismas competencias y nivel educativo que los conmutantes de otras regiones, desmintiendo que la baja contratación local se deba a falta de capacidades.
Para Castro, esta propuesta representa un paso concreto hacia la regionalización de la minería chilena. “No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo justicia territorial; las regiones que sostienen la economía nacional merecen también dirigir su propio desarrollo, en especial nuestra Región de Antofagasta, que aporta tanto a nuestro país”, afirmó.
El diputado subrayó además que la medida busca que los beneficios económicos y laborales permanezcan en las comunidades donde se origina la riqueza. “Durante años el norte ha puesto el hombro por Chile. Lo justo ahora es que se priorice a la gente del norte: si la minería se hace acá, los puestos de decisión también tienen que quedarse acá, con trabajadores que viven en nuestras comunas, crían a sus hijos acá y gastan su sueldo acá”, puntualizó.
Finalmente, el parlamentario explicó que el proyecto contempla sanciones de entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales por mes de incumplimiento y otorga un plazo de 18 meses desde su promulgación para que las empresas mineras se ajusten a la nueva normativa.