- Gobernador de Antofagasta valoró la llegada de autoridades, pero cuestionó la falta de continuidad en las soluciones frente a la violencia escolar.
La grave situación ocurrida recientemente en un establecimiento educacional de Calama sigue generando repercusiones políticas y sociales en la Región de Antofagasta. Esta vez fue el gobernador regional, Ricardo Díaz, quien se refirió al impacto del hecho y a la necesidad de que las autoridades no solo reaccionen ante la contingencia, sino que impulsen medidas concretas, permanentes y coordinadas para enfrentar el aumento de la violencia en las comunidades escolares del norte del país.
En sus declaraciones, la autoridad regional sostuvo que se trata de un episodio que conmociona no solo a Calama, sino a toda la región, y agradeció la presencia en terreno de las ministras que llegaron hasta la zona para escuchar a los actores locales. Sin embargo, junto con valorar ese gesto, también marcó una diferencia clara respecto del modo en que históricamente se ha abordado este tipo de crisis en el norte.
Ricardo Díaz fue directo al plantear que muchas veces, tras hechos de alta conmoción pública, aparecen autoridades, compromisos y anuncios, pero una vez que la noticia desaparece de la agenda, también se diluyen las respuestas. Su diagnóstico apuntó precisamente a esa sensación de abandono que persiste en las regiones extremas, donde los problemas se repiten, pero las soluciones suelen llegar tarde, fragmentadas o simplemente no llegar.
El gobernador sostuvo que, al menos en esta ocasión, las autoridades nacionales habrían comprometido un trabajo conjunto y un retorno en mayo para avanzar en soluciones relacionadas con la instalación de pórticos de seguridad en establecimientos educacionales. En esa misma línea, indicó que tanto el Gobierno Regional como los consejeros regionales han manifestado disposición para aportar financiamiento a estas medidas, así como también a iniciativas de apoyo psicológico dirigidas a profesores y comunidades escolares afectadas.
La señal que busca transmitir el Gobierno Regional es que la respuesta no debe agotarse en la seguridad física del recinto, sino que debe considerar también la reconstrucción emocional de una comunidad golpeada por el dolor, el miedo y el luto. Para Díaz, lo ocurrido obliga a ir más allá del control inmediato y avanzar en una recuperación integral de los espacios educativos, especialmente cuando los afectados son estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
No obstante, uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones estuvo en la referencia a antecedentes previos que, según se ha planteado desde el propio establecimiento, habrían existido antes del hecho más grave. Riñas, amenazas y conflictos anteriores habrían sido advertidos, sin que esas señales terminaran traduciéndose en acciones eficaces de prevención. Esa afirmación instala una pregunta incómoda, pero necesaria: si hubo alertas, ¿por qué no se actuó con la urgencia debida?
El gobernador reconoció que ha existido un aumento en la violencia vinculada a la convivencia escolar y recordó que, desde el Gobierno Regional, incluso se han aprobado proyectos orientados precisamente a disminuir este fenómeno dentro de los establecimientos educacionales. Sin embargo, admitió también que, pese a esos esfuerzos, hoy la región enfrenta una tragedia de gran magnitud, lo que deja en evidencia que las herramientas desplegadas hasta ahora han resultado insuficientes frente a escenarios cada vez más complejos.
Sus palabras dejaron entrever una crítica de fondo a la institucionalidad, no solo por la reacción tardía, sino también por la falta de articulación entre las alertas que emanan desde los territorios, las necesidades de las comunidades escolares y las decisiones que se toman desde el nivel central. En otras palabras, la crisis no solo expone un problema de seguridad, sino también una debilidad estructural en la capacidad del Estado para anticiparse a hechos que muestran señales previas.
Ricardo Díaz planteó que esta situación debe ser enfrentada de manera conjunta, con participación de autoridades regionales, consejeros, parlamentarios y el Ejecutivo, con el fin de asegurar mayores niveles de seguridad en los establecimientos educacionales. Esa disposición al trabajo coordinado aparece hoy como una necesidad urgente en una zona donde la sensación de fragilidad institucional ha ido creciendo al ritmo de los hechos violentos que impactan a la ciudadanía.
El caso de Calama vuelve a abrir un debate profundo sobre el rol del Estado en la protección de las comunidades escolares. La sola instalación de pórticos o dispositivos de control puede ser parte de la discusión, pero no resuelve por sí sola el deterioro del clima escolar, la falta de contención o la débil capacidad de reacción frente a señales de riesgo. La seguridad no puede reducirse a una barrera de ingreso si antes falló la escucha, la intervención oportuna y el acompañamiento profesional.
Lo que ha dicho el gobernador Ricardo Díaz toca un punto que en el norte se conoce demasiado bien: las autoridades suelen llegar cuando el daño ya está hecho. Se escucha a la comunidad, se anuncian mesas de trabajo, se prometen recursos y se habla de coordinación. Pero después, cuando las cámaras se apagan, la realidad vuelve a quedar a cargo de establecimientos que muchas veces enfrentan solos conflictos cada vez más graves.
La violencia escolar no estalla de un día para otro. Generalmente avisa. Se manifiesta en amenazas, riñas, conductas agresivas, deterioro de la convivencia y ausencia de respuestas firmes. Cuando esas alertas no son tomadas en serio, el sistema entero queda expuesto. Y cuando el desenlace es una tragedia, ya no basta con lamentar ni con comprometer futuras visitas.
El norte no necesita gestos momentáneos. Necesita presencia sostenida, decisiones rápidas y políticas que no se redacten solo después de una crisis. Lo ocurrido en Calama no puede transformarse en otra noticia que impacta por unos días y luego se archiva en la memoria institucional. Si esta vez las autoridades realmente quieren estar a la altura, deberán demostrarlo con hechos, financiamiento, seguimiento y resultados. Porque cuando una comunidad educativa queda quebrada por la violencia, lo mínimo exigible es que el Estado no vuelva a ausentarse.