- En un despliegue coordinado de la Sección de Migración y Policía Internacional de Tocopilla junto a la Brigada de Investigación Criminal, detectives recorrieron empresas, campamentos y locales comerciales de María Elena. Nueve extranjeros y dos chilenos fueron denunciados por infracciones a la Ley N° 21.325; un ciudadano extranjero quedó sujeto a medidas de control de la Policía Internacional.
En un operativo inédito por su alcance en la comuna salitrera, la Policía de Investigaciones de Chile concretó una fiscalización migratoria masiva que abarcó recintos comerciales, residenciales e industriales. La acción fue ejecutada por detectives de la Sección de Migración y Policía Internacional de Tocopilla (Polint) en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la misma ciudad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa migratoria y laboral vigente.
El despliegue se extendió por empresas, campamentos, supermercados, hostales, residencias, talleres, panaderías, ferreterías, locales comerciales y carros de venta ambulante. En total, fueron controladas 107 personas, 72 de ellas extranjeras y 35 chilenas, mediante la revisión de identidades, permisos de residencia y autorizaciones para desarrollar actividades remuneradas.
Según el balance policial, de los 72 extranjeros fiscalizados, 60 eran de nacionalidad boliviana, 6 colombianos, 4 venezolanos y 2 peruanos. Como resultado de la verificación documental, se cursaron 9 denuncias a extranjeros por diversas infracciones a la Ley de Migración N° 21.325. Seis bolivianos fueron denunciados por ingreso clandestino, permanencia irregular, trabajo sin autorización y abandono de firma; en el caso de los venezolanos, uno fue denunciado por trabajo sin autorización y otro por abandono de firma. Además, un ciudadano colombiano fue denunciado por otorgar empleo a un extranjero que no contaba con autorización para trabajar.
En paralelo, se denunciaron a dos ciudadanos chilenos por infracción al artículo 103 de la Ley de Migración, disposición que sanciona a quienes contratan a personas extranjeras sin residencia o sin autorización para desarrollar actividades remuneradas en el país. En conjunto, el procedimiento arrojó 11 denuncias y el control específico de un ciudadano extranjero que quedó sujeto a medidas de supervisión por parte de la Policía Internacional.
La jefa de la Sección de Migración y Policía Internacional de Tocopilla, comisaria Jessica Vargas Miranda, subrayó el valor preventivo y disuasivo del operativo. “Este procedimiento marca un hito en la comuna de María Elena, ya que refleja el compromiso de la PDI en fiscalizar de manera rigurosa y estratégica el cumplimiento de la normativa migratoria. Con este despliegue no solo reforzamos la labor investigativa, sino también entregamos mayor seguridad a la comunidad, en coordinación con nuestras unidades especializadas”, afirmó.
Desde la institución destacaron que este tipo de controles focalizados busca ordenar el mercado laboral, proteger a trabajadores y empleadores, y evitar que se consoliden espacios de vulneración de derechos o prácticas que favorezcan la informalidad y la trata de personas. Asimismo, recalcaron que las fiscalizaciones continuarán de forma periódica en María Elena y en otras comunas de la provincia, con especial atención a rubros donde históricamente se registran mayores incumplimientos.
Los antecedentes reunidos en terreno, incluyendo actas de fiscalización y registros de identidad, quedarán disponibles para las autoridades competentes con miras a la continuidad de los procedimientos administrativos y, en su caso, las derivaciones judiciales que correspondan. La PDI llamó a los empleadores a revisar sus procesos de contratación y a los trabajadores extranjeros a regularizar su situación, recordando que la plataforma de trámites migratorios y las oficinas de atención permiten orientar y gestionar permisos de residencia y autorizaciones para trabajar conforme a la ley.