- La audiencia se reanudó este lunes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para debatir las cautelares solicitadas por la Fiscalía de Antofagasta, que invocó peligro para la seguridad de la sociedad. Un quinto imputado ya quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Cerca de las 11:20 horas de este lunes se retomó la tercera jornada de la audiencia de formalización en el denominado caso ProCultura, una de las aristas del “caso convenios”, instancia en la que el tribunal escucha los argumentos de la Fiscalía, querellantes y defensas antes de resolver qué medidas cautelares quedarán vigentes para los imputados.
La investigación es dirigida por la Fiscalía Regional de Antofagasta y se ventila ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En este proceso, el Ministerio Público formalizó a cinco personas por el delito de fraude al fisco consumado, vinculado a presuntas irregularidades en convenios financiados con recursos públicos del Gobierno Regional Metropolitano.
En la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para cuatro de los formalizados, sosteniendo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, además de recalcar —según distintas publicaciones— la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado a recursos públicos. La petición deberá ser zanjada por el tribunal una vez concluida la exposición de todas las partes.
De acuerdo con los antecedentes difundidos durante las jornadas previas, entre quienes arriesgan la medida más gravosa se encuentra el psiquiatra y cofundador de la fundación, Alberto Larraín, además de otras personas ligadas a la entidad y al Gore Metropolitano. La fiscalía ha expuesto que el caso se vincula a un programa adjudicado en 2022 por un monto superior a $1.600 millones, en el marco de esta arista investigativa.
En contraste, respecto de un quinto imputado —Gabriel Prado— el tribunal ya resolvió medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que se adoptó considerando, según se ha informado, un menor grado de responsabilidad en los hechos investigados.
El debate por las cautelares se ha transformado en el eje central de la audiencia, ya que de su resolución dependerá si los cuatro imputados restantes enfrentarán el proceso privados de libertad o con medidas alternativas, mientras avanza el plazo de investigación y se desarrollan nuevas diligencias en una causa que mantiene alta atención pública por su eventual impacto institucional y político.