En el día de hoy, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en las oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta, con el objetivo de recabar antecedentes relacionados con el convenio para la recuperación de fachadas suscrito entre la institución pública y la fundación Procultura. Esta medida se enmarca en la controversia generada debido a que la fundación Procultura recibió una adjudicación de $629 millones, a pesar de que su giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos (SII) estaba destinado a la edición y comercialización de libros.
Las diligencias realizadas por los oficiales de la PDI se llevaron a cabo específicamente en las divisiones de Presupuesto e Inversión Regional y Planificación Regional del edificio ubicado en Arturo Prat 384. Durante el allanamiento, se incautaron dos computadoras, dos pendrives con información técnica y financiera, así como también se obtuvieron los accesos y claves a los computadores y correos electrónicos pertinentes.
Bryan Romo, jefe de la Unidad Jurídica del Gobierno Regional de Antofagasta, informó: “Hoy, aproximadamente a las 12:40 horas, se realizaron diligencias de la Policía de Investigaciones, autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, para recabar antecedentes referidos a las denuncias en el caso Democracia Viva. En este caso, se relacionan con la fundación Procultura y su vínculo con varios gobiernos regionales, incluido el nuestro”. Además, Romo afirmó que el Gobierno Regional está colaborando plenamente con las autoridades y que no tienen nada que ocultar. “Estamos tranquilos y colaborando al máximo de nuestras capacidades con las investigaciones. Queremos transmitir el mensaje de que la investigación debe ser amplia y rigurosa, ya que es fundamental separar los hechos ilícitos de aquellos que actuamos de buena fe”, agregó.
El Gobierno Regional de Antofagasta reafirma su compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, enfatiza la importancia de llevar a cabo investigaciones exhaustivas que permitan identificar a quienes hayan utilizado su influencia para corromper al fisco, como en el caso de Democracia Viva.
Fuente: Timeline.