- En una declaración pública, la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el director del Serviu en Antofagasta rechazaron afirmaciones del parlamentario relativas a supuestas escrituras de viviendas sociales firmadas por mandatarios de beneficiarios que residirían en el extranjero. Las autoridades precisaron que no existe denuncia formal sobre eventuales funcionarias involucradas y solicitaron al diputado remitir antecedentes para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Dirección del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Antofagasta emitieron este miércoles una declaración pública en la que instan al diputado Jaime Araya a un manejo responsable de la información, luego de que el parlamentario afirmara que “lo que se está permitiendo es que una persona que obtuvo una vivienda social en Antofagasta desde el extranjero mande un poder para que se suscriba a la escritura”, atribuyendo sus dichos a la difusión de un audio de una persona no identificada que entregaría instrucciones para otorgar un mandato a un tercero.
En el texto, las autoridades regionales precisan que, “a la fecha, no se ha recibido ninguna denuncia formal con la identificación de la supuesta funcionaria del Serviu que estaría incurriendo en una eventual ilegalidad al amparo de una institución pública”. En esa línea, invitaron al legislador a presentar los antecedentes disponibles para activar los procedimientos internos: “Solicitamos al diputado entregar la información pertinente con el fin de iniciar los procesos administrativos respectivos y, de ser necesario, poner los hechos en conocimiento de los organismos competentes”.
La Seremi Minvu y el director del Serviu recalcaron que las aseveraciones difundidas “son graves y afectan la dignidad de la función pública de todas y todos quienes trabajan en el Serviu Antofagasta”, por cuanto suponen la comisión de delitos como “el robo de los impuestos de las y los antofagastinos”, la existencia de “una eventual red de corrupción” y un trato “privilegiado” hacia un sector de la población en desmedro de otros, desconociendo procedimientos establecidos en la ley. “La política habitacional se rige por normas, criterios técnicos y controles que no dependen de decisiones arbitrarias de funcionarios o de la autoridad de turno”, enfatizaron.
Las autoridades también abordaron el origen de las declaraciones del parlamentario, que se sostienen en un audio cuya autenticidad y autoría no han sido acreditadas. “Instamos a no difundir ni validar contenidos sin verificación previa, menos aún cuando pueden dañar la reputación de equipos públicos y sembrar desconfianza en la ciudadanía respecto a los procesos habitacionales”, indicaron.
En su pronunciamiento, Minvu y Serviu subrayaron que el sistema de asignación y escrituración de viviendas sociales contempla etapas regladas, fiscalización y trazabilidad documental, además de instancias de control interno y externo. “Cualquier incumplimiento o irregularidad debe ser denunciado por los canales formales para que sea investigado y, de corresponder, sancionado administrativa, civil o penalmente”, señalaron.
La declaración reiteró el llamado a la responsabilidad institucional y parlamentaria. “Las opiniones y denuncias públicas requieren sustento verificable. La labor fiscalizadora es indispensable en democracia, pero debe ejercerse con rigurosidad, resguardo de la presunción de inocencia y respeto a las y los servidores públicos”, agregaron.
Finalmente, la Seremi Minvu y el director del Serviu invitaron a la comunidad a informarse por vías oficiales y a utilizar los mecanismos establecidos para reportar hechos que estimen constitutivos de delito. “Ponemos a disposición nuestros canales formales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para resolver dudas y recepcionar antecedentes. Si existen elementos concretos, serán derivadas las acciones pertinentes para su investigación y eventual sanción”, concluye el documento.