- Representantes de la macrozona norte y asesores de AGORECHI advirtieron que cambios presupuestarios podrían reducir los ingresos propios de las regiones. En Antofagasta, cerca del 18% del presupuesto regional dependería de recursos provenientes de la venta de bienes fiscales.
Profesionales de los gobiernos regionales de la macrozona norte, junto a asesores de la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile, AGORECHI, se reunieron durante la jornada de este jueves con el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, y equipos técnicos del GORE para analizar el escenario presupuestario que enfrentan las regiones y las dificultades que existen para avanzar hacia una mayor autonomía financiera.
El encuentro estuvo marcado por la preocupación respecto de una eventual disminución de recursos regionales, las restricciones que podrían aplicarse a los ingresos propios y las dificultades que, según los participantes, continúan enfrentando los gobiernos subnacionales para administrar de manera autónoma los fondos que generan en sus propios territorios.
Uno de los principales puntos de alerta fue planteado por el gobernador Ricardo Díaz, quien sostuvo que las conversaciones mantenidas con la Dirección de Presupuestos, DIPRES, han generado inquietud respecto del futuro de los ingresos provenientes de la venta de bienes fiscales en la Región de Antofagasta.
“Por las conversaciones que hemos tenido hasta este momento con DIPRES existe el grave riesgo que la región pierda recursos, porque ya vimos una entrevista de la ministra de Bienes Nacionales donde ella dice que quiere enajenar varios recursos de la región”, señaló la autoridad.
Díaz explicó que el Gobierno Regional de Antofagasta recibe una parte importante de sus recursos a través de operaciones relacionadas con Bienes Nacionales, asegurando que aproximadamente un 18% del presupuesto regional depende actualmente de esos ingresos.
“En esta Ley de Presupuesto debemos estar atentos para que la región no pierda sus ingresos”, enfatizó el gobernador, quien calificó como grave la posibilidad de que una modificación en la administración de estos fondos termine reduciendo la capacidad financiera del territorio.
La autoridad regional agregó que la situación resulta especialmente preocupante considerando las dificultades existentes para ejecutar proyectos, atraer inversiones y responder a las demandas de infraestructura y desarrollo de la región.
“No puede ser que la región que más le da al país esté perdiendo recursos”, afirmó Díaz, quien realizó un llamado a los parlamentarios para generar encuentros destinados a discutir los alcances de la próxima Ley de Presupuestos y sus eventuales consecuencias para Antofagasta.
La preocupación también fue compartida por representantes del Gobierno Regional de Atacama. El jefe de la División de Presupuesto Regional, William García, sostuvo que entre 2024 y 2025 la Dirección de Presupuestos habría presentado dificultades respecto de la provisión de recursos comprometidos para las regiones.
Según indicó, algunos fondos contemplados en las respectivas leyes de Presupuestos no habrían sido entregados conforme a lo inicialmente proyectado, situación que habría obligado a los gobiernos regionales a buscar nuevas alternativas de financiamiento.
En el caso de Atacama, explicó García, una de las fórmulas utilizadas ha sido generar ingresos mediante las rentas provenientes de bienes inmuebles fiscales.
“Con eso hemos generado recursos propios y pretendemos compensar estos déficit que tiene la Dirección de Presupuestos, pero lamentablemente ahora también se quiere apropiar de los recursos que está generando la región”, sostuvo.
El profesional planteó que los recursos generados dentro de cada territorio deberían mantenerse disponibles para financiar iniciativas de desarrollo en las propias regiones y no ser redistribuidos exclusivamente desde el nivel central.
A su juicio, las regiones del norte poseen importantes capacidades para generar ingresos a partir de su patrimonio natural, actividad productiva y bienes fiscales, por lo que deberían contar con mayores atribuciones para administrar esos recursos.
Como ejemplo, mencionó la actividad cuprífera, argumentando que las regiones productoras generan una importante cantidad de ingresos para el país, pero reciben posteriormente una proporción considerablemente menor para financiar sus propios proyectos de desarrollo.
La discusión también abordó el proceso de descentralización fiscal y las dificultades que siguen existiendo para consolidar una verdadera autonomía financiera de los gobiernos regionales.
Cristian García, asesor de AGORECHI, sostuvo que actualmente existe un escenario que podría representar un retroceso respecto de los avances alcanzados durante los últimos años.
Entre los ejemplos mencionados se encuentra la administración de determinados ingresos establecidos por ley, como aquellos provenientes del impuesto a los casinos de juego, donde los gobiernos regionales reciben una parte de la recaudación.
Según explicó, existía la posibilidad de que esos recursos fueran reconocidos y administrados con mayor autonomía, pero nuevas recomendaciones podrían determinar que su utilización continúe supeditada a las disposiciones establecidas anualmente en la Ley de Presupuestos.
Para AGORECHI, esa situación limitaría la capacidad de decisión de los gobiernos regionales y mantendría una fuerte dependencia respecto del nivel central.
Cristian García sostuvo además que actualmente los gobiernos regionales continúan siendo tratados administrativamente de manera similar a otros organismos del Estado, pese a que poseen autoridades electas democráticamente y responsabilidades directas sobre el desarrollo territorial.
A juicio del asesor, avanzar en descentralización requiere entregar mayores grados de autonomía financiera y fiscal a los GORE, permitiendo que puedan administrar parte importante de los recursos generados dentro de sus territorios y definir su utilización de acuerdo con las necesidades y prioridades regionales.
El encuentro de la macrozona norte concluyó con el compromiso de continuar analizando el escenario presupuestario y coordinando acciones frente a la discusión de la Ley de Presupuestos, especialmente ante el temor de que nuevas disposiciones puedan reducir los ingresos propios de los gobiernos regionales y dificultar todavía más el proceso de descentralización fiscal.